La expresión empleada por Gramlich coincide con la que usó la presidenta de AEE, Rocío Sicre, en la última Convención Eólica. Allí, y tras lamentar la ausencia del gobierno (el ejecutivo no envió en esta edición de la Convención a ningún representante), Sicre señaló que si la política eólica del Partido Popular continúa ignorando al sector, España podría tirar por la borda el esfuerzo de los últimos veinte años. En concreto, esto fue lo que dijo la presidenta de AEE: “estamos prácticamente convencidos de que el gobierno español acabará por tendernos la mano; de lo contrario, se tirará por la borda el esfuerzo de los últimos veinte años, que ha llevado a España a ser líder mundial en un sector a la vanguardia tecnológica”. Pues bien, en la misma dirección han ido las declaraciones que ha hecho Gramlich en el curso de la jornada internacional organizada esta semana en Madrid por la Asociación Empresarial Eólica.
En el evento ha participado un grupo de expertos nacionales e internacionales que han debatido sobre los diferentes modelos regulatorios posibles para la energía eólica. Según la AEE, los expertos reunidos en Madrid han coincidido en que, independientemente del modelo, lo fundamental es que el nuevo marco regulatorio sea estable y predecible y mantenga la seguridad jurídica de las instalaciones eólicas en marcha para seguir atrayendo inversión. Entre las intervenciones más incisivas, AEE destaca, en el comunicado que ha difundido, la del vicepresidente senior de Public Policy de AWEA, la asociación eólica de Estados Unidos, Robert Gramlich. Según Gramlich, que ha señalado que España y Estados Unidos se encuentran en una situación muy similar de incertidumbre regulatoria, “a los reguladores hay que decirles que, piensen lo que piensen sobre los sistemas de incentivos, es terrible para un país tirar una industria por la borda. Tenemos una industria de éxito. No la matemos”.
La propuesta de la Asociación Empresarial Eólica
Por su parte, la AEE ha hecho su propuesta de marco regulatorio. Lo ha hecho, concretamente, por boca de Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas de la asociación. Según Willstedt, los "principios que debe cumplir la nueva norma" son los siguientes: "no vulnerar los derechos adquiridos por los parques instalados; favorecer la estabilidad; permitir el control de volúmenes y costes del sistema; compatibilizar el cumplimiento de los objetivos europeos con las mejoras tecnológicas; establecer un objetivo diferenciado para Canarias; fomentar la repotenciación; eliminar las distorsiones que introducen las contrapartidas que exigen las comunidades autónomas; y garantizar una retribución mínima para facilitar el acceso a la financiación". Willstedt ha descrito asimismo los diferentes modelos regulatorios para la eólica que imperan en el mundo. Son, grosso modo, cuatro: feed-in-tariff (que incentiva a la eólica mediante una tarifa fija o variable que perciben las empresas, como es el caso de España); certificados verdes (que adquieren las comercializadoras de electricidad para cumplir con unos objetivos fijados por el gobierno); incentivos fiscales o financieros a la inversión; y subastas (el gobierno establece objetivos de potencia y la selección se hace, en la mayor parte de los casos, por precio).
A vueltas con la retroactividad
Según AEE, ahora mismo "hay numerosos países que están instaurando subastas". Uno de los expertos presente en la jornada, Andrea Zaghi, responsable del área internacional de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APER) italiana, ha lamentado que Italia camine hacia ese sistema tras haber contado con certificados verdes durante los últimos años: “creemos que las subastas introducirán más burocracia y retrasarán las inversiones en eólica”, ha dicho. En la misma línea, Willstedt, que ha destacado que el sistema de mercado más prima español ha sido considerado como el más eficiente por la Comisión Europea, ha añadido que en Europa las subastas han tenido poco éxito: “solo el 19,8% de los megavatios adjudicados así fueron instalados”.
Jesús Sánchez de Tembleque, subdirector de Regímenes Especiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE), también se ha pronunciado sobre las subastas: “un sistema así podría ser adecuado, fijando unas condiciones de suelo y de techo”. En ese sentido, Jesús Antonio Losa, director del Área de Financiación de Energías de Caixa Bank, ha estado de acuerdo en la importancia de fijar un suelo: “el mejor sistema, tanto para el banco como para el promotor, es el que establece un precio mínimo fijo que el proyecto vaya a cobrar”, afirmó. Losa también considera que “para mantener la inversión extranjera en España es necesario un sistema predecible, que no cambie las reglas del juego”. Como David Pérez, socio de la firma de consultoría Eclareon: “la regulación debe huir de la retroactividad, que espanta a los inversores, y los cambios que se hagan no deben ser bruscos. Además, la política energética debe armonizarse con la industrial”.
