Resumir las reformas legislativas europeas como más impuestos, electricidad más cara y subidas de precios, sin hacer ninguna referencia a los costes inmediatos del cambio climático, no es objetivo ni permite analizar las oportunidades que contiene el nuevo paquete legislativo. Si el anterior “Paquete de Invierno” de 2016 no se debatió en España, no se debe cometer el mismo error ahora que contamos con un presupuesto comunitario que ha asignado 140.000 millones de euros al país. El mismo error se cometería si se pretende descalificar la iniciativa de la Comisión desde una perspectiva negacionista del cambio climático.
Poner un precio al CO2, o fecha al fin del motor de combustión, es una medida que se ha reclamado muchas veces, pero solo ahora se pretende aplicar de verdad. Como recientemente señalaba el Tribunal de Cuentas de la UE, el principio de quien contamina paga no se aplica y casi nunca se responsabiliza a los contaminadores, por lo que son los contribuyentes los únicos que pagan el daño ambiental. Las reacciones a los proyectos de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del sistema eléctrico o para eliminar la retribución sobre el CO2 no emitido, ambos propuestos por la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera, dejan claro que en el sector energético una cosa es predicar la sostenibilidad y otra dar trigo cuando se tocan sus ingresos y beneficios.
La protección de los derechos de los consumidores
Las directivas europeas han tenido como una de sus prioridades la protección de los consumidores frente a las grandes corporaciones que prestan servicios esenciales, como bancos y eléctricas. Es una de las razones de que su trasposición siempre sea parcial, fuera de plazo y dispersa. Una lectura detenida de las directivas del “Paquete de Invierno” desvela cómo la participación de los consumidores en los mercados energéticos es su propuesta para bajar los precios de la energía y abrir la competencia. Como la Directiva (UE) 2019/1, sobre la competencia, para combatir los “cárteles secretos”, que aún está sin trasponer. Para hablar de impuestos y precios hay que hablar también del cumplimiento de las leyes europeas.
No hay duda de que el paquete legislativo “Fit for 55” mantiene la preocupación por la defensa de los consumidores. La cuestión es que, si aún no hemos incorporado a nuestro ordenamiento jurídico las directivas del “Paquete de Invierno” y de la competencia de 2018 y 2019, va a ser difícil entender o interpretar lo que pretenden las nuevas directivas que ahora se proponen. No se pueden extender las señales de precio a sectores fuera del sistema de comercio de derechos de emisión (ETS) para combatir el cambio climático manteniendo las subvenciones a la industria por costes del CO2 o regalando derechos de emisión a las empresas contaminadoras. Aplicar tipos impositivos al transporte, los edificios, la agricultura o la gestión de residuos exige otros incentivos para dar a los consumidores un poder de mercado del que hoy carecen por falta de competencia en los mercados.
Transformar los mercados energéticos especulativos
La revisión al alza de los objetivos de renovables y eficiencia energética coincide con las previsiones del PNIEC 2021-2030. Pero confirman su incoherencia, ya que mientras el conjunto de la UE con esos objetivos alcanzaría una reducción del 55% de las emisiones, España se queda en el 23%. Sería deseable que del debate surjan propuestas para elevar aún más estos objetivos, elevar la tasa de rehabilitación de edificios y los objetivos de emisiones de los vehículos con carácter vinculante para los estados miembros. Se trata de dar media vuelta a los usos de la energía y transformar los mercados energéticos de la mano de los consumidores y no de las compañías energéticas.
En España existe una opinión mayoritaria favorable a la protección del medio ambiente, pero no hay conciencia de la urgencia de actuar ni del impacto de muchas decisiones políticas y económicas contemporizadoras con el daño a los ecosistemas. Los mercados energéticos son el centro de una economía especulativa que se ha reforzado con la entrada de las energías renovables a gran escala. Las directivas del “Paquete de Invierno” convirtieron al consumidor cautivo en consumidor activo y el “Fit for 55” intentará transformarlo en el consumidor cero emisiones.
Los riesgos políticos son europeos y nacionales
El riesgo político de la propuesta de la Comisión Europea es que se utilice para abrir una crisis reputacional de la lucha contra el cambio climático. El euroescepticismo es climático y económico. El negacionismo climático suele ir acompañado de la “economía vudú”, aquella que defiende la bajada de impuestos como el remedio a todos los males; pero que trajo la gran recesión de 2008, la mayor concentración de CO2 de la historia y la mayor desigualdad en 2020. Los halcones están acechando en Europa y en España.
Consciente de estos riesgos, la Comisión Europea ha hecho lo que hace siempre que se enfrenta a un problema: ha propuesto un fondo social dirigido a los países con mayores dificultades y a los sectores de población más vulnerables. En aras del consenso que requerirá la aprobación del paquete legislativo es una buena solución; sin embargo, puede ser la excusa para que los contaminadores trasladen a los precios lo que estarían obligados a pagar por contaminar o defender la neutralidad tecnológica para seguir contaminando. Es la incoherencia que ha denunciado el Tribunal de Cuentas de la UE.
La modificación del mercado de emisiones es la apuesta más valiente y coherente que ha hecho la presidenta de la Comisión, Úrusula von der Leyen, para situar a Europa en el liderazgo mundial de la lucha contra el cambio climático y la transformación de la economía global contra la pandemia climática. La retirada de derechos de emisión y su asignación gratuita se completa con la propuesta de un impuesto al carbono en frontera para las importaciones. Es una apuesta arriesgada que encontrará enemigos exteriores, en las relaciones comerciales con otros países, e interiores, en la reacción de muchas empresas europeas.
Cómo defender la lucha contra el cambio climático
En el contexto europeo y nacional conviene prepararse para defender la reputación de las energías renovables y de los objetivos climáticos con los propios mecanismos legales que nos proporciona la Unión Europea para el desarrollo de la energía de proximidad.
En primer lugar, es imprescindible la trasposición completa de las directivas de Eficiencia Energética de los Edificios y de Energías Renovables de 2018 que contienen los nuevos derechos de ciudadanía de los consumidores para convertirse en consumidores activos que generan, almacenan, consumen y venden su propia energía renovable y gestionan la demanda energética de sus edificios y viviendas a través del autoconsumo, las comunidades de energías renovables, calefacción y refrigeración con renovables, la recarga del vehículo eléctrico y las aplicaciones inteligentes con funciones de eficiencia energética.
En segundo lugar, la trasposición completa de la directiva del Mercado Interior de la Electricidad de 2019 que establece el cliente activo como nuevo poder de mercado a través de la agregación y el agregador independiente de la demanda, el acceso e interacción con el contador inteligente, las comunidades ciudadanas de energía con gestión autónoma de sus redes de distribución y la participación en los mercados energéticos.
En tercer lugar, aplicar las condiciones de protección al medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la ordenación del territorio, la salud y la eficiencia energética antes de la autorización de nuevas instalaciones energéticas.
En cuarto lugar, trasponer la directiva contra los cárteles de 2019 y proteger a los consumidores, con la misma eficacia con la que se ha protegido a las industrias y empresas sujetas al Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), para impedir que los costes del daño ambiental se trasladen a los contribuyentes y consumidores y se responsabilice a las empresas cuando sus emisiones causen un perjuicio medioambiental.
En quinto lugar, apoyar con más medios las políticas de las ciudades contra el cambio climático porque son las organizaciones mejor preparadas para la toma de decisiones ante una próxima pandemia climática. Porque son el escenario idóneo para el desarrollo de la generación distribuida, el vehículo eléctrico, edificios de consumo nulo y las comunidades energéticas que hacen del consumidor activo el centro del sistema energético y porque la Unión Europea ha reconocido el liderazgo climático de los ayuntamientos.
En sexto lugar, una gobernanza que anteponga la neutralidad climática a la neutralidad tecnológica y no permita que se consideren sostenibles actividades contaminantes facilitadoras o que contribuyan a algún objetivo de sostenibilidad. La ambigüedad del reglamento europeo sobre inversiones sostenibles permite que actividades insostenibles puedan etiquetarse como verdes, cuando la realidad es que no todas las tecnologías sirven para luchar contra el cambio climático, ni deben tratarse en igualdad de condiciones.
Frente a los riesgos de las propuestas del paquete “Fit for 55” hay que actuar conociéndolo y debatiéndolo en positivo porque se trata de una apuesta por el liderazgo de Europa. Que sea un proyecto de éxito o un proyecto fallido va a depender de que la conciencia de los consumidores sobre la urgencia de actuar contra el cambio climático sea más fuerte que la de las compañías energéticas.
