Las comunidades autónomas, que en su día celebraron concursos para fomentar la instalación de parques eólicos, se enfrentan a varios problemas, según la patronal eólica española. El primero de ellos -asegura AEE- es que "las contraprestaciones industriales exigidas en algunos de los concursos –la mayoría– encarecen considerablemente los proyectos, lo que no es fácil de compatibilizar con un sistema de subastas competitivas". El segundo de los problemas que ve la Asociación Empresarial Eólica (AEE) es que "para obtener una autorización administrativa para parques de menos de 50 MW es necesario que estos hayan sido adjudicados en concurso, lo que deja en el limbo a todos los proyectos nuevos que vayan a las subastas y quieran instalarse en las comunidades con concursos adjudicados (en total, hay unos 10.000 MW en España adjudicados en concursos autonómicos pero no instalados)".
Trabas fuera
Algunas comunidades -explica la AEE- ya han tomado cartas en el asunto "al decidir eliminar estas contraprestaciones industriales, como es el caso de Andalucía o Extremadura, o, en algunos casos, los concursos (Canarias, Cantabria)". La complejidad de los trámites administrativos (incluidos en algunas ocasiones los medioambientales) es otra barrera, según la AEE, "tanto en términos temporales como económicos". Según el estudio Wind Barriers (Barreras eólicas) de la European Wind Energy Association, financiado por la Comisión Europea, España es "el país de la Unión en el que más se tarda de media en instalar un parque eólico (6,5 años) debido a esas trabas". AEE se felicita ahora porque "comunidades como Cantabria, en las que históricamente era compleja la tramitación de parques, ahora se percibe una voluntad de cambio para agilizar las autorizaciones".
Cánones
Sin embargo -explican desde AEE-, "la situación se agrava para aquellas comunidades en las que existen costes adicionales fiscales, como es el caso de las que cuentan con cánones eólicos, como son Castilla y León, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha". En estas tres últimas, "en las que los cánones conviven con las contraprestaciones industriales de los concursos, desde 2010 prácticamente no se ha instalado potencia eólica", denuncia la AEE. La Asociación insiste en ese sentido "en la necesidad de abolir los cánones eólicos, impuestos medioambientales que gravan una energía limpia y generan distorsiones, tanto para las instalaciones nuevas como para las ya existentes". En su día -añade-, la Comisión Lagares, que emitió el informe previo a la Reforma Fiscal del Gobierno, "ya aconsejó su abolición, si bien la recomendación no se llevó a término".
El inversor y el alcalde
La Asociación Empresarial Eólica reconoce por otro lado que las comunidades y los ayuntamientos "son conscientes de la importancia de atraer inversión eólica a sus territorios, ya que genera cinco veces más empleo que las tecnologías convencionales, revitaliza comunidades rurales y, a menudo, desfavorecidas, y supone importantes ingresos en términos de alquileres de terrenos, impuestos, etcétera". Ahora bien -matiza la AEE-, "todo lo dicho sólo será válido si el nuevo Gobierno da los pasos adecuados para cumplir con la Planificación Energética a 2020 aprobada por el Gobierno en funciones, que cifra en 6.400 MW las necesidades de potencia eólica para cumplir con los objetivos europeos a 2020".
Una rentabilidad razonable que el Ejecutivo puede cambiar cada tres años
Para ello (para cumplir con ese Objetivo), AEE "considera fundamental modificar determinados aspectos de la regulación, como la posibilidad de cambiar las condiciones económicas –y, con ellas, la rentabilidad razonable– cada seis años" (esa medida está integrada en el Real Decreto 413, que aprobó el gobierno en 2013***). "También sería necesario -continúa la asociación- convocar cuanto antes una subasta por los 5.900 MW eólicos restantes [ya se ha convocado una de 500 MW] para cumplir con la Planificación o un calendario de convocatorias, a celebrarse antes de finales de 2017, que permitiera cumplir los plazos". En cualquier caso -concluye la AEE-, "se deberían corregir algunos aspectos de la primera subasta, de 500 MW, que, por sus características atípicas (fue una subasta aislada y de escaso volumen tras varios años de parálisis del sector), tuvo unos resultados inesperados que han arrojado aún más incertidumbre a la ya complicada situación de la eólica".
Contraprestaciones
Las políticas de contraprestaciones no son exclusivas del mercado eólico español. Brasil, por ejemplo, exige un cierto grado de nacionalización de componentes -o sea, que algunas piezas de los aerogeneradores sean fabricadas en territorio brasileño- para que los promotores -sean del país que sean- puedan acceder a las condiciones de financiación especiales que ofrece el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. Así, ha conseguido que compañías multinacionales como Acciona o Gamesa establezcan allí fábricas de producción de componentes, con la consiguiente creación de empleo para la población local. Acciona, por ejemplo, inauguró el año pasado en Bahía una fábrica de aerogeneradores.
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Los promotores de parques eólicos –y los bancos que habrán de prestarles el dinero para invertir en esos parques- no se fían del marco regulatorio que ha diseñado el Ejecutivo Rajoy, marco establecido por elReal Decreto 413. Y no se fían porque la retribución a estas instalaciones –lo que cobrarán por kilovatio hora eólico producido- seguirá las pautas que establece ese real decreto, que fue aprobado en junio de 2013 y que contempla una vida útil regulatoria de 20 años, periodos regulatorios de seis y semiperiodos de tres. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que, cada tres años, el Ejecutivo puede cambiarle el precio a ese kWh. “¿Va a haber algún banco que te financie ese proyecto?”, le contaba a este periodista el presidente de la Asociación Eólica de Canarias, Rafael Martell, hace unos días. “Porque estamos hablando de inversiones millonarias, y cuando el banco ve que tus números salen ahora de una manera determinada y, dentro de tres años, salen de otra…”. En todo caso, la financiación se encarece sí o sí, porque la incertidumbre, el riesgo, tiene, en cualquier caso, un precio.
