El Ejecutivo aragonés quiere convertirse en "un agente activo en la planificación del desarrollo y mejora de las redes de transporte y distribución con objeto de que la capacidad de transporte de energía se corresponda de forma equilibrada con una capacidad de suministro que permita el desarrollo ordenado, evitando además que la capacidad de suministro actúe como límite para potenciales inversores en la región". La política "propia" anunciada por el Gobierno de Lambán también prevé incorporar "la distinción entre el consumo de cercanía, o proximidad, complementario del de la red, y el autoconsumo, basado el primero en el suministro mediante líneas directas, complementario a la red y que no puede impedir el acceso a estas del consumidor, y el autoconsumo, que según la normativa básica puede servirse, también, de líneas directas".
Estas son las medidas que plantea la propuesta impulsada por el Gobierno aragonés
• La creación de un fondo aragonés de solidaridad energética. Aragón quiere incorporar medidas de inversión compensatorias a los territorios que, aun beneficiándose de la construcción y operación de las plantas de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, soportan también las cargas territoriales, paisajísticas y ambientales que estas generan. Dicho fondo aragonés de solidaridad energética se nutriría de los ingresos obtenidos del futuro y ya anunciado tributo ambiental que gravará el impacto paisajístico de estas plantas de generación.
• La revisión de la normativa territorial, urbanística y de inversiones de interés autonómico para fomentar y priorizar proyectos o actuaciones que incorporen, como un elemento más de servicio, instalaciones de producción distribuida asociadas y vinculadas a los proyectos o actuaciones correspondientes.
• El desarrollo del régimen de autoconsumo sin excedentes, individual o colectivo, para aprovechar plantas de generación concebidas como instalaciones próximas de red interior, que no precisan permisos de acceso y conexión y que, conectadas a un consumidor o consumidores, carecerían de capacidad alguna de vertido.
• El desarrollo del régimen del autoconsumo colectivo desde instalaciones próximas a través de red, permitiendo la de autoconsumo con generación suficiente y apta para grandes autoconsumidores.
• El desarrollo del régimen de las comunidades energéticas en Aragón. Es preciso establecer -explican desde el Gobierno- las bases de relación de las comunidades energéticas con otros sujetos del sistema eléctrico y agilizar los procedimientos administrativos y de los gestores de redes para fomentar su creación y desarrollo en Aragón. La flexibilidad de las Directivas y la normativa básica permite diversos modelos regulatorios, desde entidades específicas hasta la asignación de las funciones de una comunidad a otras entidades como pudieran ser las entidades urbanísticas de conservación o, incluso, una modalidad especial de cooperativa energética que podría asumir diferentes roles, como productora, comercializadora, agregadora y como consumidora de energía.
Además -añaden desde el Gobierno de Aragón-, podría resultar muy útil para las comunidades energéticas regular un procedimiento de gestión coordinada en el que participase administración autonómica y municipios interesados, y se invitase a los gestores de red, para simplificar y agilizar la creación y funcionamiento de estas entidades.
• La regulación de las redes cerradas de distribución. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los Estados europeos y de la Unión, donde están reguladas y existen redes cerradas de distribución, en España el Estado no ha desarrollado su régimen jurídico, más allá de una sucinta mención legal y la centralización de la competencia para autorizarlas. La ausencia de norma básica estatal no impide que las Comunidades ejerzan sus competencias.
• La regulación del régimen de autoconsumo de la energía excedentaria de las plantas de producción hibridadas autorizadas por la administración autonómica de Aragón y, en su caso, de otras íntegramente ubicadas en Aragón. Esta regulación tendrá por objeto optimizar la explotación de toda la capacidad instalada en Aragón para compensar plenamente los impactos de índole económica, técnica y ambiental asumidos y tolerados para construirla.
• La elaboración de un informe autonómico preceptivo y no vinculante previo a la resolución de los concursos generales de acceso y de los concursos de transición justa.
Las reformas propuestas al Estado podrán materializarse en una proposición de ley que antes deberán adoptar las Cortes de Aragón y remitir al Congreso de los Diputados para su tramitación.
