Anpier ha programado 27 actos en esta III Edición del Camino del Sol, para la que la asociación ha elegido como lema “Las familias queremos participar en la producción de energía”. El autoconsumo y las instalaciones solares fotovoltaicas comunitarias son las dos propuestas clave de este tercer Camino del Sol. La Asociación, que reclama "un papel activo para los ciudadanos" en el que debe empezar a ser un nuevo modelo energético, demanda un marco normativo propiciatorio, que promueva esas soluciones: el autoconsumo y la generación social. Y, con ese objetivo, ha emprendido esta nueva campaña, en la que quiere poner de manifiesto "las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España", en cuya resolución debe implicarse por supuesto la ciudadanía, pero también "los medios de comunicación, los políticos y los responsables de todas las Administraciones autonómicas".
Animada por ese propósito, Anpier ha creado una aplicación, en la página del Camino del Sol (www.caminodelsol.org), que permitirá visualizar el potencial generador de energía fotovoltaica de todos y cada uno de los municipios madrileños de hasta 100.000 habitantes: ahorros posibles por autoconsumo, ahorros municipales e incluso los ingresos que podría obtener cada localidad a través de proyectos sociales de generación. La Asociación ha trabajado ya con esa aplicación y propone dos ejemplos: Aranjuez y San Sebastián de los Reyes. Las condiciones que ha elegido para desarrollar esos ejemplos son tres: si 2 de cada 10 familias invirtiesen en parques fotovoltaicos; 3 de cada 10 instalasen sistemas de autoconsumo; y un 75% de los consumos de los ayuntamientos fuera satisfecho por parques municipales fotovoltaicos, estos serían los números:
En Aranjuez
Si 2 de cada 10 familias arancetanos -que en este municipio serían 3.862 familias- destinaran 16.500 € a una instalación cooperativa de generación fotovoltaica, lograrían los siguientes resultados: participaciones de veinte kilovatios (20 kW) por familia, que supondría un parque de 77 megavatios (MW), cuyos ingresos totales alcanzarían los 105.644.000 € transcurridos 25 años, a repartir entre las familias inversoras. Unos retornos económicos que se quedarían en la comarca.
En el caso del autoconsumo en viviendas privadas, el consumo eléctrico del 30% de las familias de Aranjuez alcanza los 16.221.000 kilovatios hora anuales, y la potencia total necesaria del conjunto de todas estas instalaciones de autoconsumo sería de 10 MW. Pues si un 30% de las familias que residen en la ciudad de Aranjuez instalaran sistemas de autoconsumo fotovoltaico lograrían, 25 años después, ahorrar 22.087.000 € en gasto energético. Un montante que también se quedaría en la ciudad.
Con respecto al autoconsumo para edificios públicos y alumbrado de Aranjuez, el requerimiento eléctrico de los edificios públicos estimados estaría en el entorno de los 11.924.000 kilovatios hora anuales y en el alumbrado público exterior en 6.836.000 kilovatios hora anuales aproximadamente, por lo que se necesitaría una planta de autoconsumo municipal para autoabastecer el 75% de los requerimientos eléctricos totales de 9 MW, que tendría un coste de 7.113.000 € y un ahorro anual para las arcas municipales de 1.180.000 €. El retorno de la inversión, teniendo en cuenta el ahorro acumulado durante 25 años, sería de 22.391.000 €.
Por consiguiente, con una central fotovoltaica cooperativa de tan sólo 77 MW para la venta de la energía a la red, con autoconsumo fotovoltaico en el 30% de las viviendas privadas y con autoconsumo municipal para edificios públicos y alumbrado, Aranjuez y sus habitantes dispondrían de un beneficio total, al cabo de 25 años, de 86.398.850 €. Con lo que se evitaría anualmente 60.200 toneladas de CO2. Esto no sólo beneficiaría a las familias fotovoltaicas, sino que generaría un efecto económico multiplicador en otros sectores de la ciudad, al disponer los ciudadanos de más renta, y supondría un menor gasto municipal; además, crearía cientos de puestos de trabajo en el territorio para la instalación y el mantenimiento de estas dotaciones de generación distribuida.
En San Sebastián de los Reyes
Si 2 de cada 10 familias sanseras -que en este municipio serían 5.747 familias- destinaran 16.500 € en una instalación cooperativa de generación fotovoltaica, lograrían los siguientes resultados: participaciones de 20 kW por familia, que supondría un parque de 115 MW, cuyos ingresos totales alcanzarían los 157.400.000 € transcurridos 25 años, a repartir entre las familias inversoras. Unos retornos económicos que se quedarían en la comarca.
En el caso del autoconsumo en viviendas privadas, el consumo eléctrico del 30% de las familias de San Sebastián de los Reyes alcanza los 24.138.000 kilovatios hora anuales, y la potencia total necesaria del conjunto de todas estas instalaciones de autoconsumo sería de 15 MW. Pues si un 30% de las familias que residen en la ciudad de San Sebastián de los Reyes instalaran sistemas de autoconsumo fotovoltaico lograrían, 25 años después, ahorrar 32.867.000 € en gasto energético. Un montante que también se quedaría en la ciudad.
Con respecto al autoconsumo para edificios públicos y alumbrado de San Sebastián de los Reyes, el requerimiento eléctrico de los edificios públicos estimados estaría en el entorno de los 17.743.000 KWh/anuales y en el alumbrado público exterior en 7.000.000 Kwh/anuales aproximadamente, por lo que, se necesitaría una planta de autoconsumo municipal para autoabastecer el 75% de los requerimientos eléctricos totales de 11 MW, que tendría un coste de 9.374.500 € y un ahorro anual para las arcas municipales de 1.555.000 €. El retorno de la inversión, teniendo en cuenta el ahorro acumulado durante 25 años, sería de 29.512.000 €.
Menos malos humos, mucho más trabajo y 125 millones de euros de retorno en 25 años
Por consiguiente -apuntan desde Anpier-, con una central fotovoltaica cooperativa de 115 MW para la venta de la energía a la red, con autoconsumo fotovoltaico en el 30% de las viviendas privadas y autoconsumo municipal para edificios públicos y alumbrado, San Sebastián de los Reyes y sus habitantes dispondrían de un beneficio total, al cabo de 25 años, de 125 M€. Además, esas instalaciones evitarían la emisión de 89.000 toneladas de CO2. Según Anpier, y por otro lado, "esto no solo beneficiaría a las familias fotovoltaicas, sino que generaría un efecto económico multiplicador en otros sectores de la ciudad, al disponer los ciudadanos de más renta, y supondría un menor gasto municipal; además, crearía cientos de puestos de trabajo en el territorio para la instalación y el mantenimiento de estas dotaciones de generación distribuida".
Pequeños inversores
Durante este Camino del Sol 2017, Anpier quiere ser altavoz de "las 62.000 familias españolas, 2.500 madrileñas, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado" (léase ¿Cómo fue el hachazo a las renovables?). La Asociación "alertará también de la gravedad que supone la destrucción del colectivo de las 62.000 familias fotovoltaicas y denunciará que el Gobierno pretende expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado para mantenerlo en modo oligopolístico, todo ello, articulado por un marco regulatorio insostenible a la vista del primer Laudo Arbitral del Banco Mundial y, previsiblemente, de todos los que se vayan fallando".
El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia
“Esta Institución considera que, por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contrario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el Tratado sobre la Carta de la Energía habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias” y solicitaba: “Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.
Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este primer fondo internacional y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial. "Resulta inaceptable -considera Anpier- que por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales".
Recortes de hasta un 50%
Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes hasta del 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca sí les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría.
"Sin embargo -apuntan desde Anpier-, el Gobierno mantiene la reforma, estigmatizando socialmente a este colectivo, para justificar sus arbitrarias decisiones; a pesar de que una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia: que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado, una cuestión que debería realizarse con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y sobre todo -concluyen desde la Asociación-, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor".
En el acto de mañana, que tendrá lugar en el hotel Tryp Madrid Atocha a las 19.00 horas, participarán también, aparte de Ramón Tamames, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca; y el economista Ignasi Candela, que es diputado de Compromís en el Parlamento Nacional.
