La batería de preguntas planteada por Alianza Verde y Podemos llega tras los repetidos anuncios de la petrolera de "revisar" su política de inversiones en España si el Gobierno mantiene el coloquialmente denominado como "impuesto a las eléctricas". El consejero delegado de Repsol y expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha “cargado” en numerosas ocasiones contra un impuesto (del 1,2%), que apela a la banca y a las grandes compañías energéticas (en realidad grosso modo solo a aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios supere los 1.000 millones de euros, condición que cumple de sobra Repsol, que ha declarado por ejemplo en su último ejercicio, 2023, casi 30.000 millones de euros por ese concepto). Pues bien, a pesar de lo saneado de sus cuentas, Imaz ya advertía, en declaraciones públicas, hace ahora exactamente un año (en octubre del 23), que su compañía, "antes de tomar cualquier decisión de inversión en España", analizaría si las condiciones y el marco regulatorio inversor en nuestro país son "estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos", y aseguraba que, en caso de no ser así, Repsol contaba con "otras alternativas". Pues bien, ahora, y según adelantaba ayer un diario madrileño, la otrora compañía pública (Repsol fue una empresa estatal hasta 1997) ha anunciado su decisión de trasladar a Portugal una inversión de 15 millones de euros en un proyecto de hidrógeno renovable.
Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde: “Josu Jon Imaz no solo es un negacionista sin complejos, sino que es el paradigma de las puertas giratorias en toda su magnitud. Lo más grave del caso del señor Imaz es que su empresa es la más contaminante de España y una de las más contaminantes del mundo. Por eso, lo que dice y lo que hace el señor Imaz y Repsol no es inocuo, sino que tiene un coste, y el Gobierno debe pasar a la ofensiva y exigir, de una vez, responsabilidades”
Desde Alianza Verde recuerdan, en el escrito registrado en el Congreso, que “el importe neto de la cifra de negocio de Repsol (empresa que fue pública hasta 1997) ha rondado los 70.000 millones de euros en 2022 y 2023" y que la petrolera ha cerrado este último curso, 2023, con más de 3.000 millones de euros de "beneficio neto" y ha incrementado las retribuciones a sus accionistas (el dividendo) en un 30%, dato publicado por la propia Repsol el pasado mes de julio.
Además, los firmantes (Alianza Verde y Podemos) señalan, con respecto al impuesto referido, que, “en el caso de las energéticas, afecta a los operadores principales, de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como a las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería”. (Ley 38/22de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito).
La formación ecologista recuerda por otro lado que están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y así mismo aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo.
Pues bien, la base imponible sobre la que se aplica el impuesto del 1,2% es el importe neto de la cifra de negocios anual (la propia Repsol declaró un "importe neto de la cifra de negocios" de más de 50.000 millones de euros en 2019).
Por eso, el partido ecologista quiere, en primer lugar, conocer "la cantidad exacta de subvenciones que dicha empresa ha recibido de fondos públicos del Estado, incluyendo los fondos europeos Next Generation, desde el año 2019" y, en segundo lugar, le pide al Gobierno de coalición que dirige Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) que concrete "las medidas que va a tomar para exigir la devolución de las subvenciones que dicha empresa ha disfrutado por parte del Estado".
Los operadores principales son, según la Cominisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los siguientes
Sector eléctrico
Endesa SA
Iberdrola SA
Naturgy Energy Group SA
EDP Energías de Portugal SA
Repsol SA
Sector del gas natural
Naturgy Energy Group SA
Endesa SA
Repsol SA
Iberdrola SA
Axpo Iberia SL
Sector de carburantes
Repsol SA
Compañía Española de Petróleos SA
BP España SAU
Petronieves SL
Península Petroleum SL
Sector de gases licuados del petróleo
Repsol SA
Compañía Española de Petróleos SA
BP España SAU
Disa Corporación Petrolífera SA
Naturgy Energy Group SA
