Lástima que la agostidad haya desvanecido el hecho más determinante para la vida de miles de millones de personas. Hablar de adaptar el sistema de producción y consumo no es noticiable porque asusta y aquí y ahora no se quiere percibir la amenaza. Por el contrario, hemos vivido en directo los primeros viajes espaciales de los dueños de Virgin y Amazon. Es paradójico que la salida al espacio de un par de multimillonarios impacte más que el cambio climático antropogénico anunciado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
La amenaza de una recuperación desarrollista
Mientras el Ártico va a estallar por la geopolítica ante el deshielo, las altas temperaturas y el permafrost, Angela Merkel ha conseguido la aprobación del presidente de EEUU, Joe Biden, del gasoducto Nord Stream II para duplicar la dependencia europea del gas ruso. Aquí, en España, el gobierno ha aprobado la compra del 22,69% de Naturgy por el fondo australiano IFM, condicionada a que mantenga su “españolidad”, que ya había perdido cuando más del 50% de la propiedad de la gasista española pasó a manos de accionistas extranjeros, como ocurre con todo nuestro sistema energético. También se han autorizado los informes ambientales para dos nuevas regasificadoras y otra central para animar el consumo de gas contaminante, caro y con riesgo de suministro.
La recuperación es una realidad en el empleo, el crecimiento y los ingresos de las empresas. Mientras la política se viste de verde, en el fondo permanece la mentalidad desarrollista e incompetente que, sin análisis de demanda y en una competición electoralista, desempolva proyectos irracionales de aeropuertos, autovías, alta velocidad o desarrollos inmobiliarios con el mayor desprecio a los recursos naturales y ambientales. Lo mismo sucede con la cascada de megaproyectos y operaciones corporativas de las energéticas cotizadas.
La electricidad será cara mientras se gestione como un cártel
La subida de los precios de la electricidad ha dejado en el olvido las advertencias del IPCC y de la ONU sobre el cambio climático. La opaca metodología de conformación de precios del mercado mayorista encubre un hecho inamovible: la falta de competencia de un mercado cerrado al monopolio de tres eléctricas que han prometido los dividendos más rentables de Europa a sus accionistas extranjeros y que impide que los beneficios del aumento de la generación renovable, más barata que la convencional, se trasladen a los consumidores porque el precio de la energía se referencia a la más cara que es el gas. En cuanto la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera ha propuesto tocar sus ingresos y reformar el mercado mayorista, la respuesta ha sido dos tazas más al precio del pool a través del control que ejercen sobre las centrales eléctricas convencionales.
La electricidad será cara mientras se gestione como un cártel. El beneficio del accionista estará siempre por encima del interés general y del medioambiente. Este mecanismo arrastra al sistema financiero. Como recientemente reconocía Monika Piazzesi, profesora de economía de la Universidad de Stanford, en un artículo de Francisco de Zárate, “las empresas que más CO2 emiten son también las que más ayuda financiera reciben por las gigantescas inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo (BCE)”. “Las empresas del sector energético y de ciertos sectores manufactureros tienen mayor emisión relativa de CO2 y también mayor emisión relativa de obligaciones negociables”. “El resultado es que en las inversiones del BCE las empresas que más emiten están sobrerrepresentadas frente a las empresas de energías limpias”.
Cambiar este escenario estrambótico es lo que propone el paquete “Fit for 55” presentado este verano por la Comisión Europea. Si las últimas directivas energéticas de 2018 y 2019 habían señalado el camino de la descarbonización y la electrificación a través de la generación distribuida y la participación de los consumidores en los mercados energéticos, la decisión de elevar el objetivo de reducción de emisiones al 55% en 2030 exige poner un precio al CO2 para la adaptación al clima. Todos los parlamentos democráticos que aprobaron la emergencia climática deberían haber aprobado ya un impuesto al CO2, por coherencia ante lo poco que se ha hecho para limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC. Pero la coherencia que importa en el actual modelo eléctrico es la de la rentabilidad.
Las barreras al autoconsumo, al autoconsumo colectivo, a las comunidades energéticas, a la recarga del vehículo eléctrico en casa, a los sistemas urbanos eficientes, al acceso a los contadores inteligentes, a los agregadores, las dificultades para contar con estudios rigurosos de demanda o de afecciones medioambientales tienen una sola explicación: la influencia de los monopolios para imponer a los gobiernos la regulación que más les interesa para no perder cuota de mercado, incrementar el consumo y la facturación. El informe favorable del Consejo de Estado al Anteproyecto de ley sobre la retribución del dividendo del CO2 no emitido demuestra implícitamente que el sistema eléctrico vive en permanente fraude de ley.
Es el momento de desconectarse de las grandes eléctricas
Se da la oportunidad histórica de que ahora tenemos las soluciones tecnológicas disponibles para reducir las emisiones abriendo la competencia a millones de consumidores a través de la generación, almacenamiento, agregación, consumo y venta de su energía renovable en los centros de consumo. Los recursos energéticos distribuidos y la gestión inteligente de la demanda lo hacen económicamente viable.
La flexibilidad del sistema energético no es posible en un modelo centralizado sino en un modelo de generación distribuida, o de proximidad, en el que cada centro de consumo sea, a la vez, un centro de generación. Que producir electricidad con renovables cueste la mitad que hacerlo con combustibles fósiles, que el autoconsumo permita ahorros superiores al 50% en la factura eléctrica o que la flexibilidad energética ahorre miles de millones al sistema eléctrico cada año son realidades que alumbran la esperanza de que se puede adaptar el actual sistema de producción y consumo respetando la naturaleza y los recursos del planeta.
Se trata de cambiar el funcionamiento de la economía hacia el ahorro y la eficiencia con indicadores distintos al PIB. Si la tecnología está disponible solo hay que facilitar al consumidor la libertad de elegir. Los mismos que explotan a los consumidores controlando la producción de la electricidad para retribuir a los fondos de inversión, no pueden explotar la recuperación económica con el mismo modelo energético especulativo que el cambio climático ha revelado que solo funciona como un modelo de extracción de rentas.
Abaratar la energía solo será posible en un modelo energético inclusivo en el que el poder de mercado no lo determinen las grandes centrales de generación centralizada sino millones de consumidores a través del autoconsumo, los recursos energéticos distribuidos y las comunidades ciudadanas de energía.
