Un cuarto de siglo de gobiernos del Partido Popular (PP) y ocho años de gobiernos socialistas (PSOE) han dejado en el archipiélago balear (1983-2015) un legado muy concreto: 97-3. Es más, dentro de ese mix y, según Carlos Gónzalez, fundador de la empresa TransWorld Solar (y promotor de una gran huerta solar próxima a Palma), "aun a día de hoy, el 50% de la energía que consumimos aquí se genera quemando carbón y basura, y, francamente, a estas alturas, no nos gusta que la isla de Mallorca sea, después de Polonia, el lugar en el mundo donde más carbón se quema". Sí, a las islas baleares nunca llegó la revolución de las renovables, esa que hizo posible que en el resto de España, el año pasado, las fuentes limpias de electricidad -el agua, el sol, el viento y la biomasa- aportaran el 37,1% de la electricidad. O sea, 37 en la península, 3 en Baleares.
Los motivos de ese eslabón perdido -el de la revolución energética que sí tuvo lugar en la península (pero no en las islas)- son varios. "Probablemente no ha habido mucho interés por parte de los gobiernos autonómicos anteriores por fomentar las energías renovables", cuenta Sandy Hemingway, presidenta de la organización ecologista Amigos de la Tierra en las islas Baleares. Escaso interés, seguramente, en los gobiernos anteriores –como dice Sandy-, y, seguramente también, mucho, mucho, mucho interés (o intereses), en seguir quemando carbón mineral, crudo líquido y gas natural en las centrales térmicas. Porque los beneficiarios del escaso desarrollo de las energías renovables en las islas Baleares han sido esos: el carbón (que produjo el 33,9% de los kilovatios que hicieron funcionar las islas el año pasado), el crudo (12,4%) y el gas (28%). En fin: una fotografía energética delatora (y ruinosa), pues Baleares no tiene carbón, ni petróleo, ni gas.
¿Conclusión?
Producir en 2010 un megavatio hora de electricidad en Baleares (no hay datos oficiales posteriores) costó 140 euros, mientras que, por aquel entonces, el coste en la península era de 51 (los datos los proporciona el propio Govern de les Illes Balears). Y costó aquel dineral (sigue constándolo a día de hoy) porque producir electricidad con el viento o con el sol (como en la península) es más barato que hacerlo con combustibles fósiles que hay que importar (caso de Baleares) y que, con frecuencia, tienen precios prohibitivos. El caso es que, como el gobierno central quiere que todos los españoles paguemos la electricidad al mismo precio, independientemente de nuestro lugar de residencia (lo cual es bastante razonable), la diferencia entre los 51 y los 140 nos la repartimos entre todos los consumidores (para que así los compatriotas isleños, que no tienen tantas renovables, no tengan que pagar más por lo mismo: la electricidad).
Desde la noche de los tiempos, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha solicitado que esa medida –ese montante, esa diferencia- vaya a parar a los Presupuestos Generales del Estado (“es una medida política de cohesión social y territorial, o sea, que no tiene por qué ser financiada con cargo a la factura de la luz”, argumenta APPA), pero el Ejecutivo, en vez de colocarla en los PGE, ha decidido mantenerla en la factura. ¿Resultado? Esa “subvención” a los combustibles fósiles, subvención que engorda la factura de todos los españoles -y que cobran unas cuantas empresas que queman carbón, petróleo y gas-, ha acabado sumando unos 10.000 millones de euros acumulados desde 2009. Diez mil millones de euros que son semilla del déficit de tarifa, ese que, paradójicamente, siempre es achacado, precisamente, a las energías renovables (a sus primas).
Pero estábamos en Baleares
Para paliar la formidable dependencia de los combustibles fósiles que padece Baleares, el Ejecutivo central conectó en 2012, con un cable submarino, la isla de Mallorca con la península, de modo que ahora parte de la electricidad que consume aquella isla procede de la España peninsular, donde el porcentaje de electricidad limpia es mayor (recuérdese: más del 37%). Además, durante el año 2015, que acaba de finar, se ha puesto en marcha el primer circuito que une las islas de Mallorca e Ibiza -de 117 kilómetros de cable submarino y ocho de cable subterráneo-, y cuya entrada en operación es inminente al cierre de esta edición (el enlace submarino Mallorca-Ibiza es el más largo del mundo en corriente alterna y discurre a una profundidad de hasta 800 metros). Todo ello ha permitido (y va a permitir) que las carencias baleares –en materia de penetración de renovables- sean en cierta medida paliadas. Además, varios proyectos de instalaciones de energías renovables –sobre todo fotovoltaicas- parece que al fin empiezan a ver la luz.
Y ese es el quid de la cuestión
Hace ya más de diez años, el Partido Popular de Jaume Matas y compañía (PP) –gobernante entonces en el archipiélago- aprobó el «Plan de Impulso a las Energías Renovables de las Islas Baleares», documento que fijaba como Objetivo 2015 el que la aportación de energía procedente de fondos renovables pasara a significar el 8% del consumo eléctrico final. El fracaso de aquel plan –ya lo sabemos- ha sido rotundo, y hoy menos del 3% de la electricidad balear –como ya se dijo- es de origen renovable. Pues bien, hace poco más de dos años, en diciembre de 2013, otro Ejecutivo popular, encabezado entonces por José Ramón Bauzá, aprobó otro documento maestro, el «Plan de Energías Renovables y Eficiencia Energética en las islas Baleares: Estrategias y Líneas de Actuación».
Ese plan reconoce varias cosas. Uno: “la factura energética se estima en unos mil millones de euros, un 3,8% del Producto Interior Bruto de las Islas Baleares”. Y dos: “ocupando menos del 2% del territorio se podría cubrir el 100% de la demanda”. El plan, además, evalúa el potencial balear, algo que llevaban reclamando los ecologistas de las islas mucho tiempo: “sí –nos cuenta la física Margalida Ramis, del Grupo Ornitológico Balear y de Defensa de la Naturaleza (GOB)-, se hicieron unos estudios de potencial, que es algo que llevábamos reclamando muchísimo tiempo, porque al conocer el potencial del que dispones es cuando ves qué posibilidades tienes y es cuando puedes empezar a discutir qué parte de territorio digamos entre comillas se sacrifica para el uso renovable”. Y ahí estamos.
Modelo descentralizado
El GOB, como Amics de la Terra, apuesta por “un modelo descentralizado, y no de grandes instalaciones. Nosotros creemos que los megaparques solares fotovoltaicos no son la alternativa ni la solución. Nuestra propuesta –explica Ramis- es que, a partir del mapa de potencial, se tienen que ir autorizando proyectos a escala de autoconsumo de los distintos sectores: autoconsumo doméstico, autoconsumo industrial, del sector hotelero...”. Ramis insinúa rebelión: “el quid de la cuestión está en la regulación. La regulación estatal no favorece el autoconsumo. Incluso lo penaliza. Esto tiene que cambiar. Y si no se cambia desde lo estatal… pues habrá que hacer una pequeña revolución a escala de comunidades autónomas”.
Amics de la Terra, otro grupo ecologista con fuerte presencia en las islas, difunde el mismo discurso: no a las grandes infraestructuras que puedan causar graves impactos ambientales, y sí rotundo al autoconsumo. Ambos son conscientes de que, para alcanzar los objetivos renovables de Baleares (que vendrían a ser de un mínimo del 20% en el año 2020) la vía del autoconsumo no es lo suficientemente amplia ni rápida, y ambos son conscientes además de que las economías de escala sí permiten montar mucha placa (grandes parques) a un coste que le resulte atractivo al inversor. El quid de la cuestión radica en el tamaño de esas instalaciones, que no ha sido limitado en el último plan balear que redactara el PP y que preocupa a los ecologistas (y a buena parte de la ciudadanía) de un territorio muy limitado, territorio insular.
Quemando basura y carbón
En la misma isla (y quizá también en la misma onda, o en una parecida) está Carlos González, de TW Solar. “No puede ser que Mallorca genere más del 50% de su electricidad quemando basura y carbón”, me dice casi no más empezar la entrevista González. El empresario riojano entró en el sector, hace algo más de diez años, por la puerta de la solar térmica; siguió por el autoconsumo fotovoltaico sobre cubierta; partió luego al exilio, hastiado de los vaivenes regulatorios y seguramente en pos de su destino –grandes instalaciones FV (algunas de hasta cien megavatios en México y Estados Unidos)-; y ha regresado, a lomos de la brutal bajada de costes de la tecnología solar, para abrir la vía del pool en España: instalaciones FV que ya no necesiten prima para competir.
“Para cumplir el objetivo 20, algo habrá que hacer –dice-; la eólica, desde el punto de vista paisajístico, parece ser que no encaja en la idiosincrasia de la isla; y entendemos que hacer parques importantes es una de las posibilidades, independientemente de que hay que seguir avanzando al máximo en la generación distribuida, que es donde nosotros hemos venido trabajando, y donde nos consideramos expertos y punta de lanza. Mire, somos conscientes –matiza- de que el autoconsumo sirve para los pequeños consumidores, pero los grandes -el puerto, los hoteles, el aeropuerto- van a necesitar más. Además, esos consumidores, por definición, van a querer energía limpia, porque les va a interesar desde el punto de vista de imagen, de márketing, consumir renovables. ¿Y eso quién se lo puede dar? Pues creemos que solamente este tipo de instalaciones”.
Cien megavatios
González promueve un parque solar en suelo rústico de Llucmajor, municipio que colinda con Palma. Proyectó una instalación de cien megas, pero finalmente será de entre 40 y 45, “en terrenos prácticamente baldíos, que se utilizan casi solo para caza. El año que llegamos me comentaban que llevaban tres temporadas sin recoger cosecha. Es cereal extensivo. Lo siembran y un año llueve y va bien, y otro, como este, no recogen nada”. González empezó a proyectar la instalación en 2012, arrendará a un payés la tierra –“no la compramos, o sea, que sigue en el municipio”-, tiene ya inversor –England Generation Power (“ellos aportan el capital”)- y cree que, si todo sale como debe, el visto bueno de Medio Ambiente es inminente.
“Nos pidieron unas modificaciones que presentaremos la próxima semana. Entre otras, la reducción de la ocupación, que pasamos de cien hectáreas a unas cincuenta. Y, si se aprueba el estudio ambiental, como esperamos, pues inmediatamente viene la autorización administrativa, y estaremos en aproximadamente seis meses en condiciones de obtener la licencia de obras. Por lo demás… si estamos en condiciones de cerrar la inversión, pues… teóricamente, a finales de este año, principios del que viene, podríamos estar en situación de empezar la obra. En fin, que, tras la travesía del desierto, creo que estamos en condiciones de abordar las últimas fases del proyecto”.
Del impacto en el paisaje
González valora el impacto de la FV sobre esas 50 hectáreas: “estas cosas conviene que vayan con el mayor consenso posible. Nosotros nos hemos reunido con Amics de la Terra y hemos tratado de explicarles que el impacto paisajístico es nulo. La instalación no se ve desde ningún sitio. Salvo que te subas a un avión y lo sobrevueles no hay nadie que se pueda ver afectado por ello. Estamos hablando de la zona del camino de Cabo Blanco, y, aunque pases por ahí, no ves nada: vas por la carretera, a un lado tienes el mar, y al otro lado la finca, pero no dominas la finca con la vista. No hay un alto desde el que se vea el campo”.
Por otra parte –insiste González-, el impacto ecológico, “con respecto a las distintas especies autóctonas, no solo va a ser nulo, sino que incluso puede ser positivo”. Este es un terreno –dice- de ganadería extensiva y cultivo de cereal, “cereal que, como digo, no recogen todos los años. Bueno, pues nuestra idea es mantener la actividad agropecuaria extensiva: concretamente pretendemos completarla con una explotación ganadera de ganado ovino autóctono, existe un programa de protección para las ovejas baleares originarias, y creemos son perfectamente compatibles en la finca la actividad agropecuaria y la explotación de las placas solares”.
“La idea nuestra –concluye González- es que la existencia del parque pudiera ser un elemento de conservación, porque se mantenía la actividad tradicional que se viene haciendo durante siglos y se garantizaba a lo largo del tiempo”. En cuanto a la ocupación de territorio, el empresario apunta números: “vamos a utilizar el 0,25% del territorio de Llucmajor y vamos a producir el 33% de la energía de Llucmajor”.
Qué propone el GOB
Fundado en 1973, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa es, probablemente, la organización ecologista más profundamente arraigada en el territorio balear. Su propuesta fotovoltaica prioriza en este orden.
- dado que la instalación de paneles solares fotovoltaicos es una actividad industrial, con las características e impactos propios de este tipo de actividades, habría que priorizar la ubicación de parques solares en suelos clasificados como urbanos, industriales o de servicios;
- habida cuenta de la necesidad de aprovechar al máximo un territorio limitado, es también prioritario ubicar estas instalaciones sobre las cubiertas de las naves de los polígonos industriales. Esto -propone el GOB- debería ser obligatorio para todas las naves de nueva construcción;
- polideportivos, escuelas, hospitales, edificios universitarios, centros para mayores... todo edificio público debe contar con cubierta solar;
- en caso de que la instalación FV se sitúe fuera de los núcleos urbanos, será prioritaria su ubicación en zonas degradadas como antiguos vertederos de residuos sólidos urbanos, abandonados o clausurados legalmente; vertederos de escombros clausurados; canteras inactivas que no estén obligada a restauración; entornos de depuradoras; etcétera;
- el suelo rústico -considera el GOB- debe ser la última de las opciones para este tipo de instalaciones. En este caso -concreta la organización-, cabría establecer una serie de condicionantes: habría que descartar todo suelo protegido (lo esté por motivos ambientales, patrimoniales, urbanísticos); habría que descartar toda Área de Interés Agrario; habría que delimitar una Zona Entorno de las áreas protegidas.
