El portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos, y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, denunció el pasado 12 de agosto, a través de una pregunta parlamentaria, que "este vaciado se ha producido en momentos de precios máximos de la energía en el mercado mayorista, con lo que las empresas maximizan el beneficio”. En el caso de la presa de Ricobayo, Uralde, que es así mismo presidente de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso, ya había interpelado al Gobierno en 2019, ya que, según denunciaba entonces, “en 2010, la presa de Ricobayo debía volver al Estado, que podría explotarla directamente, sacarla a concurso y aumentar enormemente el canon que ingresa o incluso plantearse la demolición por motivos ambientales. Sin embargo, en 1990, antes de que llegara esa fecha, Iberduero presentó un proyecto de ampliación. El documento no se publicó en ningún boletín oficial. No existe un registro público donde consultar la caducidad de las concesiones hidroeléctricas”.
En este sentido, López de Uralde se ha vuelto a dirigir al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, al que recuerda que “afirmó, en 2019, que preparaba un registro público que estaría listo en dos años. Pues bien, a fecha de hoy -señala Uralde-, no existe constancia de que ese registro se haya puesto en marcha”.
Por eso, el diputado y coordinador de Alianza Verde ha reclamado que el Ministerio ponga en marcha este año, tal y como se corresponde con lo que anunció en 2019, “un registro público y accesible de las concesiones hidroeléctricas existentes, así como la fecha en la que vence y los ingresos que obtienen las compañías por su explotación”.
En ese marco, Uralde ha vuelto a instar al Gobierno a “recuperar esas concesiones, a medida que caduquen los permisos de las compañías eléctricas, para garantizar que no se especula con un bien básico como es la energía”, ya que, según ha declarado el diputado, “del gobierno se esperan soluciones prácticas y concretas, y no apelaciones a la empatía del oligopolio”.
El parlamentario de Unidas Podemos ha denunciado que “solo conocemos datos estimados de concesiones que son del Estado, y por tanto públicas”. En ese sentido, López de Uralde ha hecho referencia a estimaciones del Observatorio de Sostenibilidad, según el cual, alrededor del 7% de las concesiones, en términos de volumen embalsado, ya ha expirado.
Sin embargo, a muchas de las centrales -apuntan desde Alianza Verde- se les habría extendido la concesión de forma automática. “La opacidad opera en favor del oligopolio, por eso es urgente que este registro sea público, pero también fácilmente accesible. Como urgente es recuperar de manera automática para el Estado las concesiones que caduquen”.
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