El comunicado que ha difundido hace unas horas Greenpeace viene a colación de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que llevan semanas embarcados la coalición gubernamental (PSOE-Podemos) y los partidos políticos cuyo voto necesita el Gobierno para que salgan adelante esos Presupuestos en las Cortes Generales. Entre esos partidos se encuentra el PNV, que ha anunciado esta mañana por boca de su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, que ha acordado con el Gobierno suprimir el "impuesto al diésel" que el Ejecutivo proponía en su proyecto de Ley de PGE. Pues bien, horas después de conocido el acuerdo, Greenpeace ha difundido un comunicado en el que denuncia que "el mantenimiento de la subvención al diésel menoscaba la transición ecológica". Según la organización ecologista, el acuerdo Gobierno-PNV "muestra una profunda falta de compromiso para reducir la contaminación por parte del PNV y del Gobierno de España". Lejos de apoyar a la industria -asegura Greenpeace-, la apuesta del PNV por el diésel "condena al tejido industrial vasco a una tecnología obsoleta y cada vez más rechazada en Europa" a la par que "impulsa unas emisiones contaminantes, que son dañinas para la salud e incompatibles con los objetivos de reducción de CO2 fijados en el Acuerdo de París".
Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace: “no es lógico que el diésel siga pagando menos impuestos que la gasolina, cuando sabemos que es mucho más contaminante en sustancias como el NO2 o partículas, cuyos niveles siguen excediendo los límites fijados por la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud para la salud pública. El primer paso para lograr una transición ecológica justa pasa por equiparar la fiscalidad del diésel y destinar esos fondos a facilitar una movilidad sin emisiones para todas las personas”
El PNV ha explicado su postura so pretexto del mantenimiento del empleo: "la aplicación de este impuesto de manera inmediata -ha dicho el portavoz peneuvista, Aitor Esteban- podría suponer la desaparación de miles de puestos de trabajo". Pero Greenpeace considera que esa no es más que una excusa. La supresión del "impuesto al diésel" no solo no va a reforzar la industria vasca del automóvil- explican los ecologistas-, sino que ralentizará la transición hacia el nuevo modelo, que supera el paradigma del motor de combustión y apuesta claramente por la electromovilidad. En ese sentido, Greenpeace advierte de que las compañías de automóvil "solo mantendrán aquellas fábricas que desarrollen tecnologías cero emisiones".
Greenpeace: «Cada vez más países europeos están marcando fechas límite a la venta de vehículos diésel y gasolina; el último ha sido el Reino Unido -tercer país de exportación de vehículos de España- quien esta misma semana ha anunciado que dejará de importar nuevos coches de combustión en 2030»
La oenegé ecologista recuerda igualmente que la industria vasca puede ser líder en sectores como el transporte público y la electrificación (con fábricas como CAF o Irizar) quienes se beneficiarían de las inversiones derivadas de una fiscalidad verde.
Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace: “el PNV adopta una posición hipócrita con su defensa de la subvención al diésel, pues no solo contradice sus objetivos de reducción de emisiones sino que además pone en peligro el tejido industrial vasco. Apoyar la industria y el medio ambiente implica dejar atrás a los combustibles fósiles y no solo firmar declaraciones de emergencia climática”
La fiscalidad verde es socialmente justa
Las críticas de Greenpeace no solo se centran en el PNV, sino que también apuntan al Gobierno de la nación, a quien recuerda que el compromiso con la transición ecológica se debe plasmar en una fiscalidad coherente con el principio de “quien contamina, paga”. En este sentido, Greenpeace insta al Gobierno a que no ceda en la equiparación fiscal del diésel puesto que es una situación injusta e incoherente con la armonización fiscal de la Unión Europea.
Desde Bruselas se ha instado a España en repetidas ocasiones para que equipare la carga fiscal del diésel y la gasolina, corrigiendo una situación anómala y que lejos de perjudicar a las clases más desfavorecidas, supondría un acercamiento hacia una fiscalidad verde que permita más inversión en soluciones sostenibles y socialmente justas.
