Tras varios años amagando pero no dando (todo empezó en 2010), la Comisión Europea, dentro de su paquete Energía limpia para todos los europeos, vulgarmente conocido como “paquete de invierno”, amplía a la biomasa y el biogás los criterios de sostenibilidad que actualmente se exigen a los biocarburantes. Lo hace dentro de la revisión de la directiva sobre energías renovables que, como el resto de propuestas, deberá ser debatida y ratificada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
La CE pretende fortalecer dichos criterios de sostenibilidad que obligarán al calor y la electricidad producidos con biogás y biomasa a ofrecer altos ahorros de GEI en comparación con los combustibles fósiles. También deben evitar la deforestación o degradación de hábitats o pérdida de biodiversidad y obtener “una conversión energética con una alta eficiencia para promover el uso eficiente de recursos limitados y evitar impactos no deseados en otros usos”.
Plantas de 20 MW: reducción de un 80% de emisiones con respecto a los fósiles
Realmente dichos criterios afectarán a instalaciones térmicas y eléctricas de más de 20 MW, que deberán emitir en 2021 un 80% menos de emisiones de GEI en comparación con las de combustibles fósiles y un 85% menos para 2026. Aunque esta medida sí afecta a muchas de las plantas de producción de electricidad y a algunas instalaciones (industriales y residenciales) de uso térmico con biomasa, no llega a las de biogás industrial, cuya potencia máxima instalada no supera los 3 MW.
La propuesta varía el contenido de los primeros borradores que se manejaron sobre la sostenibilidad de la biomasa y el biogás. En 2010 se hablaba del 35% mínimo de reducciones, con objetivos del 50% en 2017 y del 60% en 2018 para nuevas instalaciones. Cuatro años después, la reducción mínima ya era del 60%. Por otro lado, el umbral de potencia a incluir en esas reducciones era mucho más estricto, ya que se aplicaría a las plantas de biomasa con una capacidad igual o superior a 1 MW en electricidad y de 2,5 MW de energía térmica.
En la propuesta actual, a las centrales eléctricas de más de 20 MW también se les exigirá que utilicen una tecnología combinada de calor y electricidad de alta eficiencia para que esta supere el 80%. Sin embargo, la CE exime de esta medida en la reforma de la directiva de renovables a aquellas plantas que “ya están en funcionamiento y reciben ayudas estatales ya aprobadas por la Comisión”.
Fortalecer los criterios de sostenibilidad
El fortalecimiento de los criterios de sostenibilidad también va por los biocarburantes, quizá alertados por el informe del Tribunal de Cuentas Europeo que dictaminó en julio de este año que los sistemas actuales eran poco fiables. Así, al igual que el resto de biocombustibles sólidos y gaseosos, deberán cumplir con un nuevo criterio referido a la biomasa forestal para asegurar que la producción de madera sea sostenible y contabilizar las emisiones de LULUCF (siglas en inglés referidas al uso de la tierra, el cambio de uso de la misma y la silvicultura) en el país de origen.
Pero hay más para los biocarburantes, ya que se exigirá a los avanzados más modernos que emitan por lo menos un 70% menos de emisiones de GEI que los combustibles fósiles. Son precisamente las medidas relacionadas con los avanzados las únicas que han recibido el beneplácito del sector. La coalición Leaders of Sustainable Biofuels está plenamente satisfecha porque en la revisión de la directiva se les adjudique un 3,6% de participación en el transporte para 2030.
Contentos los avanzados, disgustados los convencionales
LSB considera este objetivo vinculante, largamente demandado, “indispensable para crear un entorno empresarial estable y previsible y generar nuevas inversiones sustanciales en la capacidad de producción”. Los biocarburantes avanzados se unen a la electricidad, otros combustibles renovables de origen no biológico (el hidrógeno entre ellos) y los producidos con residuos en una cuota global asignada del 1,5% en 2021 y del 6,8% en 2030.
Todo lo contrario opina la patronal europea del etanol (ePure) sobre el objetivo decreciente de los biocarburantes convencionales, que la propuesta de la CE hace descender del 7% en 2021 al 3,8% en 2030. En este sentido conviene subrayar que la Comisión introduce esta modificación para “minimizar el cambio indirecto del uso de la tierra (CIUT)”, asumiendo definitivamente que existe este riesgo, como se avanzó en la modificación de la misma directiva practicada en 2015.
EPure, aparte de apuntar a un conflicto de intereses entre los Estados miembros y la CE al imponer la rebaja progresiva hasta el 3,8%, afirma que “socava la inversión de 16.000 millones de euros realizada en las instalaciones europeas de producción de biocarburantes desde 2003, como resultado de la política de la UE”, que recuerdan que ha sufrido desde entonces cuatro cambios legislativos diferentes que han mantenido una continua inestabilidad del sector.
Las ONG se esperaban un carpetazo a los convencionales
Las ONG ecologistas y el partido Equo tampoco han quedado satisfechas con la propuesta de la CE, ya que esperaban que, como aventuraba la estrategia europea para una movilidad baja en carbono, los biocarburantes convencionales, basados principalmente en materias primas alimentarias, quedaran fuera de los objetivos de renovables en el transporte. En Transport & Environment se lamentan porque esto supone darle la espalda a un apoyo más decidido a la electrificación en el transporte.
La CE defiende el desarrollo de estas últimas medidas para fomentar la descarbonización y la diversificación energética en el sector del transporte de la UE. Justifica esta nueva modificación de la directiva en que, “a pesar del importante crecimiento de los combustibles renovables desde 2009 y del papel de liderazgo de la UE entre los avanzados, el transporte en la UE sigue dependiendo en un 94% de derivados del petróleo”.
