El Gobierno quiere aprobar un impuesto del 1,2% sobre las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Y las grandes compañías, gasísticas y petroleras, ya se han posicionado en contra de ese 1,2. La Asociación Española de Operadores Productos Petrolíferos (AOP), por ejemplo, difundía la semana pasada una nota de valoración de la medida en la que se manifestaba explícitamente “contraria al nuevo gravamen energético, presentado este jueves vía proposición de ley por PSOE y UP en el Congreso”. Según la AOP, “basar el nuevo gravamen en beneficios coyunturales solamente tendría sentido si al tiempo se aportasen ayudas ante pérdidas coyunturales, como la vivida en el año 2020”. La Asociación avisa al Gobierno por otro lado de que “los recursos de las compañías del sector son imprescindibles para seguir acometiendo las inversiones para alcanzar la neutralidad climática”. Entre las compañías que forman parte de AOP se encuentran las petroleras Galp, Cepsa, BP o Repsol, que hace apenas una semana declaraba 2.539 millones de euros de beneficio neto en el primer semestre del año (2.499 en el primer semestre de 2021). Repsol forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Empresarial Eólica.
También la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc) reaccionaba de inmediato contra la propuesta legislativa del Gobierno de coalición. Según la Asociación (que integran solo tres empresas: Iberdrola, Endesa y EDP), la incorporación de un nuevo gravamen introduciría "una incertidumbre adicional en las empresas, lastrando los ambiciosos planes de inversión" de sus socios para acelerar la descarbonización de la economía y reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles del exterior. En ese sentido, aelēc considera que la imposición de este tipo de gravámenes es "claramente contraria" al objetivo de incorporar masivamente energías renovables al sistema eléctrico y facilitar la transición energética y afirma además en su comunicado -informa Europa Press- que este nuevo impuesto tendría, en la práctica, "un importante coste" en términos de actividad económica y empleo, ya que impactaría en otros sectores productivos.
En la misma dirección se manifiesta ahora la Asociación Empresarial Eólica. AEE también está en contra del impuesto del 1,2% sobre las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año, que estaría en vigor durante 2023 y 2024 y pretende recaudar 2.000 millones de euros al año de los ingresos netos en 2022 y 2023.
En sintonía con aelēc, la gran patronal eólica, en cuya junta directiva también se encuentran Iberdrola, Endesa, EDP y Repsol, también advierte que “la medida puede modificar los planes de inversión y despliegue de nuevas renovables (…), dilatando aún más el ritmo de despliegue eólico que necesitamos en España y, por tanto, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima".
Además, AEE señala los que considera otros tres “riesgos inherentes” (así los cataloga) a la aprobación de la medida. Son estos: (1) la medida puede implicar una paralización temporal de ciertos encargos a la industria, justamente en unos momentos complejos para la situación financiera de nuestros fabricantes en España y Europa; (2) la medida podría poner en riesgo la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables con Régimen Económico Regulado; y (3) la medida podría conllevar la revisión de contratos PPAs formalizados en estos años por los actores que se van a ver afectados.
Adicionalmente, AEE señala dudas sobre si la medida propuesta facilitará efectivamente la bajada del precio de la energía para los consumidores, o si podría incluso generar efectos contrarios por el propio funcionamiento del mercado.
El sector eólico concluye su comunicado insistiendo en que “hay que ser muy cautos y cuidadosos con las señales que se envían al mercado y que pueden poner en riesgo las inversiones o el avance necesario de las renovables en España”, por todo lo cual está en contra del impuesto del 1,2% sobre las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año que ha propuesto el Gobierno.
Repsol ha declarado 2.500 millones de euros de beneficio en este primer semestre, período durante el cual Iberdrola ha incrementado en más de treinta puntos sus ingresos (+30,3%) y Endesa ha incrementado diez puntos su beneficio neto (+10%).
