SOS Rural, iniciativa surgida hace unos meses de la Fundación Ingenio (originalmente impulsada por agricultores de la Región de Murcia), ha difundido hoy un comunicado en el que recoge una denuncia de la Plataforma Campiña Norte de Jaén: los promotores solares “especulan con nuestras tierras", dicen desde la campiña jiennense, en tanto en cuanto "a los propietarios les ofrecen un arrendamiento anual a 30 años entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea, y luego se lo revenden a fondos de inversión a 10.000 euros la hectárea, es decir, nos dan 10 veces menos que su valor real”. El comunicado de SOS Rural alude a "asociaciones de vecinos y Plataformas de Andalucía", como la mencionada, o como la Plataforma Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir. Según estas -explican desde SOS-, las empresas promotoras de parques solares están maniobrando además en su territorio con "tácticas fraudulentas (...) para esquivar escollos legales, como la fragmentación artificiosa de los megaproyectos fotovoltaicos en varios proyectos de menor tamaño [de menos de cincuenta megavatios] para eludir el control de la Administración Estatal, que exige una tramitación ambiental ordinaria, más exigente que la ambiental simplificada que exige la Administración Autonómica". Además, aseguran desde la plataforma murciana, "la mayoría de los agricultores se ven coaccionados a llegar a un acuerdo con las empresas promotoras, ya que es más ventajoso en términos económicos que la expropiación facilitada por la ley del sector eléctrico".
Tras la declaración de utilidad pública de las megaplantas "por un supuesto interés general -apuntan desde SOS-, viene la coacción a los agricultores, que se ven forzados a elegir entre un acuerdo con la multinacional o la expropiación de sus terrenos, por un precio inferior al del valor de sus tierras".
SOS Rural alude en su comunicado a una instalación solar (no la identifica) que está proyectada "entre los términos municipales de las poblaciones de Lopera, Arjona y Marmolejo, en la provincia de Jaén", instalación -aseguran- que arrasará 100.000 olivos que se encuentran "en plena producción". La instalación en cuestión estaría integrada, según los denunciantes, por cinco plantas (con una potencia total de 254,98 megavatios), que ocuparían una extensión de 895 hectáreas.
El comunicado de SOS llega apenas seis después de que el Boletín Oficial del Estado haya publicado que la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Jaén ha acordado iniciar el procedimiento de expropiación forzosa de varias fincas. "En el expediente de esta expropiación -dice el BOE-, la empresa Greenalia Solar Power Zumajo II SLU asumirá la condición de entidad beneficiaria". La misma Delegación declaró de Utilidad Pública esta instalación, de 49,9 megavatios.
La plataforma asegura por otro lado que en estos momentos existen, en proyecto y ejecución, dieciocho plantas más en la comarca de la Campiña Norte de Jaén, "por lo que estaríamos hablando -estiman- de una capacidad aproximada de mil megavatios más, lo que supondría 3.222 hectáreas más y 320.000 olivos arrasados más".
SOS Rural
«Con el aceite de oliva por las nubes (a prácticamente 10 euros el litro), España está pasando de ser la huerta de Europa a la pila de Europa (...). Pensar que familias de agricultores que llevan generaciones viviendo de sus olivos no tengan ningún poder de decisión sobre su medio de vida es simplemente inaceptable y propio de países bananeros»
La plataforma surgida de la Fundación Ingenio hace alusión también en su comunicado de hoy a un estudio de GAD3 sobre el impacto de las placas solares, según el cual -asegura- "más de la mitad de los españoles (el 56%) se muestra contrario a la instalación de placas solares en suelo agrícola".
SOS Rural concluye su comunicado destacando que, "sin un marco normativo específico que proteja las tierras de cultivo, España corre el riesgo de pasar de ser dependiente energéticamente a ser dependiente también alimentariamente”.
Maneras y maneras
Hace tres años, en el verano de 2021, Energías Renovables publicó un reportaje, que titulamos Pla-ni-fi-ca-ción, en el que varias voces ya denunciaban algunas de estas prácticas y varias otras planteaban algunas soluciones. Extraemos de él tres declaraciones.
José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF: “no queremos que se utilicen las expropiaciones (...). Si el territorio no está de acuerdo, no se debe desarrollar esa planta (...). Estamos en contra de esas concentraciones tan grandes [de instalaciones solares] que hay en determinados municipios. Es un error tremendo. Estamos a favor de que se haga el estudio de impacto ambiental acumulativo y que solo se autorice lo que se tenga que autorizar".
Pilar Galindo, representante de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE): “están multiplicando por ocho, por diez o por no sé sabe cuánto, la renta agraria, de modo que están tentando mucho a los propietarios, que a lo mejor ni viven en el pueblo, y dejando fuera a los no propietarios”.
Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables: “están ofreciendo al propietario hasta ocho veces la renta agraria que tendría el arrendador” (hasta 2.000 euros por hectárea). Así, el propietario sale bien parado; y el agricultor local que alquilaba hasta ahora al terrateniente ese suelo para cultivar se queda sin suelo.
Con respecto al impacto de la fotovoltaica en el medio rural, UNEF publicó en 2019 el documento Recomendaciones de mejores prácticas para la sostenibilidad ambiental de las instalaciones fotovoltaicas, del que por cierto la asociación hizo acto de entrega oficial a la entonces (y aún hoy) ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
El documento en cuestión plantea, como su propio nombre indica, recomendaciones que siguen estando hoy tan vigentes o más que entonces. Estas son algunas, en un repaso que no pretende ser exhaustivo.
• en la selección de la localización de la instalación se debe asegurar el respeto a áreas sensibles desde el punto de vista de la diversidad ambiental como humedales, hábitats de especies en peligro de extinción, etc. Estas limitaciones aplican tanto a la planta fotovoltaica como a las vías de acceso, líneas de transmisión, instalaciones de acondicionamiento y almacenamiento de energía, subestaciones etc.
• el vallado de las instalaciones deberá ser de tipo cinegético con un paso inferior de dimensiones adecuadas para favorecer el trasiego de fauna. De esta forma, se permitirá el paso de aves y otros animales asegurando la conectividad y la continuidad y evitando la fragmentación de los hábitats naturales de las especies locales. Además, estarán señalizados adecuadamente para evitar la colisión de las aves.
• para mejorar la calidad ecológica del suelo se debe respetar la formación natural de la capa vegetal vigilando que se cumplan las prohibiciones de uso de herbicidas. Para respetar esta capa vegetal, no se removerá el suelo fértil y en caso de que sea necesario, se seguirán los criterios y procedimientos precisos para la restauración de la cubierta vegetal y de los procesos ecológicos del terreno.
«Hay que resaltar que, si la agricultura intensiva monocultivo ha sido la actividad principal en la zona de la instalación, la ubicación de una instalación fotovoltaica permitirá un ‘descanso’ al suelo durante 25 años. Pausar temporalmente el monocultivo agrícola puede contribuir, si se respeta la capa vegetal natural y se dan las condiciones adecuadas, a una restauración natural del terreno tras un uso intensivo, pudiendo resultar también en una mayor biodiversidad»
• si la zona tiene una actividad pastoral o está cerca de vías de trashumancia, se permitirá el paso de pastores a las instalaciones siempre que estos estuvieran interesados y en las formas y tiempos óptimos para el ganado. Además, el ganado suele ser un importante vector para la dispersión de semillas, por lo que beneficiaría la biodiversidad vegetal en la instalación.
• se integrará en un único análisis el estudio de los impactos acumulativos y sinérgicos de las instalaciones, logrando una mayor eficacia y eficiencia en el tratamiento y enfoque de los aspectos ambientales más relevantes, como es el caso de la avifauna y del paisaje.
• siempre que del resultado de los estudios ambientales se identificara como necesario mitigar el impacto visual, se emplearán elementos naturales como las islas arbustivas. En ese caso, el sector se compromete a usar plantas de especies autóctonas y polinizadoras para contribuir a las campañas a favor de la pervivencia de las abejas.
• con el objetivo de reducir la huella de carbono, contribuir al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación, se contratará personal local y se priorizará la contratación de bienes y servicios en función a la distancia con respecto a la planta. En particular se contará con suministradores locales, siempre que estos reúnan las condiciones técnicas exigibles y en similares condiciones de calidad-precio.
