La asociación advierte en su nota de que "serán muchas las familias, especialmente las de situación vulnerable, las que, al finalizar la prohibición del corte de suministros básicos tomada por el Ejecutivo, se encuentren ante la incapacidad económica de afrontar el pago de varias facturas acumuladas y sin un respaldo jurídico que les permita flexibilizar y facilitar el abono de los importes adeudados". Facua recuerda en ese sentido que, durante el estado de alarma y meses después, la circulación de las personas se ha visto reducida "y la permanencia en sus viviendas ha incrementado los consumos domésticos y el importe de las facturas de sus servicios", cuyos precios, además, la asociación califica de "manifiestamente elevados". Facua alerta así de que la consiguiente acumulación de esas cantidades agravar aún más la situación de los consumidores especialmente vulnerables.
El Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de septiembre la prohibición de cortar la luz, el agua o el gas por impago. Pero, cuando la medida deje de estar en vigor -advierte Facua-, harán falta medidas que faciliten el pago por parte de los usuarios con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación de estos servicios. En este sentido, la asociación de consumidores insta al Gobierno a la puesta en marcha de ayudas públicas destinadas a aliviar a los consumidores de la carga económica que pudiera derivarse de la prestación de "servicios esenciales como la luz, el agua o el gas", o mediante la regulación de fraccionamientos de pago con márgenes suficientemente amplios que permitan su abono "en atención a las circunstancias personales y económicas que pudieran presentar los usuarios".
