En su exposición de motivos, el Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) señala que la ley autonómica de Aragón por la que se crean nuevos impuestos medioambientales para parques eólicos y fotovoltaicos "tiene un objetivo meramente recaudatorio". Según los autores de la ley, estos nuevos impuestos persiguen compensar posibles externalidades negativas ambientales y sociales y promover la reducción del impacto provocado por la explotación de los parques de renovables.
Sin embargo, esta compensación medioambiental "no se ve reflejada en el articulado de la ley ni en sus disposiciones transitorias", denuncia Clenar, que rechaza haber participado en el consenso de dicha ley, ya que sus aportaciones esenciales (la exención completa a la fotovoltaica, progresividad en la eólica y exención total del autoconsumo, entre otras) fueron desestimadas.
Las entidades agrupadas en el cluster energético aragonés consideran que estos impuestos tendrán un impacto negativo en la competitividad de la economía e industria regional y desincentivarán las inversiones en instalaciones de producción de electricidad e hidrógeno renovable -estas últimas en un estado todavía incipiente de desarrollo y necesitadas por tanto de una regulación adaptada y favorable por parte de las administraciones públicas-.
Un sector estratégico para Aragón
Para el Clenar, el sector de las energías renovables en Aragón es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de la región, ya que "el notable crecimiento en la generación de energía limpia, sostenible e inagotable, respaldado por una prolija normativa y una regulación pionera", ha situado a Aragón como un "referente" en el impulso de las energías renovables a nivel nacional. Además, esta decidida apuesta de la región por las energías renovables la ha situado como "la segunda comunidad en producción eólica a nivel nacional" y "líder en generación fotovoltaica en la mitad norte de la península Ibérica".
Desde el Clenar apuntan también que "la región ha duplicado su producción de energía renovable en un lapso de cinco años, pasando del 54% al 80,3% del total (14.665 GWh) gracias a una inversión significativa en parques eólicos y plantas solares", según sus datos.
Normativa ambiental
Esta tendencia se ve respaldada por una "normativa prolija, exigente y restrictiva, que garantiza la sostenibilidad y el respeto al valioso patrimonio natural aragonés", aseguran los miembros del sector energético regional. De hecho, recuerdan que la importancia de los recursos renovables ha llevado a Aragón a adoptar una regulación "pionera" para facilitar y acelerar los proyectos en este ámbito, que ha atraído "inversiones mil millonarias en parques eólicos y plantas fotovoltaicas en Aragón".
De cara a articular nuevas regulaciones legislativas que afecten al sector de las renovables, el Clúster de la Energía de Aragón considera que el Gobierno de Aragón debería tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Tomar en consideración los beneficios ambientales, sociales y económicos que conllevan las instalaciones de energía renovable, que contribuyen de forma sustancial a mitigar los efectos del cambio climático sin causar perjuicios significativos a otros objetivos medioambientales en su ejecución. Además, existen ya en la actualidad instrumentos de control medioambiental en los procedimientos de autorización de proyectos. Conviene por tanto partir de este planteamiento a la hora de evaluar su conveniencia y diseño, por desplegar un efecto negativo sobre las inversiones renovables y dificultar por tanto las posibilidades de ofrecer precios más competitivos.
2. Comprender que la política fiscal aragonesa no puede suponer una desventaja competitiva con respecto a otras regiones en el sector eólico. La aprobación de esta Ley supone que Aragón es la comunidad que más grava al sector eólico (en algunos casos hasta un 80% por encima de la media española).
3. Reconocer que Aragón se convierte en la primera comunidad en gravar la producción renovable fotovoltaica y, en consecuencia, incluir la producción fotovoltaica en el sistema de recaudación.
4. Ser consciente de que Aragón se ha convertido en la comunidad con la mayor carga fiscal de España en el sector renovable, generando un desincentivo a la inversión en energías limpias en relación con otras Comunidades Autónomas.
5. Apostar por una nueva ley impositiva medioambiental clara y efectiva, en la que viera reflejada la proporcionalidad del gravamen frente del impacto generado y sirviera para adecuar a normativa parques e infraestructuras antiguas.
6. Transmitir al sector una confianza y seguridad jurídica que garantice el desarrollo de nuevas inversiones en generación y posibilite la implantación de nuevos proyectos de generación renovable para todos los sectores industriales aragoneses que redundarán en una mejora competitiva global de la industria aragonesa.
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