Estas son dos de las principales conclusiones del “Balance económico de la actualización de las retribuciones a la producción eléctrica a partir de las biomasas”, desarrollado por AFI para la Asociación de Productores de Energías Renovables. El estudio ha sido presentado por Emilio Ontiveros, presidente de AFI, Diego Vizcaíno, analista de AFI, y Manuel García, presidente de Appa Biomasa.
"Ell nuevo gobierno que salga de las urnas debería tener como pieza de referencia fundamental en la política energética este informe", destacó Ontiveros, mientras que Vizcaíno puso el acento en que el estudio, basado en el inventario de plantas de los socios de APPA (90% del sector) "permite tomar decisiones basadas en datos reales, contrastables".
“No estamos pidiendo más primas, sino que se actualicen”, destacó por su parte Manuel García, que junto a sus compañeros de mesa hizo un repaso de los muchos beneficios sociales y económicos que conllevaría esta actualización.
Las cifras
De acuerdo con el informe de AFI (parte de sus datos los adelantamos el pasado mes de julio) la actualización de las retribuciones permitiría pasar de un escenario de 253 megavatios instalados a 1.031 MW en 2015. El sector atraería más de 2.600 millones de euros en inversiones privadas que emplearían, durante la fase de construcción de las plantas, a cerca de 32.500 trabajadores. Durante la fase de operación y mantenimiento, las plantas emplearían a cerca de 1.300 trabajadores y generarían 9.919 empleos en otros sectores. El Valor Añadido Bruto sería de 884 millones de euros, de los cuales 363 corresponderían a las plantas de biomasa y 521 a otros sectores de la economía.
Para el Estado el saldo sería positivo pues los ahorros (por incendios evitados, por prestaciones de desempleo evitadas y por emisiones de CO2 evitadas) y la contribución fiscal superaría a las primas en más de 72 millones de euros anuales.
Respecto al biogás, el objetivo es contar con 400 megavatios para el año 2020. La actualización del marco retributivo permitiría alcanzar estos objetivos, atraer 1.254 millones de euros en inversiones privadas y, durante la fase de construcción de las plantas, crear 14.789 empleos. Una vez en marcha, las plantas generarían 2.741 puestos de trabajo, 1.100 en las plantas y 1.641 en otros sectores. El Valor Añadido Bruto sería de 401 millones de euros, 339 por la actividad de las plantas. Al igual que en la biomasa, el saldo para el Estado sería positivo y supondría alrededor de 59 millones de euros al año.
La valorización de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU), actividad en la que se prevé registrar un incremento de la potencia instalada en la presente década hasta alcanzar los 234 megavatios, aporta también significativos beneficios. De acuerdo con el informe, la producción de energía eléctrica sustituiría energía procedente de plantas térmicas, lo que ahorraría emisiones por valor de 13,9 millones de euros anuales, adicionalmente el aprovechamiento energético de estos residuos evitaría emisiones por valor de 94,5 millones. Ambos conceptos evitarían la emisión de 5,4 millones de toneladas de CO2, lo que supondría un ahorro de 108,1 millones de euros.
En cuanto a las plantas de bioenergía alctualmente operativas, su actividad genera unos beneficios económicos superiores a la retribución que reciben por las primas, en concreto 46 millones de euros de beneficios, indicó Manuel García.
El presidente de APPA Biomasa también destacó el carácter “racionalizador y de ahorro de recursos“ de esta apuesta por la biomasa, al permitir, entre otras cosas, “que actividades que ahora se subvencionan a fondo perdido, como la limpieza de los bosques para evitar incendios forestales, puedan ser realizadas por empresas privadas que utilizarían esos restos para las plantas de biomasa”.
APPA Biomasa va a iniciar una ronda de reuniones con los principales partidos políticos para presentarles este informe y que lo tengan en cuenta en sus programas electorales.
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