Greenpeace ha presentado un estudio que analiza quién y dónde se aprovecha más del mecanismo de determinación de afección ambiental, también conocido como "tramitación ambiental exprés",y detalla el estado de tramitación, la distribución geográfica y qué empresas han solicitado, con datos diferenciados entre tramitación "limitada" y "sin límites", los 210 proyectos que han solicitado la tramitación ambiental exprés (desde la entrada en vigor del RDL 6/2022 hasta el RDL 20/2022). El informe detalla que Iberdrola, Capital Energy, Ignis Energía, Acciona y el Grupo Édora son las empresas que más han aprovechado la tramitación ambiental exprés, siendo las dos primeras en hacerlo Capital Energy e Ignis Energía. Además, Castilla y León y Castilla-La Mancha acumulan el 56 % de todas las solicitudes dado que en estos territorios los proyectos tienen más probabilidad de obtener la luz verde ambiental a través de esta vía exprés.
Durante el primer mes desde la entrada en vigor del RDL 6/2022 se realizaron el 40 % de todas las solicitudes hasta finales de 2023. Es decir, que la tramitación "sin límites" no tuvo tanta demanda como la versión "limitada". Como resultados, se han tramitado 8 proyectos al mes por vía exprés y sólo una cuarta parte de los proyectos ha requerido la tramitación "sin límites". Todos los proyectos que se han aprobado, hasta finales de diciembre de 2023, están completamente ubicados en zona de baja sensibilidad ambiental y dentro de los límites de potencia establecidos inicialmente, pero hay al menos 11 proyectos que no podrían haber sido tramitados bajo la versión "limitada", según Greenpeace. Además, el 68 % de las solicitudes de tramitación ambiental exprés "sin límites" sigue a la espera de resolución, sigue siendo elevado el riesgo de que instalaciones en zonas sensibles ambientalmente se evalúen de forma apresurada y reciban la luz verde ambiental sin la información imprescindible que aportan las comunidades locales a través de la consulta pública.
Como conclusión, Greenpeace asegura que la tramitación ambiental exprés, en sus dos versiones ("limitada y "sin límites"), no ha conseguido su objetivo de agilización masiva de la tramitación de los proyectos de renovables pero ha sentado un precedente peligroso: se acepta como mal menor el recorte de la participación social y de las garantías ambientales, especialmente en el caso de la versión "sin límites", en la que el riesgo es mucho mayor.
Sara Pizzinato, de la campaña de Energías Renovables de Greenpeace: "hay que buscar urgentemente alternativas para agilizar la transición que no lleven a perder las garantías ambientales y la participación ciudadana. Hay opciones como la digitalización de los trámites, creación de ventanillas únicas, mejorar la coordinación entre Administraciones y una ordenación territorial para el despliegue de las renovables que excluya las zonas protegidas y de alta sensibilidad ambiental. Queda claro que la tramitación exprés no es un trampantojo, como decía la vicepresidenta Ribera, sino una peligrosa trampa para facilitar las malas prácticas y obstaculizar las buenas en el desarrollo renovable"
Greenpeace pide sustituir esta tramitación ambiental por mecanismos de aceleración que incluyan la participación ciudadana y que impulsen los proyectos en zonas urbanas, industriales, urbanizables, de baja sensibilidad ambiental, tejados, infraestructuras existentes y comunidades energéticas. Ante el reciente compromiso de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, para identificar y promover las buenas prácticas que permiten a las renovables beneficiar a los territorios que las acogen, Greenpeace recuerda que la tramitación ambiental exprés es contraria a algunas de las buenas prácticas más prometedoras, identificadas en el informe sobre buenas y malas prácticas en la implementación de proyectos fotovoltaicos y eólicos en suelo, presentado por la organización hace unos días: la participación temprana de las comunidades y la transformación de las plantas en zonas de restauración de la biodiversidad.
Sara Pizzinato, de la campaña de Energías Renovables de Greenpeace: "compartimos la necesidad de agilizar los trámites para las renovables, pero los mecanismos que acortan las garantías ambientales y eliminan la participación pública responden más a los intereses de determinadas empresas que a los generales y fomentan el rechazo social que acaba generando retrasos, el efecto contrario que se buscaba con la norma"
Sobre la tramitación ambiental exprés
El mecanismo de determinación de afección ambiental -relata Greenpeace- es conocido como "tramitación ambiental exprés". El Gobierno español estableció unas zonas de aceleración para las energías renovables en las que se relajan las garantías ambientales dando sólo dos meses al funcionariado para resolver una Declaración de Impacto Ambiental (en caso de que el proyecto sea admitido a pasar por la vía rápida) y se suprime la participación pública en el trámite ambiental. Primero, el 31 de marzo de 2022, el Gobierno empezó limitando este proceso rápido sólo a zonas de baja y media sensibilidad ambiental y potencias inferiores a 75 megavatios (MW) para eólica y a 150 MW para fotovoltaica ("limitada" - RDL 6/2022). La sociedad se opuso y se consiguió limitar a las zonas de baja sensibilidad, pero no se consiguió reintroducir la participación pública. Sin embargo, el 29 de diciembre de 2022, bajo presión por encontrar soluciones ante el encarecimiento de la vida como consecuencia de la dependencia del gas, el Gobierno transformó todo el territorio español en un área de aceleración para las renovables (a excepción de la Red Natura 2000 y del mar), independientemente del tamaño de las instalaciones ("sin límites" - RDL 20/2022). Greenpeace, junto a muchas otras organizaciones, se opuso a esta decisión.
Estudio sobre "tramitación ambiental exprés"
Greenpeace exige proyectos renovables más transparentes, participativos y respetuosos con la biodiversidad
