El Estado español recomendó a sus ciudadanos que, en un escenario especulación inmobiliaria y bursátil (2004-2007), optarán por destinaran sus ahorros familiares a un fin ético, como era la generación de energías renovables, con lo cual se podrían alcanzar los compromisos internacionales de Kioto y los objetivos de la UE en materia medioambiental, señala Anpier en un comunicado. Una inversión que se promocionó por el Estado como rentable, muy segura y socialmente comprometida, por lo que el propio Ministerio no dudó en recomendar que se asumieran financiaciones del 80% de coste de las instalaciones.
A los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, se inició un interminable rosario de decretos retroactivos que han mermado de manera alarmante las rentabilidades pactadas entre el Estado, con recortes acumulados que alcanzan el 50% de los ingresos que se garantizaban y que impiden afrontar los compromisos de pago soportados por los productores, añade Anpier.
Cuatro años de recortes
De acuerdo con la asociación FV, estos han sido lo recortes a lo largo de los últimos cuatro años:
1. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RD 1565/2010, que reduce drásticamente los años con derecho prima de manera retroactiva.
2. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RDL 14/2010 y la Ley de Economía Sostenible, que reduce las horas primadas de manera retroactiva, la mayoría de las plantas alcanzan este límite en el mes de agosto.
3. Imposición de un impuesto del 7% a la producción de energía establecido por la Ley 15/2012, y que este colectivo no puede repercutir como el resto de sujetos pasivos de esta nueva carga impositiva.
4. No actualización de las retribuciones correspondientes a las tarifas reguladas y el IPC General (RDL 2/2013).
5. Nuevo marco legal del RD 9/2013 que establece una supuesta pero falaz remuneración razonable, que en la práctica supondrá la quiebra de la mayoría de las instalaciones.
6. Imposición de soportar Déficit de tarifa a las familias del sector en igualdad con los 3 grandes operadores nacionales (Ley 24/2013). En la primera liquidación correspondiente a enero los productores han percibido, en marzo, el 25,5% de la cantidad que les correspondía.
7. A estos recortes hay que añadiré los elevados costes financieros que han supuesto las sucesivas refinanciaciones con la banca, que ha ido elevando los tipos de interés y condiciones al percibir los riesgos regulatorios.
Campaña propagandística
Anpier destaca que esta actividad normativa ha ido acompañada de una intensa labor propagandística para legitimar ante la sociedad el atropello de los derechos de 55.000 familias y la construcción de un nuevo marco energético que sólo beneficia a unas pocas empresas, países y personas. "En este escenario, se hace evidente el doble juego del Partido Popular: con un discurso claro en contra de las medidas retroactivas y en defensa de este colectivo cuando estuvo en la oposición, lo que le supuso decenas de miles de votos de este colectivo, que contrasta con las imposiciones normativas, que sin consenso territorial ni político, desmantelan al sector sin ningún miramiento con las familias productoras".
A juicio del Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca “El acoso que sufren las familias fotovoltaicas, solo se comprende si analizamos las motivaciones últimas y los intereses que presiden el nuevo escenario energético que nos quieren imponer: favorecer las tecnologías fósiles y la generación nuclear: peligrosas, contaminantes y controladas por un reducido grupo de empresas; y expulsar del sistema energético a las fuentes renovables, percibidas como una competencia que les priva de sus ingresos; y todo a pesar de que la fotovoltaica democratiza el acceso a la energía y de que sus bondades medioambientales, geopolíticas y económicas".
Anpier ha iniciado en Barcelona la primera de las 26 Jornadas informativas, que están previstas en toda España para trasladar a las familias productoras la situación en la que van a quedar con el nuevo marco normativo y las acciones de defensa social, política y jurídica que la asociación está articulando. Estas asambleas prevén también actuar de catalizador para la gran manifestación del sector fotovoltaico español prevista para el día 21 de junio en Madrid, en la que se pretende implicar a sectores y colectivos sociales afines.
