El Convenio de Aarhus, adoptado en el año 1998 y ratificado por España en diciembre de 2004, es un tratado internacional que exige a sus Partes contratantes que garanticen los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente; la participación del público en la toma de decisiones; y el acceso a la justicia en materia medioambiental. Todo ello, con el fin de contribuir a la protección del derecho que tenemos todas las personas -de las generaciones presentes y futuras- a vivir en un medio ambiente que permita garantizar la salud y el bienestar. Porque de eso se ocupa finalmente el Convenio de Aarhus, de la salud y el bienestar.
Pues bien, esta semana se celebra en la ciudad de Budva (Montenegro) la sexta reunión de las Partes del Convenio de Aarhus "sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales" y, así mismo, la tercera convocatoria de su Protocolo sobre Registros de emisiones y transferencias de contaminantes (España es Parte del Convenio y del Protocolo). El caso es que allí, en Montenegro, se celebra la susodicha reunión internacional y hasta allí ha viajado el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente de España, que es una organización acreditada desde 1998 ante la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, dependiente del United Nations Environment Programme.
El instituto IDMA en fin ha viajado hasta allí y desde allí ha contado, por boca de su directora, Ana Barreira, que solicitó hace más de un año y medio “informes base” sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas de las centrales térmicas de carbón tanto a Asturias como a Aragón y que, año y medio después, estas Comunidades aún no han facilitado dicha información a pesar de que tienen un plazo de un mes para hacerlo, que ese es el plazo -un mes- que establece el Convenio de Aarhus. “Aún queda mucho trabajo por hacer en España -ha dicho Barreira- para que se apliquen correcta y completamente los derechos reconocidos en el Convenio de Aarhus".
La historia es esta
En marzo de 2017, el instituto IDMA solicita ante la Administración del Principado de Asturias ser parte en los procedimientos de actualización de los permisos de las centrales térmicas de carbón de esta Comunidad Autónoma. Sin embargo, la Administración asturiana no da respuesta en el plazo establecido por ley, por lo que el Instituto presenta el correspondiente recurso ante el Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias en junio. Y ahí estamos.
Con Aragón ha pasado lo mismo
Desde el Instituto lo cuentan así: "como consecuencia de la denegación del acceso a la información sobre el informe base del estado del suelo y de las aguas subterráneas por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Instituto presentó el correspondiente recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, solicitando al mismo tiempo el acceso a la justicia gratuita de conformidad con lo previsto en el Convenio de Aarhus. Sin embargo, ha sido denegada tanto por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Aragón como por el Tribunal Superior de Justicia".
O sea, que Aragón deniega la información -lo cual va contra el derecho internacional, contra los compromisos internacionales ratificados por el Reino de España- y, encima, viola también el derecho al acceso a la justicia gratuita ante esa arbitrariedad. La directora del Instituto, Ana Barreira, ha denunciado en la Conferencia Internacional de Montenegro estas violaciones del Convenio. El Instituto ha logrado que la Sexta Reunión de las Partes haya apercibido al Reino de España: "estamos muy satisfechas con el llamamiento de la Sexta Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus a España para que adopte urgentemente medidas para asegurar la correcta aplicación de ese artículo con respecto al acceso a la justicia gratuita de las ONGs ambientales”.
Llamamiento de la Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus a España, disponible aquí (ver punto 3).
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