"Una política fiscal más alineada con los objetivos de descarbonización no gravaría las instalaciones no emisoras como lo son las eólicas y fotovoltaicas contempladas, sino que gravaría a los emisores de gases de efecto invernadero, como los motores de combustión, en el caso del transporte (algo que ya han aprobado otras Comunidades Autónomas), que además tienen otros efectos negativos sobre la calidad del aire (emisiones de SO2, NOx, partículas, ruido, etcétera) y que actualmente reciben, especialmente en el caso del diésel, un trato fiscal favorable". Es una de las alegaciones presentadas hace unas semanas, por una empresa eléctrica, al proyecto de ley en cuestión. ¿Más alegaciones contra el impuesto "medioambiental"? "Consideramos que la misma [la ley propuesta] debe ir enfocada a gravar -apunta la asociación de pequeños productores fotovoltaicos Anpier- las actividades más contaminantes, y principalmente, los productos energéticos de origen fósil, así como la mala gestión de residuos, y establecer deducciones para las actividades que contribuyan a la sostenibilidad ambiental".
Y más: el impuesto ha de cubrir, como hecho imponible -sostienen desde Iberdrola, que también ha alegado-, todos los daños medioambientales de la actividad (y no solo el impacto paisajístico) y, así mismo, todos los daños medioambientales de las actividades sustitutivas. "Si hay actividades sustitutivas, pero solamente se grava el daño visual asociado a una de dichas actividades, pero no a otras, el resultado puede ser un incremento en el daño ambiental". Porque los inversores igual desisten de invertir en eólica y fotovoltaica (que generan energía limpia que desplazará a energías sucias) y acaban por inyectar su capital en otros sectores cuya operación puede acabar suponiendo un incremento de las emisiones. [Bajo estas líneas, la central térmica de Andorra, en la provincia de Teruel, cuyo desmantelamiento se produjo el año pasado. En la imagen, la chimenea, de 343 metros de altitud, cuyo impacto paisajístico es más que obvio].
La multinacional británica SSE Renewables y la francesa Engie también han presentado en tiempo y forma sus alegaciones. Ambas coinciden en que la creación de nuevos impuestos puede ser entendida como una señal negativa por los inversores del sector. "La industria de las energías renovables necesita eliminar barreras, no aumentarlas, para llevar a cabo su inversión en la economía verde en Aragón y en el resto de España. Una de estas barreras -apuntan los británicos- es sin lugar a duda el establecimiento de una imposición fiscal severa". El nuevo impuesto a las renovables que afectará al parque renovable en Aragón -añaden desde Engie- puede romper el equilibrio de mercado "y generar asimetrías entre Comunidades Autónomas".
Y hay una derivada. España se ha fijado unos objetivos 2030 de descarbonización. Ese año el 81% de la demanda eléctrica hay que satisfacerlo con fuentes renovables. "Se debe incentivar una fiscalidad que impulse las energías limpias -dice SSE Renewables-, tal y como promueve el Gobierno de España a través de normativas como la Ley de Transición Energética y Cambio Climático o el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [Pniec] 2030".
Los franceses también son claros: el sector de las energías renovables ya paga diversos impuestos a escala municipal y regional (Impuesto sobre bienes inmuebles, IBI; Impuesto sobre actividades económicas, IAE; Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, ICIO) e impuestos de carácter estatal (Impuesto Sobre Sociedades). "Establecer un nuevo gravamen a la instalación de energía renovable -sostiene Engie- dificultaría el cumplimiento de dichos objetivos" (en alusión a los fijados por el Gobierno en el Pniec 2030).
Entre las alegaciones se ha presentado el informe Impacto ambiental, social y económico de los proyectos de energías renovables eólicos y fotovoltaicos de Aragón. Este estudio, encargado por el Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) y elaborado por la Universidad de Zaragoza y la consultora especializada IberSYD, estima que cada cien megavatios (100 MW) de instalaciones eólicas
• implica una inversión de 115 millones de euros,
• genera 1.011 puestos de trabajo local durante la construcción; y 27, durante la vida útil de la instalación,
• permite recaudar 3,65 millones de euros adicionales en impuestos autonómicos y locales.
Por su parte, cada 100 MW de instalaciones fotovoltaicas
• implica una inversión de 80 millones de euros,
• genera 710 puestos de trabajo local durante la construcción; y 14, durante la vida útil de la instalación,
• permite recaudar 2,6 millones de euros adicionales en impuestos autonómicos y locales.
El proyecto no obstante ha llegado a Cortes y sigue su curso
De hecho, apenas ocho meses han bastado para que el Gobierno PP-Vox haya redactado, abierto a consulta pública, ultimado y llevado a las Cortes su proyecto de ley "por la que se crean los impuestos medioambientales sobre la explotación de parques eólicos y sobre la explotación de parques fotovoltaicos en la Comunidad Autónoma de Aragón", proyecto que ha suscitado gran polémica (rechazo) en el sector de las energías renovables, como se ve. Ahora, la normativa emprende su periplo parlamentario. "Estos impuestos -ha asegurado la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero- concretan la responsabilidad social de las empresas" y van a ser "un instrumento eficaz -ha añadido- para paliar la despoblación".
Vaquero ha defendido el proyecto de Ley de parques eólicos y fotovoltaicos y también la modificación de otro impuesto sobre instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. En su debate a la totalidad ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del Grupo Socialista, que se ha abstenido.
Durante su explicación en el pleno de las Cortes de Aragón, Vaquero ha incidido en que la razón de ser de este impuesto es la “afección medioambiental y visual adversa en el medio natural, su paisaje, la flora y la fauna”.
En relación a las energías eólicas -informa el Gobierno de Aragón-, se tendrá en consideración la potencia instalada y la altura de los molinos, que serán los factores que determinarán el impacto.
Con respecto a los parques fotovoltaicos, se computará la cantidad de hectáreas ocupadas, quedando exentos los proyectos instalados sobre cubiertas y tejados.
Y, en las líneas eléctricas de alta tensión, se fijará el impuesto mediante los kilómetros de tendido.
“Estos tres ejes y la forma de afrontarlos harán que Aragón se integre entre las comunidades autónomas que, desde hace años, regulan esta cuestión desde similares puntos de partida y con objetivos iguales”, ha asegurado Mar Vaquero en su intervención.
Vaquero ha reconocido la existencia de una “división que se ha producido en no pocos territorios” (entre partidarios y detractores del despliegue renovable), pero ha insistido en el "descontento social" y ha asegurado que la mayoría de corporaciones con las que se han mantenido contactos en la fase de redacción de la normativa han apelado a la "responsabilidad social" de las empresas.
Ahora -como se dijo- será el turno de la tramitación parlamentaria.
El popular Jorge Azcón fue investido presidente de Aragón el pasado 10 de agosto gracias a la mayoría absoluta de los votos de los 28 diputados del PP y el apoyo de los siete de Vox (la mayoría en el parlamento aragonés está en los 34 escaños).
Treinta y cuatro días después, el 13 de septiembre de 2023, el Gobierno de Aragón abría la consulta pública previa a la elaboración del "Anteproyecto de Ley por la que se crean los impuestos medioambientales sobre la explotación de parques eólicos y sobre la explotación de parques fotovoltaicos en la Comunidad Autónoma de Aragón y se modifica el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión", abriéndose un plazo de 14 días.
