La Fundacion Ingenio -explica la propia página de SOS Rural en su apartado Quiénes Somos- fue constituida en el año 2020 con el objetivo de "poner en valor una agricultura independiente, responsable y comprometida". Pues bien, "fruto del éxito de la Fundacion" -continúa el Quiénes Somos-, nace en 2023 SOS Rural, "movimiento nacional" (así se autodefine) que declara como objetivo "que la producción primaria sea un verdadero motor de sostenibilidad económica, medioambiental y social". Prácticamente desde el principio, muchos y muy diversos sectores de la Región de Murcia (el agrario, el energético, el ambientalista, el social) han puesto en entredicho, sin embargo, la credibilidad de la Fundación Ingenio (y de su "filial" SOS Rural). El pasado mes de julio, por ejemplo, activistas de diversos colectivos sociales y ambientales de la Región de Murcia se concentraban ante la fachada principal de la Asamblea Regional para mostrar su rechazo a la comparecencia (en la Asamblea) de la directora de la Fundación, Natalia Corbalán, que había sido invitada, a propuesta de Vox, para "asesorar" al Gobierno regional respecto a la futurible reforma de la Ley 3/2020, que atañe al Mar Menor.
Las asociaciones convocantes de la concentración de julio firmaron ese día un comunicado en el que, entre otras cosas, denuncian que el verdadero fin de la Fundación Ingenio no es defender una "agricultura responsable y comprometida", o proteger "el agua con la que regamos", la calidad de las aguas del Mar Menor o el medio ambiente en general, sino, muy antes al contrario, "defender los intereses de las grandes empresas, algunas investigadas en el Caso Topillo por vertidos ilegales al Mar" (se da la circunstancia de que, hace apenas unos días, este mismo mes de octubre, la propia Consejería de Medioambiente de la Región de Murcia ha ratificado que va a sancionar a la multinacional G's España, con sede en Torre Pacheco, con una multa de más de un millón de euros por contaminar el Mar Menor con sus vertidos de salmuera entre los años 2012 y 2016, y se da la circunstancia de que esta multinacional de la agroindustria forma parte del patronato de la Fundación Ingenio, FI).
No es la única empresa del patronato de la FI implicada en casos de contaminación grave del Mar Menor. La misma Consejería murciana (Medio Ambiente) proponía hace solo unos meses sancionar con otros casi 800.000 euros a Ciky Oro, empresa dedicada a la exportación de frutas y hortalizas, que figura como usuaria de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y que también es miembro del patronato de la Fundación Ingenio. ¿Motivo de la sanción? Vertidos masivos de nitratos en el Mar Menor. En todo el entramado participa también por cierto la propia Comunidad de Regantes del Campo de Murcia, que aprobó en julio de 2023 la aportación de hasta 2,4 millones de euros a la Fundación Ingenio.
El caso es que más de una veintena de organizaciones sociales y ecologistas convocaron aquella concentración de julio contra la comparecencia de la presidenta de la Fundación, Natalia Corbalán, comparecencia solicitada por Vox para que Corbalán plantease sus propuestas sobre la reforma de la ley que ha de proteger la integridad ambiental del mar Menor. Entre los convocantes estaban Alianza Mar Menor, Greenpeace, SEO BirdLife o la Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y Comarca.
Comunicado suscrito por las 23 organizaciones convocantes de la concentración contra la intervención de la Fundación Ingenio en la Asamblea Regional de Murcia
«La Fundación Ingenio cuenta con un abultado presupuesto, que dedica mayoritariamente a generar y difundir información falsa sobre el origen de la eutrofización de la laguna salada (...). No es casual que esta fundación sea negacionista: el lobby agroindustrial pone mucho dinero a disposición de esta organización, cuyo fin último es blanquear el sector primario, y procurar que las medidas que se adopten para proteger la laguna no condicionen para nada sus beneficios»
«Es vergonzoso que se dé audiencia [en la Asamblea Regional de Murcia] a esta fundación. Y no solo porque su fin sea defender los intereses de las grandes empresas, algunas investigadas en el Caso Topillo por vertidos ilegales al Mar Menor. Además, la Fundación Ingenio lleva desde hace varios años una campaña constante de desinformación y generación de noticias falsas sobre el origen del problema de eutrofización del Mar Menor» (lo que viene a plantear la FI es que la agricultura intensiva de la zona no es la responsable del estado de las aguas del mar Menor; la Fundación señala -en contra de lo que apuntan todos los estudios científicos- a las aguas residuales urbanas)
El caso es que, unos meses antes, en marzo, la denuncia corría a cargo del catedrático de Física Antonio Urbina, que pedía que “los poderes públicos, empezando por el Gobierno regional [de Murcia], dejen de financiar directa o indirectamente a entidades como la Fundación Ingenio, que emiten informes falsos a conciencia” sobre el estado del Mar Menor. Según Urbina, los informes encargados por la Fundación Ingenio tienen el objetivo de “engañar a la población e instalar una niebla que permita seguir trabajando como hasta ahora” a las multinacionales del agronegocio “con una barra libre a los nitratos”.
Pues bien, ahora, el brazo "nacional" de la Fundación Ingenio, SOS Rural (organización que se define como "movimiento nacional" y que surge "tras comprobar -explican desde su página web- que los problemas que atañen al sector primario no conocen de límites territoriales") habría empleado, según el sector fotovoltaico, el mismo modus operandi (o sea, la propagación de información falsa) en el caso del Valle del Guadalquivir.
José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica: "estamos ya habituados a ver agrupaciones que, detrás de una supuesta defensa del medio ambiente, el mundo rural o el paisaje, ocultan intereses económicos competitivos por el uso del suelo. Es difícil creer que quienes propagan esta desinformación desconozcan la realidad. Más bien, parece que están eligiendo deliberadamente ignorarla. Cuestionémonos qué motivaciones pueden existir detrás de esta aparente campaña de desinformación negacionista contra un sector, el renovable, que está transformando positivamente el panorama energético y económico nacional. No es la primera vez que la asociación SOS Rural difunde deliberadamente información falsa en torno a las energías renovables con un discurso negacionista y populista para fabricar artificialmente alarma social donde no la hay"
Tres han sido las denuncias principales de SOS Rural en este caso (denuncias, o bulos, según UNEF).
1. Hay promotores solares que le están pagando la hectárea a los agricultores propietarios de suelo a 1.000 euros para luego subarrendar ese suelo a fondos de inversión a 10.000 euros;
2. las empresas promotoras emplean “tácticas fraudulentas para esquivar escollos legales, como la fragmentación artificiosa de los megaproyectos fotovoltaicos" (en varios proyectos de menor tamaño), con el fin de "eludir el control de la Administración Estatal, que exige una tramitación ambiental ordinaria, más exigente que la ambiental “simplificada” que exige la Administración Autonómica”; y
3. se van a expropiar forzosamente terrenos para construir una planta fotovoltaica.
Pues bien, según UNEF
1. Que se esté pagando a 10.000 euros la hectárea es "totalmente falso y sin sentido". El pago de esas cantidades por hectárea -explican desde la Unión Española Fotovoltaica- haría "económicamente inviable cualquier proyecto". Los alquileres de terrenos en Andalucía para proyectos fotovoltaicos -concreta la asociación- se están pagando "de media a entre 1.500 y 2.500 euros por hectárea".
2. Que las empresas promotoras emplean “tácticas fraudulentas para esquivar escollos legales", como fragmentar megaparques en plantas de 50 megavatios, es también "absolutamente falso", según UNEF. "Las exigencias medioambientales de los proyectos son las mismas independientemente de su tamaño y de la administración que lo gestione (autonómica o estatal)", añaden desde la asociación. Más concretamente: la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a la que están sometidas las plantas de competencia autonómica (menos de 50 MW) "tiene un nivel de exigencia -concreta UNEF- igual que las plantas de más de 50 MW, sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria por la Ley estatal (Ley 21/2013)".
De hecho -continúa la asociación-, la Ley GICA andaluza que regula las actividades sometidas a AAU establece que: “Se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada: a) Las actuaciones, de titularidad pública o privada, en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, así como las que presentándose fraccionadas, alcancen los umbrales de dicho anexo mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada una de las actuaciones”. Por tanto -apuntan desde UNEF-, las plantas fotovoltaicas que requieren AAU "son sometidas a una evaluación de impacto ambiental, con el alcance y estándares que marca la Ley 21/2013".
3. Que la promotora va a expropiar forzosamente terrenos para construir cinco plantas (254 megavatios) en una superficie de 895 hectáreas en contra de la voluntad de los propietarios de las tierras, tal y como denuncia SOS Rural, también es "todo y totalmente falso", según UNEF. "La instalación no está basada en expropiaciones forzosas. Los promotores tienen ya acuerdos voluntarios de alquiler -explican desde la asociación- con el 96,3% de los propietarios del terreno".
Los datos facilitados por UNEF son los siguientes
• estamos hablando de seis parques (por un total de 310 megavatios), todos los cuales han alcanzado acuerdos con los propietarios que superan el 90% (varios de los parques tienen ya acuerdos con el 100% de los propietarios);
• la empresa (Greenalia) espera invertir aproximadamente 176 millones de euros en la obra;
• estima que creará 2.160 puestos de trabajo durante la fase de construcción y que mantendrá "al menos 37 empleos garantizados para el mantenimiento" (la vida útil de un parque fotovoltaico ronda los 30 años). Además, la empresa ha anunciado que dará prioridad en la contratación de personal a los temporeros que hayan trabajado en años anteriores en las fincas en las que se vaya a instalar la planta solar. Lo hará tanto en el proceso de instalación, que requerirá mano de obra intensiva, como tras la construcción de la planta, “empleo de calidad y cualificado, para lo cual la empresa dará formación”;
• en realidad son 402,2 hectáreas, y no 895, las afectadas, poco más del uno por ciento de las hectareas de los tres ayuntamientos (Lopera, Arjona y Marmolejo);
• las nuevas instalaciones entregarán 7,5 millones de euros en impuestos a los tres ayuntamientos;
• y 210.000 euros al año durante la vida del parque en medidas compensatorias.
La Unión Española Fotovoltaica ha querido desmentir un cuarto "bulo" del comunicado de SOS Rural: “España corre el riesgo de pasar de ser dependiente energéticamente a ser dependiente también alimentariamente”, decía el martes en su comunicado la organización murciana.
Pues bien, "esta afirmación -sostiene UNEF- no tiene ningún sentido". Si se instalase absolutamente toda la fotovoltaica que fija como objetivo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030 (y para ello habría que sumar a los 28.000 megavatios hoy operativos otros 28.000), "seguiría quedando disponible -apuntan desde UNEF- el 99,6% del terreno agrícola". El verdadero riesgo para el campo -denuncia la patronal fotovoltaica- es la desertización, "que sí es objetivamente un problema, y para cuyo freno es imprescindible la transición energética". Y ahí UNEF postula las energías renovables en general, y la fotovoltaica en particular, como la vía más rápida de transición hacia un modelo energético alternativo al fósil, que considera responsable del cambio climático.
"La crisis climática -recuerdan desde la asociación- causó 1.200 millones de euros en pérdidas agrarias en 2023 en España, según el sistema de Seguros Agrarios Combinados, superando en un 50% a 2022, que fue a su vez un año récord. Y, según el Instituto Geográfico Nacional –continúa UNEF-, la erosión, que es causa y síntoma de la desertificación (que avanza cada vez más por culpa del cambio climático), está propiciando que España pierda cada año 543 millones de toneladas de suelo. Eso sí que puede poner en riesgo -concluye UNEF- la independencia alimentaria. Nosotros somos la solución, no el problema".
