Todo empieza así: el legislador crea un marco legal -vía Boletín Oficial del Estado- en el que establece unas condiciones determinadas: el kilovatio generado en una instalación solar fotovoltaica -dice ese marco-, y en tanto en cuanto es un kilovatio limpio (no emisor de CO2), merece una retribución muy concreta (que especifica el BOE) durante un período muy concreto (que asimismo explicita el BOE), una retribución especial que es establecida para reconocer esa singularidad. Y la electricidad de fuente renovable merece esa retribución singular -llámese prima- porque, a diferencia de la convencional -dice el BOE-, no ensucia; es limpia. Pues bien, los inversores, a la luz de ese marco (y animados por la propia Administración), diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación genera tantos kilovatios (kW); el gobierno avala vía BOE que el precio que yo recibiré por cada kilovatio que produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco, que me ha dicho se fía de los boletines oficiales del Estado); y, dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo.
Y así estaba todo hasta que… El 23 de diciembre de 2010, y de la mano del ministro Miguel Sebastián, llega a escena el Real Decreto–ley (RDL) 14/2010, que retoca a la baja el precio que había establecido el gobierno en el BOE y que abre así la espita de la retroactividad. Recortes sucesivos -ejecutados por el último Gobierno Zapatero y el primer Gobierno Rajoy- dejan el precio del kilovatio hora fotovoltaico en algunos casos hasta un 50% por debajo de lo inicialmente reconocido. ¿Problema? Pues que los pequeños inversores, que habían hechos sus cuentas (y contaban con ciertos ingresos), se encuentran con que están ingresando mucho menos de lo que comprometió en el BOE el Gobierno y se encuentran con que su deuda con el banco sin embargo no ha sufrido un recorte similar a sus ingresos. Así, en muchísimos casos, se ven obligados a renegociar la deuda, eufemismo que no significa otra cosa que hipotecarse más aún.
Pues bien, Anpier ha venido denunciando durante los últimos años este fraude, o "el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca sí les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarias". Sobre el partircular, leáse El 92% de las instalaciones FV, al borde del concurso de acreedores. Pues bien, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica reedita nuevamente su campaña de denuncia de esta estafa con su Camino del Sol. Este año, Anpier, que convoca a lo largo de las próximas semanas hasta 27 actos por toda España, se ha fijado cinco objetivos específicos. Son estos.
1. Anpier trasladará en todas sus intervenciones la importancia de iniciar un cambio de modelo energético, pero ya no sólo en lo referente a las tecnologías de generación, sino también en lo que respecta a la propiedad de las instalaciones de generación, ahora concentradas en pocas empresas en régimen de oligopolio.
2. Los españoles tenemos derecho a autoconsumir energía y a participar del mercado energético -propone Anpier- a través parques fotovoltaicos sociales, que redistribuyan los ingresos del sistema eléctrico y beneficien a las economías locales.
3. Reclamaremos un papel activo para los ciudadanos y un nuevo marco normativo que promueva el autoconsumo o el despliegue de parques sociales que proporcionen energía a la red general.
4. Queremos que se escuche la voz de las 62.000 familias españolas que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado, y que ahora ven como este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos.
5. Alertaremos de la gravedad que supone la destrucción del colectivo de las 62.000 familias fotovoltaicas y denunciaremos que el Gobierno pretende expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado para mantenerlo en modo oligopolístico.
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