Sin embargo, esta cantidad no tiene el camino tan despejado como pudiera parecer. En primer lugar, porque muchos de ellos han salido con una serie de condicionantes que, además de poner en duda la viabilidad económica de los mismos, hacen necesario una nueva salida a información pública, salida que se está realizando con mucho retraso por algunas subdelegaciones del Gobierno, lo que está poniendo en riesgo el cumplimiento del siguiente hito reglamentario previsto del 25 de enero.
Las consecutivas prórrogas administrativas han producido que, al final, el periodo de diferencia entre hoy y la fecha límite de junio del 25, marcada para la obtención del COD, sea a todas luces insuficiente. El establecimiento de una prórroga para esas fechas se convierte en indispensable para no desperdiciar el tremendo esfuerzo llevado a cabo tanto por las empresas como por los funcionarios de las diferentes administraciones, asegurarnos de estar en la buena línea para el cumplimiento de los objetivos, avanzar rápidamente en la lucha contra la emergencia climática, maximizar la participación de los fabricantes nacionales y contar con un mercado eléctrico competitivo.
De cara al futuro será necesario repensar el actual sistema de hitos. En su día se pensó para eliminar de la competición a las empresas que no fueran cumpliendo sus obligaciones de desarrollo. La paradoja es que ha sido la administración la que no ha cumplido a pesar del gran esfuerzo de muchos de sus funcionarios. Cualquier procedimiento a futuro tiene que tener en cuenta las dificultades con las que se enfrenta la administración para reforzarse de personal en el corto plazo.
En la parte de autoconsumo nos hemos encontrado con una importante caída, que aún no podemos cuantificar, en el sector del autoconsumo residencial, si bien por lo que se nos transmite, el industrial y el comercial están demostrando una mayor solidez.
La perdida de la percepción de precios de energía altos por parte de los consumidores, los dos años de retraso en la tramitación de las ayudas (una vez más, el problema de las dificultades para reforzarse por parte de las administraciones) unidos a la subida de los tipos de interés y a la inflación que han traído la consiguiente disminución en la renta disponible de las economías domésticas, están detrás de esta caída en el autoconsumo residencial. Las empresas que consideraron un año pico con un año medio y se especializaron en el autoconsumo doméstico son las que están sufriendo más esta situación.
Abordar esta nueva situación, hace necesario dos tipos de actuaciones. Por parte de la administración, si quieren que se cumplan los objetivos de autoconsumo establecidos en el nuevo PNIEC, hay que buscar nuevas fórmulas de apoyo como las desgravaciones fiscales. Países como Alemania y el Reino Unido tiene un IVA cero para estos proyectos, y/o el incremento de la variabilidad de la parte fija de la factura eléctrica. Sin olvidarnos de terminar de eliminar las barreras que todavía existen para su pleno desarrollo. En particular las que se refieren a las comunidades energéticas.
Por parte de las empresas tiene que cambiar el “despachar” de los últimos años por el “vender”. Tendrán que usar la imaginación para asociar las ofertas a otro tipo de servicios para hacerlas más atractivas.
Una de las buenas noticias del año es el contenido del borrador de PNIEC enviado a Bruselas. El incrementar a 76 GW el objetivo para nuestra tecnología y la inclusión por primera vez dentro de ese objetivo de un objetivo de 19 GW para autoconsumo. Objetivo ambicioso pero necesario y alcanzable si se afrontan los desafíos pertinentes.
Uno de estos desafíos, y en el que quizás los números del PNIEC se queden un poco cortos, es el del almacenamiento. El rápido avance de la electrificación renovable unido a una reforma del mercado, quizás de no tan largo alcance como hubiera sido necesaria, hacen imprescindible, para no desperdiciar energía y la salud económica de los proyectos, la implementación de su marco administrativo y retributivo.
Se convierte en imperativo eliminar la doble imposición que sufre introducir el almacenamiento en los proyectos que vayan a las subastas de energía y establecer procesos competitivos para los mecanismos de capacidad que garanticen la rentabilidad de las inversiones en almacenamiento.
El futuro nos dirá si 2023 ha sido un año de transición o de cambio de ciclo a una consolidación del sector. Pero lo que sí parece aconsejable es que el sector tiene que prepararse para afrontar nuevos retos. Además de los ya conocidos –aceptación social, integración en la red, fijación adecuada del precio, introducción del almacenamiento, aceleración de la electrificación– hay que comenzar a soñar en otros nuevos como convertirse en motor de las nuevas ciudades e islas inteligentes y en una autentica gestión integrada de la demanda.
