La historia es tal y como sigue. El Gobierno central -con Mariano Rajoy a la cabeza y el canario José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo- aprobó en octubre del año pasado un real decreto (900/2015) que obliga a que todo aquel que disponga de una instalación de autoconsumo tenga contratada tanta potencia o más que la que tiene esa instalación. Ese real decreto (RD) incluye además un impuesto que grava todo kilovatio hora que produzca esa instalación, incluso aquellos kilovatios hora que autoconsumo instantáneamente, es decir kilovatios hora (kWh) que genero en el tejado de mi casa, recorren el cableado de mi hogar y consumo en el frigorífico de mi cocina, kWh en fin que jamás llegan a la red. Es el conocido como impuesto al sol.
Desde el año 12
El Ejecutivo central empezó a trabajar en la redacción del RD 900 a mediados de 2012. Es a partir de entonces cuando empieza a sonar la posibilidad de que ese RD, también conocido como Real Decreto de Autoconsumo, incluya un impuesto de esas características. El Gobierno de la nación demora sin embargo la aprobación de esa norma hasta octubre de 2015, a apenas 8 semanas vista de las elecciones generales. El Ejecutivo canario hace lo contrario: se adelanta a la norma nacional y aprueba en febrero un Decreto (6/2015) con el que evita (pretende evitar) que las instalaciones de autoconsumo canarias tengan que hacer frente al futurible impuesto. Algunas de ellas, además, podrían salir doblemente perjudicadas con la norma nacional porque tampoco se ajustan al límite de potencia (véase el caso de las desaladoras eólicas).
Del calendario electoral
La jugada del Ejecutivo autónomo, que preside en ese momento Paulino Rivero (Coalición Canaria, CC), es tachada por algunos actores del sector como electoralista. Ciertamente, el Decreto 6/2015 es aprobado apenas unas semanas antes de las elecciones autonómicas. Sea como fuere, el artículo 8 de ese decreto señala que "la Consejería competente en materia de energía establecerá las condiciones administrativas, técnicas y de cualquier otro tipo que habrán de cumplir las instalaciones eólicas para que estas tengan la efectiva consideración de instalaciones de producción de autoconsumo". El Gobierno canario pretende así evitarle a los autoconsumos eólicos el pago del impuesto al sol. ¿Cómo? Arrogándose la competencia en materia de "condiciones administrativas, técnicas y de cualquier otro tipo".
¿Resultado?
El Decreto 6/2015 es aprobado en febrero y Coalición Canaria, aunque pierde más de 60.000 votos y casi siete puntos porcentuales, obtiene suficiente apoyo en las elecciones autonómicas de mayo. Suficiente, como para reeditar Gobierno. Tras las autonómicas, se abre un paréntesis hasta diciembre (de 2015), cuando habrán lugar las generales: 20D. El PP vuelve a ganar -mayoría insuficiente, pero victoria al fin- y se abre entonces un año de incertidumbre y Gobierno en funciones. Hasta que el PSOE pasa del "no es no" a la abstención y Mariano Rajoy es investido a finales de octubre (de 2016). Durante todos estos meses, el Ejecutivo autónomo ha estado insistiendo en que trabajaría por mejorar el RD de autoconsumo, ese que incluye un impuesto al sol y una exigencia en materia de potencia que afecta negativamente a la desalación eólica (obliga a que todo aquel que disponga de una instalación de autoconsumo tenga contratada tanta potencia o más que la que tiene esa instalación).
CC rompe el pacto con el PSOE
El caso es que, el pasado 23 de diciembre, víspera de Nochebuena,el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), anuncia la ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y PSOE y el cese de los cuatro consejeros socialistas. Y, 72 horas después, el mismo Clavijo anuncia, tras el Consejo de Gobierno, la aprobación de "el decreto por el que se modifica parcialmente el Reglamento que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, recogido en el Decreto 6/2015 de 30 de enero". Más aún: el Ejecutivo insular asegura, a través de un comunicado oficial, que esta modificación "permite adecuar la normativa canaria al criterio del Estado, lo que otorga mayor garantía jurídica a los operadores". Es decir, que el Gobierno central (nuevamente en manos de un PP que ahora ya no está en funciones) se gana al Gobierno de Canarias, ahora inmerso en una grave crisis doméstica; y el Gobierno de Canarias se olvida de las desaladoras (y de la excepcionalidad del autoconsumo eólico) y decide dar marcha atrás.
Modificación clave
Antes
Apartado 2 del artículo 8 del Decreto 6/2015
La Consejería competente en materia de energía establecerá las condiciones administrativas, técnicas y de cualquier otro tipo que habrán de cumplir las instalaciones eólicas para que estas tengan la efectiva consideración de instalaciones de producción de autoconsumo.
Ahora
"el apartado 2 del art. 8, relativo a las instalaciones de autoconsumo, se modifica mediante una nueva redacción, sustituyendo la atribución que ostenta la Consejería competente en materia de energía para establecer las condiciones administrativa, técnica y de cualquier otro tipo que habrán de cumplir las instalaciones eólicas para que estas tengan la efectiva consideración de instalaciones de producción de autoconsumo, por la de permitir a la Consejería simplificar los procedimientos regulados en el Capítulo II para aquellas instalaciones eólicas que cumplan las condiciones administrativas, técnicas y de cualquier otro tipo que se establezcan". (Véase).
El Ejecutivo canario lo explica así en un comunicado que difundió ayer
Con este decreto -explica la consejería canaria de Economía, se "cumple con el acuerdo político suscrito en noviembre de 2015 con representantes del Gobierno del Estado para consensuar la redacción del contenido del Decreto 6/2015 y resolver las principales discrepancias mantenidas entre ambas administraciones públicas a este respecto".
Según el Gobierno de Canarias, la modificación ahora aprobada "da seguridad jurídica a la norma dictada por el Ejecutivo autonómico en el ejercicio de sus competencias para contribuir a establecer un escenario propicio para la penetración de las renovables en los sistemas eléctricos insulares". Este decreto -continúa el Ejecutivo autónomo- entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
El decreto aprobado por el Ejecutivo insular ayer incluye modificaciones en 5 artículos relacionados con los siguientes ítems
1. los objetivos de la potencia eólica;
2. las instalaciones de autoconsumo;
3. la eficiencia energética y la calidad de la energía;
4, las protecciones eléctricas;
5, y los sistemas de gestión telemática.
Sorprendentemente, el Gobierno de Canarias asegura que "los cambios que se introducen con el nuevo decreto no son sustanciales, siendo su principal objetivo adecuar la normativa canaria al criterio del Estado para dotar de mayor garantía jurídica a los operadores".
El Decreto 6/ 2015 de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación de parques eólicos en Canarias, entró en vigor en febrero de 2015, eliminando el sistema de concurso de asignación de potencia como forma de acceder a la autorización administrativa. Sin embargo, el Estado consideró que el contenido de algunos de sus preceptos vulneraban el orden constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, establecido en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico por lo que interpuso un requerimiento, que fue desestimado en acuerdo de Gobierno durante el mes de abril de 2015. Posteriormente la Abogacía del Estado interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el Decreto 6/ 2015.
El Ejecutivo canario relata los hechos en estos términos: "al comienzo de la presente legislatura, ambos Gobiernos acordaron crear una mesa de trabajo para estudiar y proponer una resolución extrajudicial en virtud de la cual el Estado aceptó retirar el recurso a cambio de modificar la redacción del Decreto 6/2015. Gracias a este acuerdo, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento que dirige Pedro Ortega ha conseguido dotar de plena seguridad jurídica la tramitación de nuevos parques eólicos y potenciar la penetración de energía eólica en las islas, con la adjudicación de una potencia total de 436,3 MW a 49 nuevos parques eólicos que se están tramitando en el archipiélago".
Así decía el Decreto 6/2015
Instalaciones de autoconsumo
1. Los titulares de instalaciones receptoras que consuman electricidad, así como aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan poner en funcionamiento instalaciones receptoras que consuman electricidad, podrán instalar parques eólicos de autoconsumo a esas instalaciones y/o a ampliar, en su caso, los que actualmente tengan en funcionamiento.
2. La Consejería competente en materia de energía establecerá las condiciones administrativas, técnicas y de cualquier otro tipo que habrán de cumplir las instalaciones eólicas para que estas tengan la efectiva consideración de instalaciones de producción de autoconsumo.
3. La Consejería competente en materia de energía establecerá las disposiciones necesarias para promover la implantación de parques eólicos de autoconsumo vinculados a infraestructuras públicas, instalaciones, establecimientos y edificios con grandes consumos de energía, y en especial aquellas ligadas a actividades industriales y turísticas.
Con las modificaciones ahora introducidas, ya no será la Consejería canaria la que determine si una instalación eólica es un autoconsumo o no, será el Gobierno central, lo que se traducirá -tal y como está ahora mismo redactado el RD 900- en una grave impacto para las desaladoras eólicas (sobre el particular, léase el reportaje Desalación eólica en Canarias, publicado en la edición 150, de abril de 2016, de Energías Renovables).
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