La solución no está en la negación sino en la excelencia en la integración en el territorio, como propugnamos desde UNEF, generando riqueza y oportunidades para la población local, cuidando el entorno y favoreciendo la biodiversidad, a la vez que se implementan las medidas adecuadas para que siga siendo interesante para los inversores continuar con el proceso de desarrollo de proyectos fotovoltaicos.
Paradójicamente, el escenario que vemos a nivel internacional contrasta plenamente con esta necesidad de imprimir una mayor velocidad al proceso de descarbonización desde una perspectiva ambiental y de oportunidad económica. Los nuevos vientos políticos en varios países, incluida la propia Comisión Europea, la señal de precio inadecuada que envía el sistema de mercado existente ante el crecimiento de la instalación de plantas fotovoltaicas, o la dificultad de progresar en la electrificación, generan una incertidumbre financiera para seguir adelante con los proyectos.
Son condiciones que no están afectando a que la fotovoltaica siga siendo la tecnología reina por volumen de inversiones, pero sí están reduciendo su velocidad de penetración.
Aún así, en España hemos seguido avanzando. El cierre de la era de Teresa Ribera en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tan profundamente ha avanzado en la descarbonización del sector eléctrico, con su sustitución por Sara Aagessen, presupone en principio una continuidad que da confianza a los inversores.
Pero la incertidumbre de la situación política y las dificultades para aprobar normas en el Parlamento dificultan los cambios regulatorios necesarios para poder avanzar con la velocidad y certidumbre adecuadas en el proceso de transición ecológica.
Y por si esta combinación de escenarios fuese poca complejidad, no son pocos los demás retos que enfrenta el sector fotovoltaico español en 2025.
Aterrizaje suave del autoconsumo
Para empezar, sin tener todavía los datos de cierre de año del autoconsumo, prevemos que esta utilización de la tecnología fotovoltaica habrá experimentado un aterrizaje más suave de lo previsto inicialmente, aunque sin saber todavía si hemos tocado suelo y, en todo caso, alejándonos de la senda necesaria para el cumplimiento del objetivo del PNIEC. Por su parte, las comunidades energéticas en nuestro país avanzan de manera más lenta de lo que sería deseable. En ambos casos es necesario terminar de trasladar la directiva de renovables, sobre todo en los aspectos de simplificación administrativa, y complementar este traslado con incentivos fiscales se hace fundamental para poder corregir el rumbo.
Y si hablamos de las plantas en suelo, la prioridad es corregir una senda de demanda causante de unos precios energéticos que desincentivan la inversión, hasta el punto de que es más importante para nosotros en este momento la convocatoria de los concursos de demanda que los de oferta. Y en esa línea de necesidad de aumentar la demanda, electrificación y almacenamiento se han convertido en las dos nuevas palabras totémicas del sector.
En concreto, el almacenamiento se consolida como una necesidad para reducir o eliminar las cada vez más frecuentes horas de precio cero y permitir extender las horas de precio competitivo para nuestra economía. Esperemos que su marco retributivo y administrativo se cierre en los primeros meses del próximo año aportando estabilidad y atrayendo inversiones. Y en cuanto a electrificación, el reto es claro: en este presente ciclo inversor hemos pasado de cubrir en 2019 el 38% de la demanda eléctrica con renovables a un 52% en 2023. Sin embargo, en el término de energía final la electrificación solo se ha incrementado en un punto en el mismo periodo, pasando del 23% al 24%. El desafío del nuevo ciclo es la implementación de medidas decididas y eficaces que favorezcan este proceso de descarbonización de la energía final.
Este escenario en su conjunto está generando dificultades para financiar determinados proyectos. Para solventarlas, las subastas que no se han podido llevar a cabo este año deben ser llevadas a cabo cuanto antes en el próximo periodo. Pero cuidado, el diablo está en el detalle, y su definición debe ser la adecuada para el momento actual. Las subastas deben ser un instrumento que dé certidumbre ante un sistema de fijación de precios incierto, pero no tendría sentido que añadieran incertidumbre a la incertidumbre.
Para terminar, tenemos el reto de las barreras a nivel político. Por un lado, la constatación empírica de la clara oposición francesa a la extensión de nuestras interconexiones con Europa tiene que hacernos ver que hay que valorar seriamente el establecimiento de otras vías geográficas de interconexión hasta alcanzar el objetivo mínimo establecido por la Comisión Europea. Y por otro, este año ha surgido una nueva barrera dentro de España, en concreto barreras regulatorias a la energía fotovoltaica por parte de determinadas comunidades autónomas con posicionamientos recaudatorios o incluso directamente queriendo frenar la energía fotovoltaica. Todo ello con el riesgo de desperdiciar la ventaja competitiva única con la que contamos, que puede favorecer la reindustrialización española.
Como vemos, un 2025 que nos llega pleno de desafíos. Conocemos las preguntas del examen, ahora hace falta que las respuestas que les demos entre todos sean las correctas.
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• Este artículo de opinión está incluido en el Anuario 2024 de Energías Renovables en papel, que puedes descargar gratis en formato PDF aquí