La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha abordado esta cuestión pues creemos que es necesario reducir los impactos del actual sistema energético y democratizar la producción y uso de la energía, ahora en manos del oligopolio energético.
Sabemos que cualquier tipo de energía tiene impactos ambientales y que las tecnologías renovables también los tienen por el uso de materiales, la producción de residuos, el uso de agua o la afección a la biodiversidad. Es preciso reducir todos esos impactos con la correcta gestión de sus residuos y el reciclaje de materiales (por ejemplo de las células fotovoltaicas o las palas eólicas) o con las múltiples medidas que pueden plantearse para minimizar las afecciones a la fauna y flora a partir de rigurosas evaluaciones de impacto ambiental.
Respecto de la ocupación del territorio es preciso dimensionar adecuadamente la ubicación, el tamaño y las características de las diferentes instalaciones, ya sean eólicas, solares, hidráulicas o de biomasa. En el caso de grandes instalaciones fotovoltaicas, que pueden ocupar varios cientos de hectáreas, se puede limitar su impacto paisajístico integrando zonas arbustivas y evitando terrenos cercanos a poblaciones y a zonas recreativas o de muy alto valor ecológico.
Ante la preocupación de que estas plantas fotovoltaicas pudieran ocupar mucha extensión de cultivos agrícolas, un estudio realizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) pone de relieve que aunque se instalara toda la potencia solar prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en este tipo de cultivos, solo afectaría a un 0,3% de los mismos. Lo cierto es que estas plantas suelen ocupar sólo terrenos improductivos o de escaso valor agrícola por lo que apenas existe competencia con este sector. Además la llamada “agrovoltaica”, instalación de paneles solares encima de ciertos cultivos, es una fórmula a explorar que genera simultáneamente beneficios a los propietarios de dichos cultivos.
En cualquier caso sería muy importante que se estableciera una zonificación del territorio en cada Comunidad Autónoma que determinara qué zonas deberían quedar excluidas de estas grandes instalaciones por su valor medioambiental y en cuáles se podrían construir con determinadas exigencias y precauciones. El reciente anuncio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de que pronto va a presentar un mapa eólico y fotovoltaico es una buena noticia a este respecto.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha publicado un informe, “Propuestas para un sistema energético descarbonizado y democratizado: reducir el impacto ambiental de las grandes instalaciones fotovoltaicas”, que establece criterios sobre cómo abordar la dimensión, la ubicación y la gestión de instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño.
De todas formas hay que tener en cuenta que los impactos ambientales de las renovables no son comparables a los de las energías basadas en combustibles fósiles o nucleares, tecnologías que además de la ocupación de espacio, los residuos que generan o el consumo de agua, emiten gases de invernadero que provocan el cambio climático o la amenaza nuclear.
Está en la base de nuestro planteamiento que el motor de la transición energética ha de ser el autoconsumo, la generación distribuida de energía, las comunidades energéticas, el almacenamiento y la agregación, así como el empoderamiento ciudadano. El autoconsumo doméstico, agrícola o industrial y la nueva figura de las comunidades energéticas implican un modelo con menor impacto sobre el territorio y más democrático que el modelo centralizado basado en grandes instalaciones, que suelen ser propiedad del oligopolio energético. Se deberán también poner en marcha mecanismos de gestión de la demanda que permitan participar a los usuarios del sistema eléctrico.
Pero sabemos también que el autoconsumo sólo va a poder satisfacer una parte de la demanda eléctrica, la de las viviendas o instalaciones industriales o empresariales que puedan financiarse los paneles fotovoltaicos, que en el contexto económico actual desgraciadamente no va a poder ser masivo.
Además es necesario mantener instalaciones de generación eléctrica que den soporte a la red y que sean capaces de suministrar energía a todos los consumidores domésticos, de servicios públicos y privados y a las industrias que no tengan autogeneración, tanto de grandes áreas metropolitanas como de cualquier otra localidad, así como a las redes de transporte ferroviario y a otras instalaciones públicas (alumbrado…)
La planificación energética debería determinar qué tecnologías renovables y en qué proporción deben cubrir la demanda eléctrica prevista de esos muchos sectores y ámbitos que apenas podrían abastecerse con generación distribuida. En esta década la energía eólica y la solar fotovoltaica tienen que cubrir una parte importante de la demanda eléctrica por la abundancia del recurso en España y por sus costes de generación inferiores a los de otras tecnologías. Además se tendrían que considerar especialmente otras tecnologías renovables que aportarían estabilidad al sistema eléctrico (hidráulica con bombeo, biomasa eléctrica adecuadamente dimensionada, biogás, solar termoeléctrica con almacenamiento en sales fundidas….).
Así pues la situación de emergencia climática debería dar lugar al impulso de una transición energética que en 2030 tuviera un mix de generación eléctrica basado en tecnologías renovables convenientemente planificadas, en el que la generación distribuida y el autoconsumo tuviera un gran peso y en el que las grandes instalaciones de generación fueran una combinación de renovables que aportaran también capacidad de respaldo a la red eléctrica, en la que se tuvieran además en cuenta los aspectos de protección territorial y de la biodiversidad, así como de desarrollo industrial autóctono y de generación de empleo local. Lo que no puede admitirse son medidas de moratorias generalizadas o de exclusión a priori de zonas rurales o agrarias para la construcción de plantas renovables de gran potencia como algunos colectivos están planteando.
