El Ejecutivo Rajoy ha declarado la guerra total a la energía solar fotovoltaica (FV), probablemente la forma más horizontal de generación de electricidad, la tecnología más democrática, aquella que puede costearse casi cualquier ciudadano (una instalación de cinco kilovatios de potencia nominal puede rondar los 10.000 euros, por ejemplo). Pues bien, frente a la solar, el Ejecutivo está elevando todo tipo de barreras, entre ellas, el conocido como "impuesto al sol" (gravamen que el Ministerio de Industria ha denominado "cargo" en el último borrador de Real Decreto, RD). Ese gravamen prolonga tanto la amortización de la inversión del pequeño productor fotovoltaico que parece destinado no más que a desalentar a los potenciales autoconsumidores. Porque resulta que lo que uno se va a ahorrar generando en el tejado de casa esa electricidad solar, al final se lo va a tener que gastar... en impuestos. Y, así, si en principio una instalación FV podría ser amortizada en cuatro o cinco años, al final, con ese gravamen de por medio, la amortización se puede ir a diez, quince o veinte años, según el caso.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la patronal del sector, lo explica así: si finalmente fuera aprobado el RD tal cual está redactado ahora mismo... el asunto resultaría en que cada kilovatio hora consumido por un propietario de una instalación de autoconsumo tendría que pagar al sistema el doble de peajes que los que ese mismo kilovatio le costaría a ese consumidor si lo extrajese de la red, o sea, si se lo comprase al gran oligopolio nacional (léase sobre el particular Las pymes al sol). El proyecto de RD ha recibido así, lógicamente, varapalos de todos los colectivos imaginables: de la patronal del sector de las energías renovables, de los sindicatos, de casi todos los partidos políticos, de las asociaciones de consumidores, de las organizaciones ecologistas, de las fundaciones y entidades de defensa de las energías limpias y prácticamente de cualquiera que tenga un ápice de sensatez.
UNEF
Entre los más críticos se encuentra UNEF, que difundió ayer un comunicado en el que denunciaba que ese proyecto de RD discrimina al autoconsumo FV "con respecto a otras formas de autoconsumo, como el realizado por las grandes centrales de producción convencionales –nucleares, carbón, gas-, para las que la normativa no prevé ningún tipo de cargo al autoconsumo, a pesar de ser de los mayores autoconsumidores del país". Si la norma aplicase los “cargos” al autoconsumo previstos para las instalaciones fotovoltaicas también a las grandes centrales -explica UNEF-, el sistema recaudaría unos 230 millones de euros al año, frente a los quince millones de euros que el sistema conseguiría con un “impuesto al sol” -específico para las instalaciones FV- que se aplicase a 200 megavatios de instalaciones de autoconsumo solar, que es un escenario (los 200 MW) que contempla (véase) la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el horizonte 2020.
Cogeneración
"Tampoco tiene justificación la discriminación de los autoconsumidores fotovoltaicos -continúa UNEF- con respecto al autoconsumo por cogeneración, también exento hasta 2020 de los cargos del sistema". En muchas centrales de cogeneración (que producen electricidad y calor), parte de esa electricidad (o toda) es autoconsumida por la propia instalación en sus procesos industriales. Sin embargo, en este caso, el Ministerio tampoco aplica a ese autoconsumo "cargo" alguno. La mayoría de las instalaciones de cogeneración trabajan con gas (emplean gas para generar calor y electricidad). Así las cosas, UNEF considera que "el cargo discriminatorio al autoconsumo fotovoltaico por el ahorro en la factura que supone para sus propietarios es tan injustificable como gravar otras medidas de ahorro y eficiencia energética como el uso de electrodomésticos eficientes que, por su propia naturaleza, buscan el ahorro energético".
Allende los mares
Otra de las críticas que plantea UNEF al proyecto de RD que ha perfilado el Gobierno alude a la situación de los sistemas eléctricos extrapeninsulares: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. En todos esos territorios generar electricidad sale más caro que hacerlo en cualquier punto de la península, donde las fuentes de generación son más numerosas (la oferta es mayor, pues) y las redes son más robustas (las pérdidas son menores y el integrar energías renovables es más sencillo). Así las cosas, si en España el coste de generar un megavatio hora de electricidad puede rondar los 50 ó 60 euros, en Canarias ese coste -explica UNEF- está en torno a los 184 y en Baleares, a los 139 (la conexión submarina Baleares-Península, que se puso en marcha hace apenas tres años, ha abaratado ese coste, que, en todo caso, continúa muy lejos de la media peninsular). El caso es que, para que los habitantes de esos territorios paguen la electricidad al mismo precio que en cualquier otro lugar del territorio nacional, el Ejecutivo "subvenciona" la diferencia.
Canarias
Pues bien, esa ayuda a los sistemas extrapeninsulares supone -explica UNEF- "unos 1.800 millones de euros cada año de sobrecargo para el sistema eléctrico, 1.800 millones de euros que son incluidos en la factura del resto de consumidores". ¿Y qué tenemos como alternativa; qué tenemos enfrente? Pues, según UNEF, el autoconsumo, que, sin subvenciones -pues estaríamos hablando de instalaciones sufragadas por los propios consumidores-, puede producir energía por menos de cien euros el megavatio hora. Sin embargo, el borrador de normativa sobre Autoconsumo que ha elabordo el Ministerio de Industria no elimina el “impuesto al sol” en los sistemas extrapeninsulares: todas las instalaciones deberán pagar el impuesto al sol por la potencia -denuncia UNEF- y tan sólo, y de forma transitoria, el Ejecutivo reduce ese gravamen o exime de su pago en ciertos casos y solo en lo que se refiere al “impuesto al sol” por la energía, "algo que carece de sentido ni justificación", según UNEF (el impuesto al sol en realidad son dos impuestos: uno es aplicado a la potencia que tenga la instalación solar de autoconsumo; el otro es aplicado a cada uno de los kilovatios hora que genere esa instalación).
De la transitoriedad y la retroactividad
Además -concluye UNEF-, la transitoriedad de las exenciones "no proporciona la garantía jurídica necesaria para acometer las inversiones". La asociación denuncia también el carácter retroactivo de la legislación que está alumbrando el Partido Popular: "el nuevo texto del proyecto de RD sigue manteniendo la retroactividad -lamenta la asociación-, de manera que todas las instalaciones ya legalizadas que ahora no se ajusten a la norma, pasarían a ser ilegales". Además -denuncian desde UNEF-, el último borrador de RD de Autoconsumo que ha preparado el gobierno mantiene la amenaza de multas de hasta sesenta millones de euros (60 M€) para quien no cumpla las nuevas condiciones y, así mismo, la posibilidad de que un inspector entre en tu propiedad sin orden judicial, lo cual podría no encajar en el marco constitucional, según algunas fuentes.
** Según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica, "las centrales de producción convencionales –nucleares, carbón, gas- consumen aproximadamente un 8% de su producción, pero están exentas de los cargos que sí se aplican al pequeño autoconsumidor. La aplicación de estos cargos a las grandes centrales de energías fósiles -continúa UNEF- podría suponer unos ingresos para el sistema de en torno a los 230 millones de euros al año; asimismo, el autoconsumo por cogeneración también está exento hasta 2020 de los cargos, que podrían suponer otros 100 millones de euros al año".