Las medidas y los objetivos que determina la Ley -informa el Govern balear- han sido pensados "a medio y largo plazo, y alcanzarlos requiere esfuerzos públicos y privados, así como la implicación de toda la sociedad". Así, y, según el Ejecutivo, "el cambio de modelo que supone la aplicación de esta Ley comporta la asunción de las medidas que contiene desde el ámbito público, empresarial, social y particular para que efectivamente sea posible". La Ley es la culminación de un proceso de participación, "con más de 2.000 voces implicadas (empresas, entidades sociales, asociaciones y particulares) y aportaciones, durante su tramitación, de los diferentes grupos parlamentarios".
El horizonte que marca la Ley es alcanzar unas Illes Balears libres de combustibles fósiles y con el 100% de energías renovables en 2050. Para el 2030 las previsiones son disponer de un 35% de renovables, un 23% de reducción del consumo energético y una disminución del 40% de las emisiones contaminantes.
Las medidas principales de la Ley son las siguientes
1. Energías renovables
Potenciar el uso generalizado de las energías renovables es uno de los principales objetivos y se concreta en determinadas obligaciones, como la de instalar placas solares en los grandes aparcamientos y en las nuevas edificaciones. En el caso de los aparcamientos, están obligados a incorporar placas fotovoltaicas los nuevos de más de 1.000 metros cuadrados (m²) y los existentes de más de 1.500 m². Se tienen que instalar también placas solares en los nuevos edificios de más de 1.000 m² o en aquellos en los que se realice un cambio de uso o reforma integral, con la excepción de si la cubierta es de fibrocemento. Las edificaciones aisladas solo se podrán suministrar con energías renovables.
2. Cierre progresivo de las centrales contaminantes
Empezando con Es Murterar a partir de 2020 (véase el caso con más detalle abajo). La Ley define un plan de ruta claro que afecta a Es Murterar y también a las centrales de Maó, Eivissa y Formentera.
3. Movilidad sostenible
El 35% de las emisiones de CO2 en las Illes Balears proviene del tráfico rodado. Por lo tanto, actuar en la movilidad es clave para mitigar los efectos del cambio climático. Algunas de las principales acciones que prevé la Ley consisten en disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el 100% del parque móvil descarbonizado en 2050.
Estos objetivos implican una serie de pasos, como
• Queda permitida la circulación de coches y motos diésel hasta 2025 (excepto los ya existentes en las Illes Balears, que podrán seguir circulando).
• Queda permitida la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas contaminantes (incluye gasolina) hasta 2035 (excepto los ya existentes en las Illes Balears).
• Es obligatorio incluir de forma progresiva vehículos eléctricos o no contaminantes en las empresas de alquiler de vehículos a partir de 2020 (2% inicial) hasta llegar al 100% en 2035.
Con respecto a las empresas de alquiler, se introducen sistemas de control sobre la flota para garantizar que se va produciendo este cambio. Así, un mes después de la entrada en vigor de la Ley, estas empresas tendrán que informar a la Administración de la lista de los vehículos que tienen matriculados, de los que son de emisiones cero y de si son contaminantes. Un distintivo identificará la flota de alquiler y si los vehículos son de emisiones cero.
La Ley incorpora también la posibilidad de que los municipios en los que haya áreas en que se superen los valores límite de calidad del aire fijados establezcan restricciones de circulación para los vehículos.
Finalmente, también incorpora la necesidad de fijar, de acuerdo con el Estado, medidas para reducir la contaminación de los barcos, como la declaración de zonas ECA (áreas en las que se establecen límites para las emisiones de gases de los barcos), junto con la definición de los criterios mínimos en materia de emisiones y calidad del aire, que tendrán que cumplir las embarcaciones en las proximidades del territorio de las Illes Balears. Igualmente, y también de acuerdo con el Estado, se tendrán que definir planes de sostenibilidad en relación con las emisiones ligadas al transporte aéreo.
4. Eficiencia energética
Con medidas como la que establece que todo el alumbrado público tiene que ser de bajo consumo en 2025 u otras como la obligación de las grandes y medianas empresas de calcular y registrar la huella de carbono en 2020, así como en 2025 presentar y ejecutar planes de reducción con objetivos vinculantes.
Organismos públicos
Finalmente, la Ley crea los organismos públicos que tienen que garantizar y velar para hacer efectiva la transición energética y la coordinación y la aplicación de la estrategia de lucha contra el cambio climático. Entre estos organismos se encuentran el Consejo Balear del Clima, que garantizará la participación permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones; el Comité de Expertos, que graduará y adecuará el cumplimiento de objetivos a la situación real de cada momento, y el Instituto Balear de la Energía (IBE).
Este Instituto tendrá, como finalidades básicas, el fomento y la ejecución de actuaciones en materia de eficiencia, de gestión y de ahorro energéticos, y de energías renovables, así como la elaboración de análisis y estudios relacionados con el cambio climático y la transición energética. Las funciones que está previsto que desarrolle el IBE son las siguientes:
• Promover y gestionar sistemas de producción de energía renovable, de almacenaje o de gestión de energía y sistemas de recarga de los vehículos eléctricos en las Illes Balears.
• Crear o participar en sociedades mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia; gestionar la venta de excedentes energéticos de instalaciones de autoconsumo, y participar en la gestión inteligente de la demanda y en otros servicios del sistema eléctrico, todo ello en el ámbito de los edificios y las instalaciones del sector público.
• Proporcionar apoyo técnico a los gestores energéticos y a las unidades de contratación de las diferentes administraciones públicas, como ayuntamientos y consejos insulares.
• Abrir a la participación ciudadana los proyectos energéticos que promueva la entidad, tanto en el diseño como en la financiación.
Acciones del Gobierno de las Illes Balears paralelas a la Ley
Paralelamente a la aprobación de la Ley, el Gobierno de las Illes Balears ha ido adoptando medidas para preparar a las islas de cara a la transición energética. Se han destinado más de 8,5 millones de euros en ayudas a empresas, particulares y administraciones locales para la instalación de sistemas de autoconsumo (placas fotovoltaicas, mayoritariamente).
Se ha abierto un concurso dotado con 12 millones de euros para instalar una red de puntos de recarga rápidos y semirrápidos para vehículos eléctricos que permitirá llegar a los 1.000 puntos de recarga si se suman a los ya existentes.
Se han destinado también ayudas para la instalación de puntos de recarga dirigidas a los colectivos de la hostelería, talleres mecánicos y rent a car. A día de hoy, la de las Illes Balears es la comunidad autónoma con más puntos de recarga per cápita.
El contrato de suministro eléctrico para el conjunto de las instalaciones de la Comunidad Autónoma exige el uso exclusivo de energía procedente de fuentes renovables.
El Gobierno de las Illes Balears plantea un plan de cierre de las centrales energéticas contaminantes y ha reclamado al Gobierno del Estado desde el inicio de esta legislatura, en el año 2016, subastas específicas de energía para las islas, con el objetivo de potenciar la instalación de parques fotovoltaicos. El Partido Popular gobernó España desde octubre de 2016 hasta junio de 2018 y no convocó ninguna. El Partido Socialista, que lleva siete meses en el poder, ha comprometido 40 millones de euros.
La propia Administración de las Illes Balears está dotando progresivamente de sistemas de autoconsumo sus propios edificios, instalaciones y servicios. Se ha pasado en tres años de 520 kilovatios de potencia instalados a 2.388 kW a finales de 2018.
Dentro de las Illes Balears, se ha desarrollado un plan específico para convertir a la isla de Menorca en territorio pionero de la Unión Europea en energías renovables. La estrategia Menorca 2030 implica a la Unión Europea, Gobierno de España, Gobierno de las Illes Balears, Gobierno insular y ayuntamientos con un plan de acción que fija una isla con el 85 % de energía renovable en 2030, avanzándose a los acuerdos internacionales.
El Caso Murterar
La presidenta del Govern balear, Francina Armengol; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el secretario de Estado de Energia, José Domínguez Abascal; la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, y el conseller de Territori, Energía y Movilidad, Marc Pons, presentaron la semana pasada el acuerdo que permite el cierre escalonado de la central térmica de Es Murterar, en Alcúdia, "una solución -explican desde el Govern- que da respuesta a las necesidades específicas del sistema eléctrico de las Illes, permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes, a la vez que garantiza todos los puestos de trabajo actualmente existentes y permite una transición justa hacia un nuevo modelo energético".
El acuerdo alcanzado después de las conversaciones entre la empresa, el Govern balear y el Ministerio para la Transición Ecológica consiste en el cierre de los grupos 1 y 2 de la Central Térmica de Alcúdia (de 125 megavatios de potencia cada uno) a partir del 1 de enero de 2020, y a partir de esta fecha, los grupos 3 y 4 (de 130 megavatios de potencia cada uno) estarán en funcionamiento un máximo de 1.500 horas anuales hasta agosto de 2021. Desde esta fecha y hasta el 2025 (o hasta la fecha de la llegada del segundo enlace con la península, ya incluido en la Planificación Estatal), los grupos 3 y 4 sólo funcionarán un máximo de 500 horas anuales.
A pesar de la reducción en las horas de generación en la central a partir de enero, la empresa ha garantizado todos los puestos de trabajo directos: en las centrales de gas de Palma, en las promociones de renovables de Endesa en Mallorca o en las tareas de desmantelamiento de los grupos 1 y 2 de Es Murterar. De la misma manera, también se podrá mantener el trabajo indirecto, tanto por el desmantelamiento de los grupos que se cerrarán como por el mantenimiento de los otros dos como reserva.
Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares: "era necesario plantear un cambio. Y este cambio de modelo energético es global y una oportunidad para nuestras islas que no puede dejar a nadie atrás. Esta es una solución que encaja con la Ley de Cambio Climático y que también es garantía de continuidad para los trabajadores”.
Cambio en el sistema de generación eléctrica
Según informa el Govern, "las centrales de gas natural de Son Reus i Cas Tresorer, actualmente prácticamente en desuso, funcionarán a pleno rendimiento a partir de 2020". La presidenta Armengol ha apuntado que el acuerdo alcanzado con la empresa aporta un triple beneficio a la sociedad mallorquina y balear: garantía de suministro energético; mantenimiento de los puestos de trabajo; avance claro a una transición energética justa.
El cierre escalonado de la central térmica de Alcúdia supondrá, según el Govern, importantes beneficios ambientales para el archipiélago balear: "a partir del 1 de enero de 2020, el conjunto de las Illes Balears emitirán un 10% menos CO2; eso supone un 33% menos emisiones del sistema eléctrico de Mallorca". Las emisiones en dióxido de azufre se reducirán un 90%, mientras las de óxidos de nitrógeno disminuirán un 76% y las de partículas finas, un 90%. La presidenta Armengol ha subrayado que “el suministro eléctrico quedará garantizado” y que el acuerdo que se ha alcanzado con Endesa es un “paso necesario para alcanzar el horizonte de unas Illes de energías limpias al 100% en el 2050”.
Marc Pons, conseller de Territori, Energía y Movilidad del Govern de las Islas Baleares: “con este acuerdo hacemos realidad la Ley de Cambio Climático por la vía de los hechos, pero somos conscientes de que nos queda todavía mucho camino; el objetivo final es la descarbonización completa y no sólo el cambio a gas”
El conseller ha recordado también que el Ministerio de Transición Ecológica ha incluido el segundo cable con la península en la Planificación Estatal 2020-2025. Este cable entrará precisamente por Alcúdia. Pons ha insistido en que el cierre total de la central sólo tendrá lugar cuando esté operativo el segundo cable.
Para hacer posible este acuerdo, el Ministerio de Transición Ecológica asume dos compromisos: (1) modificará la orden de despacho, de manera que "las horas de generación en reserva de la central de Alcúdia se utilicen cuando haga falta y no en enero, por el hecho de ser el carbón más barato que el gas natural"; y (2) el Ministerio reconocerá los costes retributivos del hecho de mantener Es Murterar abierto como reserva y dar estabilidad y seguridad al sistema balear. Por su parte, el Govern balear modificará la Autorización Ambiental Integrada con el fin de incluir estas nuevas limitaciones de horas y autorizará el cierre de los grupos 1 y 2 de la central térmica de Alcúdia.
Una ley bienvenida
La aprobación de la Ley del cambio climático y transición energética de les Illes Balears ha sido muy bien recibida por las organizaciones ecologistas. Greenpeace, por ejemplo, ha dicho que "la ley balear debería servir de ejemplo para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno central aún no ha presentado". La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) considera la norma balear una "ley avanzada y puntera", por lo que "felicita al parlamento balear por su tramitación y aprobación". Las organizaciones no gubernamentales Re:Common (de Italia) y la española Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que han estado presentes en la votación parlamentaria de la nueva Ley, han emitido un comunicado conjunto en el que consideran la aprobación de esta nueva norma "como una excelente noticia en la lucha contra el cambio climático y para la salud pública".
