El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha echado mano de los clásicos -la transición energética es un asunto de Estado, "y como tal debe ser tratado", ha dicho- y ha insistido en la necesidad de reforzar las infraestructuras de la red de transporte eléctrico "para integrar al máximo los proyectos de energías renovables en el sistema en condiciones de seguridad". La decidida apuesta ahora por el impulso a las infraestructuras contrasta con la congelación de esa línea de trabajo que caracterizó al Gobierno Rajoy 2011-2018, período durante el cual un centenar de municipios de Granada se hartó de reclamar la autopista eléctrica de Caparacena-Baza-La Ribina, por la que están llamados a evacuar electricidad los mil megavatios de potencia eólica y solar proyectados desde hace años (reivindicación aún hoy vigente, pues nunca fue atendida).
Sea como fuere, el nuevo Ejecutivo andaluz (PP-Ciudadanos) apuesta ahora explícitamente -explican desde la Junta- por "apoyar el desarrollo de infraestructuras energéticas que garanticen los suministros con un alto estándar de calidad y aprovechen los recursos autóctonos de Andalucía" y apuesta así mismo por "reactivar sectores como la instalación de equipos de energías renovables y empresas de construcción sostenible, con grandes posibilidades de desarrollo y de mejora gracias a actuaciones en materia de rehabilitación energética de edificios". Bravo también echó mano ayer de otro de los clásicos: la apuesta por "un marco regulatorio estable, a largo plazo, que dé seguridad a los inversores y que contribuya a paliar los efectos del cambio climático y mejorar nuestra competitividad, disminuyendo nuestra excesiva dependencia de los recursos fósiles".
La apelación a la estabilidad ahora, en aras de la certidumbre para los inversores, también resulta llamativa, habida cuenta de que no haya habido período más inestable -desde el punto de vista regulatorio- que el de la Etapa Rajoy (2011-2018), período durante el cual el tsunami regulatorio (largo rosario de reales decretos, órdenes, reglamentos y hasta una Ley del Sector Eléctrico [véase abajo Nota]) ha acabado en los tribunales. Ahora mismo el Estado se enfrenta a demandas por valor de varios miles de millones de euros, interpuestas por empresas del sector, que han denunciado al Reino de España por contravenir con algunas de las nuevas normas acuerdos internacionales. Durante ese período, Bravo era diputado nacional del Partido Popular (en el Congreso fue entre otras cosas vocal en las comisiones de Hacienda, de Presupuestos y de Economía y Empresa).
Los datos de la Junta
El consejero aportó también datos sobre la situación alcanzada en 2017 y el avance registrado en el ejercicio 2018 frente a los objetivos marcados por la estrategia en el Horizonte 2020. Así, frente a la intención de reducir un 25% el consumo tendencial de energía primaria, en 2017 y 2018 se logró aminorarlo un 18%. Respecto a la meta 2020 de aportar el 25% del consumo final bruto de energía con renovables, en 2017 se alcanzó el 17,1% y en 2018 un 17,6%. Frente al objetivo de autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables, en 2017 y 2018 se consiguió el 0,4%. Respecto al 30% de descarbonización del consumo de energía respecto al valor de 2007, la situación refleja 23% en 2017 y 20% en 2018. Y, finalmente, ante el objetivo de mejorar en un 15% la calidad de suministro energético, lo cosechado en 2017 se cifra en un 8% y en un 7,2% en 2018.
Nota
Las normas que modificaron la legislación y que desencadenaron la cascada de denuncias fueron las siguientes: el Real Decreto-ley (RDL) 14/2010 (con Gobierno Zapatero), por una parte, y, por otra, el RDL 1/2012, el RDL 13/2012, el Real Decreto (RD) 413/2014 y la Orden IET 1045/2014 (estos cuatro últimos, aprobados por el Ejecutivo Rajoy).
