Lo dijo ayer el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Miguel Ángel Martínez-Aroca, durante la presentación del primer «Anuario Fotovoltaico» que publica esta asociación, todo un balance de lo que ha sido el año 2018 para el sector solar FV, tanto a escala global, como a escala nacional. Martínez-Aroca considera positiva la reactivación del sector doméstico, tras las subastas que convocó el anterior Ejecutivo y se saldaron con la adjudicación de 3.900 megavatios de nueva potencia fotovoltaica: "es algo objetivamente positivo, tras un montón de años de congelación, porque hacer algo es mejor que no hacer nada". Pero Martínez-Aroca critica con dureza las normas que ideó el anterior Ejecutivo y que han regido esas subastas, unas normas que han propiciado que el 93% de la potencia subastada (más de 3.600 megavatios) haya ido a parar a solo 12 súperempresas: Gas Natural Fenosa (ahora conocida como Naturgy); Cobra, del Grupo ACS, que preside Florentino Perez; o Enel, la multinacional italiana.
Y Anpier ni quiere fondos buitre, ni quiere oligopolios. La Asociación apuesta por la socialización
Así, el acto de ayer sirvió para presentar el «Anuario Fotovoltaico», pero también para recordar los dos frentes que tiene ahora mismo abiertos la Asociación: (1) la lucha contra los recortes retroactivos que sufrieron sus asociados a partir del año 2010 (el Gobierno primero les prometió pagar el kilovatio hora a un precio determinado durante un tiempo determinado y luego recortó ese precio, en algunos casos, hasta en un 50%) y (2) las subastas futuras de potencia solar fotovoltaica, que ya ha anunciado el nuevo Gobierno, socialista. Anpier quiere nuevas normas para esas subastas, normas que eviten la concentración de más potencia en menos manos. Así, pide una reserva del 20% para pequeños productores, para que no continúe concentrándose la propiedad en unas pocas grandes empresas. "Lo que queremos es generación a más pequeña escala, con inversión de personas individuales, de grupos o de pequeñas y medianas empresas que generan y reparten los beneficios a nivel local", ha dicho el director de la Asociación, Rafael Barrera.
La idea que anima ambas luchas es la misma: evitar que la riqueza (en este caso, la electricidad de origen solar) vuele allende las fronteras
Barrera ha puesto el ejemplo de las minas de antaño, explotaciones conducidas por compañías multinacionales que apuraban hasta el último filón y que, una vez agotado, dejaban en la tierra solo las migajas -pan para hoy y hambre para mañana- y el agujero. La fotovoltaica no dejará agujeros, pero lo que está claro es que la riqueza que genere puede acabar en las tripas de un fondo buitre o en las cuentas de una gran multinacional. Y ese no es el horizonte que persigue Anpier. La asociación, que cuenta con más de 5.000 miembros, quiere que la riqueza que pueda producir la generación distribuida quede en la tierra. Barrera ha insistido en que la solar fotovoltaica puede darle vida a territorios en los que ahora mismo la despoblación es el problema. El director de Anpier ha mencionado también las comarcas carboneras, "para las que esta [la FV] podría ser una salida, o parte de la solución".
Además, sin primas
Sobre las primas ha hablado el presidente de la asociación, que ya ha enviado una carta a la ministra de Transición Ecológica para solicitar un encuentro con ella: "no queremos primas, lo único que queremos, y que le vamos a pedir, es un marco estable, ágil, con poca carga burocrática". Y eso solo puede hacerlo el Ministerio, apunta: "no hay comunidad autónoma que haya despejado la tramitación; lo que nos dicen es que no tienen competencias, que es el Ministerio el que debe despejar esa burocracia", una burocracia, alambicada, que ralentiza cualquier proyecto hasta límites incomprensibles, según Anpier.
Otro problema es la falta de confianza en el legislador. El daño que las medidas retroactivas han causado en el sector (las repasamos debajo) es formidable: "la banca mira a la fotovoltaica como un sector de altísimo riesgo", ha dicho Martínez-Aroca. Y eso se traduce en que, cuando un banco al final decide financiar un proyecto FV, lo hace a tipos de interés "elevadísimos", lo cual lo dificulta todo. La nueva directiva europea de Energías Renovables, atenta a ese problema, incluye medidas de reforzamiento de la seguridad jurídica, pero queda por ver cuándo llegará ese clima -el de la seguridad regulatoria- a los despachos de los bancos.
Estos, de momento, son, junto a los fondos buitre y las grandes multinacionales del sector energético, los grandes beneficiarios del nuevo marco normativo -o desastre regulatorio, según el sector- en el que ha vivido este país desde 2010. Y son los grandes beneficiarios porque, acogidos a la cláusula del riesgo -del peligro derivado de los cambios normativos- han elevado sus primas cuanto han estimado oportuno. Así, la refinanciación de las instalaciones que vieron recortados sus ingresos ha sido más onerosa (para cuantos invirtieron en aquellas huertas solares de 2007, 2008, 2009 y 2010) y la financiación de los nuevos proyectos también está siendo más complicada.
Los errores de esa regulación, además, los está pagando ya el Estado español, recuerda Martínez-Aroca
El presidente de Anpier cita los varios litigios que ha perdido el Reino de España en los tribunales internacionales: ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones del Banco Mundial o ante la Cámara de Comercio de Estocolmo. "Causa dolor y sonrojo -ha dicho Martínez-Aroca- que empresas internacionales afectadas por los recortes hayan apelado a cortes internacionales de justicia, que les han dado la razón con sentencias que condenan a España a indemnizar a esas empresas, y que sin embargo el Tribunal Supremo aquí esté fallando al revés, y negándole a los nacionales esas indemnizaciones: mismos hechos, sentencias antagónicas. Una vergüenza".
A pesar de todo, el presidente de Anpier transmite un mensaje de optimismo, habida cuenta de la nueva situación (nuevo gobierno)
"Mejora seguro que vamos a tener. Seguro", ha dicho convencido. Para acelerarla, para acelerar esa transición a un escenario más propicio, Anpier ha publicado este «Anuario», primero de lo que quiere sea una serie. "Lo que pretendemos con el «Anuario Fotovoltaico 2018» es presentar la perspectiva del pequeño productor fotovoltaico, y queremos también explicarle qué caminos hay para abordar futuras inversiones, cuáles pueden ser los riesgos, las precauciones, los períodos de amortización, qué caminos se están abriendo y transitando en otros países; y queremos además acercar esta información a todo el mundo, porque nos estamos encontrando con un enorme desconocimiento del sector energético a altísimos niveles".
Además, el presidente de Anpier ha citado un ejemplo de tiempo presente
Una cooperativa de 100 inversores que han logrado, pese a todas las dificultades, entrar en la última subasta. La financiación de su instalación -tres megavatios- ha sido complicada, pero ha sido: con fondos propios (de los 100 pequeños inversores) y un crédito que ha ascendido al 50% del total, un crédito a un tipo "elevadísimo" -se ha quejado-, pero con el que han logrado lo que parecía imposible. ¿Ha sido difícil convencer a esos 100, con la que ha caído? Es cuestión de dignidad, ha venido a contestar Aroca, de apostar porque el futuro del sector debe pasar por la socialización de la generación de energías limpias. "Ese es el objetivo, por eso hemos decidido negarnos a recibir a fondos de inversión".
Breve historia de los recortes
Todo empieza así: el legislador crea un marco legal -vía Boletín Oficial del Estado (BOE)- en el que establece unas condiciones determinadas: el kilovatio hora generado en una instalación solar fotovoltaica -dice ese marco-, y en tanto en cuanto es un kilovatio limpio (no emisor de CO2), merece una retribución muy concreta (que especifica el BOE) durante un período muy concreto (que asimismo explicita el BOE), una retribución especial (llámese prima) que es establecida para reconocer esa singularidad (que la electricidad generada por una placa solar no emite CO2, o sea, no ensucia; es limpia).
Pues bien, los inversores, a la luz de ese marco (y animados por la propia Administración), diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación genera tantos kilovatios hora (kWh); el gobierno avala vía BOE que el precio que yo recibiré por cada kWh que produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco, que me ha dicho que se fía de los boletines oficiales del Estado); y, dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo, que no me va a hacer multimillonario, pero que sí que puede complementar mi pensión.
Y así estaba todo hasta que… El 23 de diciembre de 2010, y de la mano del ministro Miguel Sebastián, llega a escena el Real Decreto–ley (RDL) 14/2010, que retoca a la baja el precio que había establecido el gobierno en el BOE y que abre así la espita de la retroactividad. Recortes sucesivos -ejecutados por el último Gobierno Zapatero y, sobre todo, por el primer Gobierno Rajoy- dejan el precio del kilovatio hora fotovoltaico en algunos casos hasta un 50% por debajo de lo inicialmente reconocido. Además, el Ejecutivo Rajoy crea un impuesto de nuevo cuño que grava todo kilovatio hora generado en una huerta solar (el impuesto del 7%).
¿Problema?
Pues que los pequeños inversores, que habían hechos sus cuentas a la luz de la letra de la ley (a la luz de la retribución que el Gobierno había aprobado vía BOE), se encuentran con que están ingresando mucho menos de lo que comprometió el Gobierno, y se encuentran con que su deuda con el banco, sin embargo, no ha sufrido un recorte similar a sus ingresos. Así, en muchísimos casos, se ven obligados a renegociar la deuda, eufemismo que no significa otra cosa que hipotecarse más aún.
Pues bien, Anpier ha venido denunciando durante los últimos años esta controversia, que se ha traducido en recortes que llegan hasta el 50% de las retribuciones pactadas, lo cual está propiciando -apuntan desde la asociación- que muchas familias se hayan visto obligadas a ampliar su hipoteca solar fotovoltaica hasta los 18 años.
