La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha difundido hoy un comunicado, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que reclama un recuerdo para esas 60.000 familias. Esta es la historia: el Gobierno aprobó una serie de normas, que fue publicando en el Boletín Oficial del Estado, que establecían que quienes produjesen energías limpias (electricidad de origen renovable) tendrían derecho a vender sus kilovatios verdes a un precio determinado durante un período determinado (20, 25 años). El Gobierno consideró que esa era una buena manera -la certidumbre en el precio a largo plazo- de animar a la ciudadanía a invertir en energías renovables. En realidad, el objetivo último del Ejecutivo -el objetivo último perseguido con la aprobación de esas normas, que incentivaban la inversión- era incrementar la cuota renovable (el porcentaje de electricidad limpia, no emisora de CO2) en el mix eléctrico nacional.
¿Y por qué quería el Gobierno incrementar esa cuota?
Pues para cumplir con sus compromisos climáticos: los que había adquirido el Reino de España con la firma, en 1997, por parte del Gobierno Aznar, del Protocolo de Kioto, protocolo internacional que fue ratificado por el mismo Gobierno Aznar allá por el año 2002. En fin, que el Estado animaba la inversión privada en energías renovables, cumplía con sus objetivos internacionales (sustituía electricidad sucia -carbón, gas- por electricidad limpia, no emisora de gases de efecto invernadero, o sea, que reducía sus emisiones de CO2) y así evitaba el tener que hacer con dinero público esas inversiones.
Pero, ¿qué ocurrió? Pues que, transcurridos apenas tres años de la aprobación de esas normas, primero el Gobierno Zapatero (con el Real Decreto 14/2010) y luego el Ejecutivo Rajoy, con todo un rosario de decretos y órdenes (abajo los recogemos), efectuaron toda una serie de recortes a la retribución del kilovatio hora de origen renovable, recortes que fueron denunciados en los tribunales internacionales como "retroactivos".
Fueron denunciados en tribunales internacionales por los inversores y grandes fondos de capital extranjeros que habían puesto en marcha instalaciones renovables en España, y fueron denunciados en tribunales españoles por los pequeños inversores nacionales, esas 60.000 familias que nos han traído hasta aquí (los ciudadanos españoles no tienen derecho a acudir a los tribunales internacionales para denunciar a su propio estado).
Grosso modo, en fin, lo que sucedió fue que, si hasta un momento dado, la retribución del kilovatio hora fotovoltaico, termosolar o eólico era equis, a partir de la entrada en vigor de las nuevas normas esa retribución quedó reducida en un 20, un 30, un 50%, según los casos (y ello sucedió solo cuatro o cinco años, depende del caso, después de que se aprobaran las normas que establecían un precio a respetar durante 20 ó 25 años).
La consecuencia de esa modificación fue que las familias que habían solicitado créditos para poner en marcha sus huertas solares (y que se habían comprometido a pagar una letra equis en función de lo que iban a obtener por la venta de sus kilovatios hora durante 20 ó 25 años) se vieron así gravemente afectados en el año cuarto ó quinto de sus pagos: comenzaron a ingresar a partir de entonces mucho menos de lo previsto y tuvieron que refinanciar su deuda hipotecándose o solicitando más créditos.
Los más perjudicados se vieron, se han visto, abocados a vender (sobre el particular, léase Los fondos buitre acechan las huertas solares).
Conviene no olvidar
Pues bien, Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, que ha elegido como leit motiv de esta edición la Contaminación del Aire. Y, por ese motivo, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha difundido hoy un comunicado en el que recuerda que (1) "sin el desarrollo de la tecnología fotovoltaica no sería posible combatir los efectos del cambio climático" y que (2) "nunca se podrá hablar de transición energética justa si no se reconoce la labor realizada por las 60.000 familias fotovoltaicas españolas que atendieron el llamamiento del Estado para madurar esta fuente de generación limpia e inagotable".
La generación fotovoltaica -explican desde Anpier- se ha convertido "en la gran respuesta de la humanidad al reto más importante que ha tenido que afrontar desde que los primeros homo sapiens poblaran el planeta: evitar que nuestra gran casa común, la Tierra, deje de ser habitable para la mayoría de las especies que la pueblan, por causa de las actividades energéticas que el ser humano ha desarrollado durante sus doscientos últimos años de historia".
Pues bien, frente a ese daño, continuado durante dos siglos, en menos de una década -insisten desde Anpier-, la generación fotovoltaica ha sido capaz de reducir el coste de producir electricidad con el Sol en un 85%, "un verdadero milagro que nunca hubiera sido posible sin el esfuerzo inversor que se realizó a inicios de esta centuria en los países desarrollados y, muy singularmente, en España, que se convirtió en el gran referente de este vital desarrollo tecnológico".
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier: “no habrá transición justa si no se reconoce la labor y el esfuerzo de las 60.000 familias españolas que destinaron todos sus ahorros e hipotecaron sus bienes para el desarrollo y la generación de energía solar fotovoltaica, atendiendo un llamamiento del Estado, que les presentó esta misión como segura, rentable y ética. Un sector que ha soportado de manera estoica un carrusel inacabable de recortes retroactivos que han mermado sus ingresos hasta en un 50% de la tarifa que el Estado ofreció y motivó estos desarrollos. Como tampoco podremos hablar de transición justa, si la propiedad de las instalaciones queda en manos de un reducido grupo de empresas y no se socializa”
Nota
Las normas que modificaron la legislación y que desencadenaron la cascada de denuncias fueron las siguientes: el Real Decreto-ley (RDL) 14/2010 (con Gobierno Zapatero), por una parte, y, por otra, el RDL 1/2012, el RDL 13/2012, el Real Decreto (RD) 413/2014 y la Orden IET 1045/2014 (estos cuatro últimos, aprobados por el Ejecutivo Rajoy).
