El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus envió sus conclusiones finales a Greenpeace como comunicante el pasado 12 de octubre de 2018 y, "desde ese momento -explican los ecologistas-, son legalmente válidas y se presentarán para su confirmación en la 7ª sesión de la Reunión de las Partes en 2021". En España, Greenpeace recuerda que ha pedido en varias ocasiones a los ministerios de Medio Ambiente e Industria, ambos agrupados hoy en el Ministerio para la Transición Ecológica, la realización de un estudio de impacto ambiental, bajo los convenios de Espoo y Aarhus, para la ampliación de licencia de la vida operativa de las nucleares (véase carta enviada el 19 de septiembre de 2014 al entonces subdirector general de Energía Nuclear, Javier Arana Landa).
Pues bien, según la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, si el Gobierno de España se plantea ampliar la licencia de explotación de las nucleares, "además de todas las medidas de seguridad e inversiones reglamentarias, deberá exigir estudio de impacto ambiental y la participación pública en el proceso según la reciente decisión del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus" (las conclusiones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus se publicarán en aquí bajo el número de caso ACCC / C / 2014/104 Países Bajos).
Greenpeace contextualiza
La central nuclear de Borssele recibió al inicio una licencia de operación ilimitada. Sin embargo, su primer informe de seguridad se basó en una vida útil de diseño de 40 años. En la década de 1990, el gobierno holandés bajo una moción del Parlamento redujo la vida útil de la central nuclear de Borssele a 2003. Sin embargo, en el proceso de privatización de esta central eléctrica, esta fecha se trasladó a 2013 y luego se prolongó en un pacto con el operador hasta 2033 con la posibilidad de que el operador reciba una compensación en caso de que se decidiera un cierre anterior, con la excepción del cierre debido a argumentos de seguridad.
Una ley de 2011 permitió una operación más prolongada hasta 2033. Los cambios de licencia debidos a las actualizaciones necesarias para una operación más prolongada así como las adaptaciones posteriores a Fukushima se aceptaron en 2013. No se realizó ninguna Evaluación de Impacto Ambiental para ninguna de estas decisiones sobre la argumentación de que la licencia de operación inicial seguía siendo válida, que no se realizaron cambios físicos significativos y que no habría una influencia negativa para el medio ambiente. El procedimiento de participación pública antes del cambio de licencia de 2013 solo trataba problemas de seguridad limitados de los cambios físicos propuestos.
Convenio Espoo
Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991.
Convenio Aarhus
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998. El Convenio de Aarhus, ratificado por España en diciembre de 2004, es un tratado internacional que exige a sus Partes contratantes que garanticen los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente; la participación del público en la toma de decisiones; y el acceso a la justicia en materia medioambiental. Todo ello, con el fin de contribuir a la protección del derecho que tenemos todas las personas -de las generaciones presentes y futuras- a vivir en un medio ambiente que permita garantizar la salud y el bienestar. Porque de eso se ocupa finalmente el Convenio de Aarhus, de la salud y el bienestar.
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