La eólica en España es una historia de éxito. El sector eólico aporta un 0,50% al PIB español y emplea a más de 39.000 profesionales, siendo la primera tecnología del sistema eléctrico, con una cobertura del 25% de la electricidad que consumimos.
Nuestro país cuenta con el 100% de la cadena de valor eólica y se encuentra entre los líderes mundiales en la fabricación y exportación de aerogeneradores con más de 250 centros industriales. Si cumplimos los objetivos indicados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) a 2030 podremos llegar a disponer de más de 67.000 empleos, todos ellos especializados y de alto valor añadido, con un gasto medio anual actual por profesional equivalente a sectores como las telecomunicaciones o la industria farmacéutica.
Aun contando con estas grandes fortalezas, el sector se enfrenta en la actualidad a enormes desafíos.
El primero de ellos tiene que ver con el ritmo de avance de la eólica necesario para cumplir el Pniec. Acelerar la tramitación administrativa es crítico para nuestra resiliencia energética, económica, industrial y climática. Todos los países debemos priorizarla como un asunto vertebral. Hay que tramitar más rápido y cumplir los plazos establecidos en la normativa europea, con criterios homogéneos y coordinación estrecha entre las administraciones. Para ello, es indispensable que las Administraciones Públicas competentes dispongan de las capacidades necesarias de forma integral: con los recursos materiales y herramientas, con las personas y la formación necesarias, con directrices únicas y claras, con estructuras organizativas realmente operativas, y con enfoques modernos y procesos eficientes. Y el sector debe contribuir con responsabilidad y rigor, priorizando aquellos proyectos más maduros y enfocando los esfuerzos en aquellas iniciativas que tienen menos riesgo.
Para poder alcanzar en 2030 el objetivo eólico de 62 gigavatios (GW) contemplado en la propuesta de Pniec remitida a la Comisión Europea para su aprobación, habría que incorporar más de 4 GW al año, necesarios no solo para el consumo directo de los hogares y empresas sino para consumos industriales de sectores clave como el hidrógeno renovable. Por tanto, si la eólica no puede cumplir con el ritmo de instalación adecuado, las implicaciones son multisectoriales.
En este punto es primordial disponer de seguridad jurídica, que impida que proyectos que han obtenido todas las autorizaciones técnicas y ambientales y tras años de exhaustivo trabajo puedan ser paralizados posteriormente por criterios judiciales que modifican la interpretación de una norma que ha venido siendo utilizada hasta la fecha de forma satisfactoria. Paralizar instalaciones o proyectos en construcción tiene implicaciones graves en el empleo del sector, pero también en el empleo industrial que será consumidor de la energía generada por los mismos.
La aceptación social de la eólica en los territorios es clave para lograr el ritmo de avance necesario. La primera responsabilidad recae en el sector, el cual debe trabajar con sensibilidad y rigor, de forma anticipada en los territorios y siendo conscientes de las realidades locales. Tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía sobre la realidad de los beneficios que los parques eólicos trasladan al territorio, a su socioeconomía local y al cuidado del medio ambiente.
Otro de los desafíos es la actual evolución de la electrificación de la economía, necesaria para que la demanda eléctrica vaya creciendo paulatinamente y dando cobertura a la instalación de las nuevas instalaciones renovables. Es necesario evitar situaciones de pérdida de rentabilidad de activos renovables, que puedan estar ociosos a la espera de una demanda de energía, asumiendo pérdidas de rentabilidad y ocasionado una paralización de la toma de decisión sobre nuevas inversiones a futuro. Conseguir ritmos de crecimiento renovable equilibrados y sincronizarlos con el crecimiento de la demanda es clave.
De igual modo, velar por la industria eólica en Europa es una prioridad. La competencia desde terceros mercados con prácticas comerciales agresivas y en algunos casos anticompetitivas llega a Europa en un momento de enorme vulnerabilidad financiera de nuestra industria, tras trimestres consecutivos de pérdidas desde la crisis del Covid y las posteriores situaciones de inflación de precios, retrasos logísticos y crisis energética a nivel global.
Por ello, la Comisión Europea ha presentado este año el European Wind Power Action Plan, específicamente destinado al sector eólico, lo que demuestra que la energía eólica y su cadena de valor son vectores indispensables para la transición energética y para la autonomía industrial y tecnológica de Europa. La industria eólica debe contar con mecanismos de urgencia que apoyen la supervivencia financiera y el crecimiento de las capacidades industriales eólicas actuales, que permitan seguir invirtiendo en I+D y que permitan a los gobiernos priorizar la tecnología europea frente al resto, equilibrando las condiciones de competencia entre los actores extracomunitarios y los de la Unión Europea.
En este aspecto, cómo ponemos en práctica la búsqueda del valor y no del puro precio a la hora del desarrollo de los proyectos eólicos, tanto mediante subastas como con otras modalidades de implantación, es uno de los objetivos a conseguir. Medidas como la precalificación de actores con una óptica industrial europea siguen siendo tremendamente necesarias y pragmáticas para poder equilibrar la balanza.
Por último, 2024 debe ser el año del despegue de la eólica marina en España. La eólica marina flotante es una oportunidad de país por la creación de nuevos empleos y por las sinergias con otras actividades industriales, como la industria naval o la portuaria, entre otras. El Pniec identifica como retos específicos la instalación de al menos 3 GW de eólica marina en 2030 y para conseguirlo debemos disponer de la primera subasta en 2024.
