Entiendo que una distribuidora es una empresa que tiene una red de distribución de electricidad y que mantiene esa red para que esté lista y para que todos los usuarios que están conectados tengan permanentemente el suministro que quieran tener. ¿Es así? ¿Vale con esa definición? ¿O ya se queda corta?
La definición, en realidad, se queda corta porque no tiene en cuenta la dinámica de evolución de la demanda, la generación y la red. Las redes eléctricas son un cuerpo vivo que está en permanente evolución. Hay que planificar las necesidades futuras; hay que comprobar la salud de líneas, transformadores y otros equipos para ver si necesitan ser sustituidos; hay que recibir y gestionar las solicitudes de conexión a nuestra red que, en algunos casos, como el autoconsumo, crecen muy rápidamente; y finalmente hay que gestionar la medida del consumo y la calidad del servicio que prestamos.
En modo titular (luego ahondaremos): ¿cuáles serían los tres grandes retos que tiene ahora mismo la distribución?
El gran reto para las distribuidoras de electricidad tiene un nombre muy claro y definido: la transición energética. Lograr que la humanidad reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero pasa fundamentalmente por sustituir el actual consumo final de energía por otro que provenga de fuentes renovables, y hasta ahora la forma eficiente de hacerlo es mediante la electrificación de aquellos consumos energéticos que hoy son emisores. Para ello hay también que incrementar la integración de generación renovable en el sistema eléctrico. Esos dos cambios copernicanos en el mundo de la energía pasan por las redes eléctricas, especialmente en las de distribución, que es donde los clientes toman sus decisiones.
Además de este gran reto con mayúsculas que es la transición energética, yo no querría olvidarme del reto de la digitalización y la ciberseguridad. Es cierto que se trata de un reto global para toda la humanidad, pero para un servicio tan crítico como lo es la distribución de electricidad, el tránsito a la digitalización tiene que hacerse con todas garantías y el máximo cuidado.
Los 11 millones de clientes de i-DE cuentan ya con contadores inteligentes. La teoría dice que el contador inteligente empodera al usuario, pues le facilita el acceso a sus datos, lo que le puede permitir mejorar sus consumos. Esa es la teoría. Pero hay mucha gente sin embargo que no acaba de ver la mejora. Dos preguntas sobre el particular: ¿hace falta pedagogía?
Sin duda; todas las iniciativas de información a los clientes sobre las oportunidades y ventajas que pueden obtener aprovechando la información de su contador inteligente son siempre positivas. Los clientes de i-DE tienen a su disposición una cómoda y completa aplicación para su teléfono móvil que les informa de todo el detalle de su consumo.
Y la segunda: ¿están haciendo uso los clientes de las distribuidoras de esa información? Lo digo porque todos los informes vienen a señalar que, por ejemplo, hay millones de usuarios en España que tienen contratada más potencia de la que necesitan.
Con la aplicación de i-DE que mencionaba antes, nuestros clientes pueden ver, de una forma sencilla y clara, sus consumos de potencia y compararlos con la que tienen contratada, recibiendo además una recomendación de potencia óptima a contratar. Nunca ha sido tan fácil tomar la decisión de contratación de potencia, todo ello gracias al potencial del contador inteligente.
Las distribuidoras están siendo muy señaladas desde el mundo del autoconsumo. Hay muchas quejas: demoras en la resolución de los expedientes, requisitos exigidos indebida o arbitrariamente (esas son las denuncias más frecuentes)... ¿Por qué hay tanta queja? ¿Inercias, quizá? ¿O son infundadas? ¿O son injustas esas quejas?
La crisis de precios que se vivió en Europa en 2022 con motivo de la guerra de Ucrania provocó una auténtica avalancha de peticiones de autoconsumo. Algo lógico, porque con los precios que se observaban en los mercados instalarse placas fotovoltaicas resultaba muy atractivo.
El problema se debió a que la regulación técnica del autoconsumo no estaba todavía completa, especialmente en lo relativo al autoconsumo colectivo. Muchos agentes y asociaciones achacaban al distribuidor los retrasos que se sufrían, cuando en realidad los retrasos eran debidos a la complejidad del proceso.
A finales de 2023 la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] inició un proceso de diálogo sectorial para recabar propuestas de mejoras en la tramitación y activación del autoconsumo. Las conclusiones de esa mesa de diálogo han sido publicadas por la CNMC recientemente y en ellas se identifica un catálogo de mejoras, de entre las que destacan, por una parte, la próxima publicación de una circular de acceso y conexión de demanda en la que la Comisión incorporará mejoras regulatorias significativas, y, por otra parte, la potenciación de la figura del gestor del autoconsumo colectivo, imprescindible para que se agilice su complejo proceso administrativo.
En cuanto al desempeño del distribuidor en el proceso de activación de los autoconsumos, en 2023 i-DE activó el 59% de los expedientes en menos de cinco días; y el 93% en menos de 20 días. Tan sólo el 2% de los expedientes gestionados por i-DE se demoraron más de los 60 días que es el plazo que por normativa disponen los distribuidores. Estas excelentes cifras ponen de manifiesto que las dificultades que los clientes puedan tener a la hora de poner en marcha sus instalaciones de autoconsumo no son achacables al distribuidor.
Una treintena de comunidades energéticas de toda la geografía nacional firmó hace unos meses el Manifiesto para vivir la Transición Energética juntos y en comunidad, un texto en el que reclaman “un marco objetivo, transparente y favorable que garantice el derecho de poseer, establecer, adquirir o arrendar redes de distribución y gestionarlas autónomamente en su zona de operaciones”. Hacen esa reclamación porque sostienen que “las grandes empresas de distribución emplean su posición de dominio para poner trabas que frenen la puesta en marcha de proyectos de comunidades energéticas”. ¿Qué opina sobre el particular i-DE?
En i-DE somos conscientes de nuestra responsabilidad como facilitadores de todos los modelos de negocio eléctrico que sean habilitados normativamente. De hecho, nuestra página [www.i-de.es] incorpora una sección dedicada a las comunidades energéticas, describiendo los servicios que podemos aportar para su exitoso desarrollo.
El equipo de i-DE ha asumido desde el inicio un rol proactivo, asesorando a instaladores, administraciones y promotores y editando guías que están a disposición de todos ellos en nuestra web. Lo hemos hecho conscientes de la complejidad que supone la tramitación de estas instalaciones en las que hay hasta cinco actores involucrados.
El Manifiesto que menciona en su pregunta centra sus reclamaciones en la necesidad de trasponer las directivas europeas que definen estas nuevas entidades. Es importante recordar que el pasado 20 de abril del año pasado el Ministerio [para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico] sacó a consulta pública un proyecto de Real Decreto para desarrollar las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, del que más de un año después todavía no tenemos noticia.
Al no existir todavía la norma que define las funciones de estas comunidades energéticas resulta extraño que se afirme que los distribuidores estén poniendo trabas a su desarrollo puesto que la única traba real es la ausencia de esa norma, cuyo desarrollo está en manos del Ministerio.
Otra propuesta de las comunidades energéticas es que las distribuidoras sean retribuidas en función del tiempo que tardan en legalizar un autoconsumo compartido. ¿Qué opina i-DE?
En i-DE somos favorables a que exista una regulación sectorial que introduzca incentivos a la mejora de los servicios que prestamos. De hecho, ese es el camino que los países más punteros en la regulación eléctrica están recorriendo.
Una buena prueba de ello es la regulación de la calidad de servicio que está vigente en España y que ha permitido reducir el tiempo medio de interrupción de suministro de una manera extraordinaria. Es un hecho incuestionable que España goza de uno de los mejores servicios eléctricos del mundo.
Por otra parte, desde hace ya dos años está en vigor la norma mediante la cual los distribuidores están obligados a indemnizar por los retrasos en la activación de autoconsumos superiores a dos meses de los que sean responsables. Es decir, el Ministerio ya ha atendido la reclamación que plantean las comunidades energéticas.
Las distribuidoras se quejan de que están recibiendo muchas solicitudes de la industria para conectarse a la red, solicitudes que Red Eléctrica [REE] está denegando. Prácticamente el 95% de esa demanda ha sido denegada, en torno a 6.000 megavatios de potencia, decían hace unas semanas. ¿Es así?
En efecto, en el trámite de audiencia pública de la Secretaría de Estado de Energía del pasado 15 de diciembre de 2023 relativa a la propuesta de Modificaciones de Aspectos Puntuales de la Planificación vigente, en la que deberían haberse incluido actuaciones urgentes en la red de transporte para habilitar la conexión de nuevas solicitudes de conexión de nueva demanda en distribución, que totalizan más de 6.000 MW para el conjunto de España, finalmente se han rechazado el 95% de las actuaciones planteadas por las empresas distribuidoras, a pesar de estar debidamente justificadas y cumplir con los criterios requeridos.
¿Y por qué REE está denegando ese acceso a la demanda si, a priori, son muchas más las ventajas que los inconvenientes? Porque entiendo que más industria es más inversión, más empleo, más electrificación, más descarbonización, y que todo eso es extraordinariamente positivo para el país.
No encontramos justificación posible a la negativa a aceptar nuestras propuestas de actuaciones en la red de transporte.
Uno de los argumentos que suena como pretexto para esas negativas es que eso tendría un coste que al final habrían de sufragar todos los usuarios de la red, lo que derivaría en un incremento del precio de la electricidad. ¿Quién debe pagar esas conexiones? O, ¿cómo podemos hacerlo para no perder ese tren “verde” de industrialización que tantos beneficios promete?
Veamos: desde i-DE se propusieron 33 modificaciones que, si se hubieran aceptado, habrían habilitado cuatro gigavatios nuevos de consumo. Estas actuaciones requerían 76 millones de euros de inversión en transporte y 143 en distribución, es decir, 219 millones en total. El coste anual para la tarifa de esta nueva red supondría 23 millones de euros, pero, dado que la demanda crecería en 19 teravatios hora, los ingresos anuales por peajes del sistema eléctrico aumentarían en 176 millones de euros. En definitiva, se habrían generado excedentes económicos que hubieran permitido reducir los peajes en un 8%. En consecuencia, las propuestas habrían sido beneficiosas para todos los clientes eléctricos y para la economía del país.
El dato numérico que acabo de exponer demuestra que las actuaciones no supondrían un coste sino un beneficio para todos los clientes. Solo una visión cortoplacista podría justificar la negativa a invertir hoy en unos activos necesarios para la transición energética y el crecimiento del PIB nacional de mañana.
aelēc, la patronal de las grandes distribuidoras, considera que “el éxito de la transición energética depende de la existencia de los adecuados sistemas de almacenamiento”. Y en realidad todo el mundo viene a estar de acuerdo, pero lo cierto es que el bombeo está parado, las baterías van demasiado despacio y de los muchos miles de megavatios de almacenamiento que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como objetivo 2030… de momento parece que nadie sabe ni contesta. ¿Qué está pasando?
El almacenamiento es uno de los pilares de la transición energética. Téngase en cuenta que pasamos de un sistema de generación en el que toda la producción de energía era controlable a un sistema en el que la generación, al ser mayoritariamente renovable, es intrínsecamente intermitente y dependiente de las condiciones meteorológicas. Necesitamos algo que traslade la energía desde los momentos en los que se produce hasta los momentos en los que se necesita. Ese algo es, fundamentalmente, el almacenamiento, tanto bombeo hidroeléctrico como baterías.
La realidad es que ya hay una fuerte demanda de conexión de baterías a las redes y los diferentes agentes estamos trabajando con la CNMC y proponemos un nuevo sistema de acceso flexible a la red que permita aprovechar la gran versatilidad de las baterías. En definitiva, allí donde hay soluciones técnicas, los distribuidores españoles están demostrando ser proactivos e innovadores.
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha abierto la puerta a incrementar el límite a las inversiones en nuevas redes eléctricas, una de las grandes reivindicaciones del sector eléctrico en los últimos años. ¿Vamos por el buen camino o vamos demasiado despacio o... cómo lo ve i-DE?
Ciertamente es un signo positivo que el Gobierno se plantee la revisión del límite a las inversiones anuales en redes eléctricas. Precisamente acabamos de responder a una consulta abierta por el Ministerio relacionada con ese límite a las inversiones. En realidad, la necesidad de eliminar ese límite a las inversiones no debe entenderse como una reivindicación de los distribuidores en defensa de sus intereses; al contrario, la eliminación del límite a las inversiones a quien favorecerá es a los clientes, porque podremos acometer la transición energética con mayor prontitud y los beneficios económicos y medioambientales se materializarán mucho antes. Tenga en cuenta que una de las principales características de la transición energética es el abaratamiento de la factura energética final de los clientes. Todos los estudios coinciden en que un futuro electrificado y descarbonizado implica un menor coste de energía del entorno de un 30% más barato que lo que pagan hoy los clientes.
¿Qué le pide i-DE al Gobierno en el corto plazo? ¿Cuáles son las medidas que debería implementar para que España como país pueda aprovechar la oportunidad histórica de industrialización ante la que se encuentra?
Usted lo ha dicho; la asignatura pendiente es aprovechar la oportunidad de que España, siendo un país privilegiado en recursos de energías renovables, invierta en industrializarse para consumir aquí la energía limpia que se va a producir, para así aumentar en PIB y empleo. Los distribuidores ya estamos recibiendo muchas solicitudes de conexión de nuevas industrias, como electrolizadores para producción de hidrógeno, electrificación de puertos, centros de datos para la inteligencia artificial, centros logísticos de transporte electrificado por carretera y vemos un interés creciente para electrificar la industria tradicional.
Es fundamental que las redes eléctricas puedan estar a la altura del reto y satisfacer todas esas peticiones de conexión de nueva demanda. El Gobierno tiene la oportunidad de contribuir a que esto sea una realidad mejorando la regulación de las redes, tanto en lo ya comentado respecto del límite de inversión como en la adecuada retribución de las actividades reguladas. Y sin olvidar la necesaria mejora en la regulación de permisos de construcción y tramitaciones medioambientales que hoy día provocan importantes retrasos en los proyectos.
Esta entrevista ha sido originalmente publicada en nuestra edición de papel (ER234, septiembre de 2024), que puedes descargarte gratuitamente aquí
