La carta tiene fecha de 31 de mayo, cinco días después del triunfo socialista en las elecciones generales, y lleva el membrete del PSOE. La misiva la firma Hugo Morán, en su condición de secretario federal para la Transición Ecológica de la Economía en el Partido Socialista (Morán es además secretario de estado de Medio Ambiente en el Ministerio para la Transición Ecológica). El Ministerio, que dirige Teresa Ribera, tiene dos secretarías de estado: Medio Ambiente (que encabeza como apuntamos Morán) y Energía, que lidera José Domínguez Abascal, que mantendría una relación no particularmente fluida, según algunas fuentes, con los responsables del área de Energías Renovables del organigrama ministerial. Según el Ministerio (miteco.gob.es), las dos primeras funciones de esta secretaría son "el desarrollo de la política energética y minera y la propuesta de iniciativas legislativas y normativas" (en esa materia. energía y minas).
Energías Renovables reproduce a continuación la carta de Morán
«Para su oportuno conocimiento, le traslado los términos del compromiso electoral explicitado por el Partido Socialista Obrero Español, en relación con la búsqueda de una reparación razonable para el conjunto de damnificados por los cambios regulatorios aplicados en el ámbito de las energías renovables.
"Reafirmamos nuestro compromiso con quienes invirtieron en energías renovables antes de 2013. En el Marco Estratégico de Energía y Clima aprobado por el Gobierno, queremos proporcionar alternativas a los pequeños inversores que se vieron perjudicados por la inseguridad de un marco regulatorio qeu cambió sin previo aviso, ni medida paliativa alguna".
Atentamente.
Hugo Morán, secretario federal para Transición Ecológica de la Economía»
A continuación, repasamos brevemente la historia del hachazo a las renovables
Todo empieza así: el legislador crea un marco legal -vía Boletín Oficial del Estado- en el que establece unas condiciones determinadas: el kilovatio generado en una instalación solar fotovoltaica -dice ese marco-, y en tanto en cuanto es un kilovatio limpio (no emisor de CO2), merece una retribución muy concreta (que especifica el BOE) durante un período muy concreto (que asimismo explicita el BOE), una retribución especial que es establecida para reconocer esa singularidad. Y la electricidad de fuente renovable merece esa retribución singular -llámese prima- porque, a diferencia de la convencional -dice el BOE-, no ensucia; es limpia. Pues bien, los inversores, a la luz de ese marco, diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación genera tantos kilovatios (kW); el gobierno avala vía BOE que el precio que yo recibiré por cada kilovatio que produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco, que me ha dicho se fía de los boletines oficiales del Estado); y, dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo.
El Gobierno considera que esa es una buena manera -la certidumbre en el precio a largo plazo- de animar a la ciudadanía a invertir en energías renovables. En realidad, el objetivo último del Ejecutivo -el objetivo último perseguido con la aprobación de esas normas, que incentivaban la inversión- es incrementar la cuota renovable (el porcentaje de electricidad limpia, no emisora de CO2) en el mix eléctrico nacional.
¿Y por qué quiere el Gobierno incrementar esa cuota?
Pues para cumplir con sus compromisos climáticos: los que había adquirido el Reino de España con la firma, en 1997, por parte del Gobierno Aznar, del Protocolo de Kioto, protocolo internacional que fue ratificado por el mismo Gobierno Aznar allá por el año 2002. En fin, que el Estado animaba la inversión privada en energías renovables, cumplía con sus objetivos internacionales (sustituía electricidad sucia -carbón, gas- por electricidad limpia, no emisora de gases de efecto invernadero, o sea, que reducía sus emisiones de CO2) y así evitaba el tener que hacer con dinero público esas inversiones.
Pero, ¿qué ocurre? Pues que, transcurridos apenas tres años de la aprobación de esas normas, primero el Gobierno Zapatero (con el Real Decreto 14/2010) y luego el Ejecutivo Rajoy, con todo un rosario de decretos y órdenes (abajo los recogemos), efectúan toda una serie de recortes a la retribución del kilovatio hora de origen renovable, recortes que son denunciados en los tribunales internacionales como "retroactivos".
Son denunciados en tribunales internacionales por los inversores y grandes fondos de capital extranjeros que habían puesto en marcha instalaciones renovables en España, y son denunciados en tribunales españoles por los pequeños inversores nacionales, 60.000 familias, ciudadanos españoles, que no tienen derecho a acudir a los tribunales internacionales para denunciar a su propio estado.
Grosso modo, en fin, lo que sucede es que, si hasta un momento dado, la retribución del kilovatio hora fotovoltaico, termosolar o eólico era equis, a partir de la entrada en vigor de las nuevas normas esa retribución queda reducida en un 20, un 30, un 50%, según los casos (y ello sucede solo cuatro o cinco años, depende del caso, después de que se aprobaran las normas que establecían un precio a respetar durante 20 ó 25 años).
La consecuencia de esa modificación es que las familias que habían solicitado créditos para poner en marcha sus huertas solares (y que se habían comprometido a pagar una letra equis en función de lo que iban a obtener por la venta de sus kilovatios hora durante 20 ó 25 años) se ven así gravemente afectadas en el año cuarto ó quinto de sus pagos, cuando comienzan a ingresar a partir de entonces mucho menos de lo previsto y tuvieron que refinanciar su deuda hipotecándose o solicitando más créditos.
Los más perjudicados se vieron, se han visto, abocados a vender (sobre el particular, léase Los fondos buitre acechan las huertas solares).
Nota
Las normas que modificaron la legislación y que desencadenaron la cascada de denuncias fueron las siguientes: el Real Decreto-ley (RDL) 14/2010 (con Gobierno Zapatero), por una parte, y, por otra, el RDL 1/2012, el RDL 13/2012, el Real Decreto (RD) 413/2014 y la Orden IET 1045/2014 (estos cuatro últimos, aprobados por el Ejecutivo Rajoy).
