La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia publicada ayer en relación a la demanda C-125/20 de la Comisión Europea contra el Reino de España, condena a las autoridades españolas por el incumplimiento sistemático y continuado desde el año 2010 del valor límite anual del dióxido de nitrógeno (NO2) en las zonas Área de Barcelona, Vallès–Baix Llobregat y Madrid. Este valor límite fue establecido por una Directiva europea en 1999 y confirmado por la vigente Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, por lo que las autoridades de Madrid y el área metropolitana de Barcelona han tenido dos décadas de margen para cumplir la normativa ambiental hasta llegar a la condena judicial de hoy.
Sin embargo, los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña no han tomado en todo este tiempo las medidas necesarias para reducir de forma efectiva el intenso tráfico urbano y metropolitano responsable de la mala calidad del aire, en el marco de unos planes que no han llegado a poner en marcha. Todavía en el año 2022 -informa Ecologistas en Acción- el Área de Barcelona va a volver a incumplir el valor límite anual en la estación l'Eixample, mientras la ciudad de Madrid lo igualará en la estación Plaza Elíptica, gracias a la elevada pluviosidad de este último trimestre y a la zona de bajas emisiones declarada en torno a dicha estación para rebajar sus mediciones en este pequeño ámbito.
La situación es especialmente grave si se tiene en cuenta que el valor límite anual del NO2 va a pasar de los actuales 40 microgramos por metro cúbico (µg/m3) a 20 µg/m3 en 2030, de acuerdo a la propuesta de revisión de la Directiva realizada por la Comisión Europea, y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido no exceder los 10 µg/m3. De hecho, según el Instituto de Salud Global la contaminación del aire ocasiona cada año hasta 6.000 muertes prematuras en las ciudades de Barcelona y Madrid, la mitad de ellas atribuidas directamente al NO2 que emiten fundamentalmente los tubos de escape de los automóviles alimentados por combustibles fósiles, y en especial los vehículos diésel.
Zonas de bajas emisiones "insuficientes"
En este contexto, las zonas de bajas emisiones de Barcelona y Madrid se están demostrando como insuficientes para reducir de forma eficaz la contaminación del aire, en el caso de Barcelona por afectar a muy pocos automóviles y en el caso de Madrid por limitarse a dos ámbitos muy reducidos de la ciudad y ser cada vez más permisivas. El objetivo de las zonas de bajas emisiones no debería ser acelerar la renovación del parque de automóviles, sino conseguir una rebaja sustancial de los vehículos en circulación, que permita reducir la contaminación atmosférica y acústica, las emisiones de gases con efecto invernadero, los accidentes de tráfico y la ocupación abusiva del espacio público.
En opinión de Ecologistas en Acción, los ayuntamientos de Barcelona y Madrid deberían reducir de manera drástica y urgente el tráfico motorizado que accede y circula diariamente por ambas ciudades para conseguir una mejora significativa de la calidad del aire que respiran sus seis millones de habitantes, potenciando con la asistencia de la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña el transporte público metropolitano y favoreciendo la movilidad activa peatonal y ciclista, en las distancias urbanas más cortas.
