Hace casi siete años la sección de Biomasa de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) presentó un estudio de AFI donde ya se hablaba de los rendimientos para la economía española que supondría incrementar el parque de generación de energía con biocombustibles en tres frentes (biomasa eléctrica: llegar a 1.031 MW en 2015), biogás (400 MW en 2020) e incineración de la fracción orgánica de residuos municipales (234 en 2020).
Según los datos actuales aportados por Unión por la Biomasa, de la que forma parte APPA, durante la presentación del nuevo informe (Balance socioeconómico de las biomasas en España 2017-2020) de AFI, solo la incineración de estos últimos ha superado incluso las expectativas, con 294 MW. Ni la biomasa eléctrica, con 518 MW en 2017 (como mucho se sumarán en dos años los 200 conseguidos en la subasta de 2016), ni el biogás, con 224 a la espera de lo que crezca hasta 2020, lo han conseguido o lo van a conseguir.
Sin embargo, un informe más intenta demostrar que alcanzar estas metas supone unos beneficios económicos, sociales y ambientales que “España desaprovecha debido a una presencia insuficiente de la biomasa en la generación energética”.
12.600 empleos más con otro escenario
Según el estudio de AFI “el balance actual de las biomasas en España es positivo y alcanza los 1.323 millones de euros”. Por otro lado, el Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España presentado por APPA a finales del pasado año cifraba la generación de empleos en el sector bioenergético en 33.500.
“Con un rediseño de los incentivos para el sector se podrían generar 12.596 empleos adicionales (hasta un total de 45.541) y se podría alcanzar un balance positivo anual de 2.147 millones de euros en 2021” se dice en el nuevo informe. Para ello se diseña un escenario basado en los objetivos del Plan de Acción de Energías Renovables (PANER 2011-2020), que implicaría incrementar 550 MW de biomasa eléctrica (biomasa sólida, biogás y fracción orgánica de los residuos municipales) y 800 ktep de biomasa térmica.
“La biomasa no acaba de calar en la sociedad”
Jordi Aguiló, presidente de APPA Biomasa, afirmó que “es necesario transmitir al Gobierno que apostar por la biomasa no le cuesta dinero al país. Al contrario, un incremento de 173 millones en el marco retributivo supondría que la biomasa aumentaría el balance positivo en 824 millones adicionales en el período 2016-2021”.
Patricia Gómez, gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), también integrante de Unión por la Biomasa, volvió a explicar como hizo recientemente en la feria Genera el escaso aprovechamiento de la biomasa forestal que crece anualmente en nuestro bosques, pero aportó también una reflexión sobre por qué la bioenergía sigue esperando ese crecimiento que no acaba de llegar.
“La biomasa como recurso energético no acaba de calar en la sociedad, quizá porque esta es más urbanita que rural y está alejada de los recursos que forman parte de la biomasa, de dónde se producen y gestionan; y hasta quizá no hemos sabido comunicar la gran función social que proporcionan”, expuso Gómez.
Sí a las subastas, específicas, pero parecidas a la de 2016
Sin salir del terreno forestal, el informe de AFI calcula que en un escenario posibilista la biomasa contribuiría entre 2017 y 2020 a un ahorro ede 1.110 millones de euros en prevención y extinción de incendios. A ellos suman 8.672 millones de recaudación fiscal, 2.631 en emisiones evitadas de CO2 y 665 en prestaciones por desempleo evitadas. En total suman 13.077 millones, que restados los 2.650 de retribución a la biomasa, dejarían una aportación económica de 10.427 millones de euros.
Para hacer realidad este potencial el estudio enumera diez medidas a implantar, entre las que está la necesidad de aplicar subastas específicas de potencia para la biomasa. Curiosamente, aunque APPA Biomasa criticó el sistema que permitió conseguir 200 MW para la biomasa en la primera de ellas, en 2016, su actual presidente, Jordi Aguiló, se conformaría “con una réplica que tuviera en cuenta las especificidades de la biomasa”.
Esa subasta y esas especificidades forman parte de las diez medidas, que incluye la reclamación al “derecho a la percepción de retribución a la operación por encima de las 6.500 horas para las instalaciones de biomasa que ya están en funcionamiento (inversiones ya acometidas). De esta manera producirían el número de horas máximo para el que fueron dimensionadas (más de 8.000 h/año)”.
Medidas sin cumplir
Todas son medidas que Unión por la Biomasa lleva exponiendo varios años a los diferentes gobiernos sin que hasta ahora hayan surtido mucho efecto: creación de una comisión interministerial, marco normativo específico, valorar la importancia estratégica de la biomasa para el país y su contribución a la reducción de emisiones, identificación de la biomasa eléctrica como renovable cien por cien gestionable o el avance en paralelo de la biomasa eléctrica y térmica.
Ante la previsión de que esto pueda cambiar con la nueva directiva de renovables y el acuerdo alcanzado recientemente entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos, Pedro Barato, presidente de otra de las entidades de Unión por la Biomasa, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, afirmó que “al menos se han tenido en cuenta las particularidades de nuestras explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas a la hora de permitir el aprovechamiento energético de sus subproductos”.
