Ultzama, Caparroso y Cabanillas son nombres propios del biogás agroindustrial asociados a localidades navarras, y además referentes para el resto de instalaciones situadas en España. A partir de ahora lo serán menos, con la lupa del Parlamento de Navarra encima de la primera tras haber operado solo tres años y medio de forma autónoma y catorce meses bajo intervención del Ayuntamiento de Ultzama.
El pasado 11 de mayo dicho parlamento aprobó, con los votos a favor de todos los grupos políticos y la abstención de Unión del Pueblo Navarro (UPN), la creación de una comisión de Investigación sobre la planta. Su objetivo es analizar el procedimiento de concesión de obra pública y posterior explotación, los proyectos técnicos que la sustentaron y la cesión de la concesión a Bioenergía Ultzama.
Informe muy crítico de la Cámara de Comptos
Hay más, ya que la subvención con dinero público de la instalación (más de tres millones de euros), llevará también a investigar “la participación de concejales como socios en esta mercantil, el desarrollo de la actividad y cierre de la planta, así como el empleo y destino de los fondos públicos provenientes de ayudas o subvenciones otorgadas por los departamentos del Gobierno de Navarra”.
Previamente, la Cámara de Comptos, institución fiscalizadora de la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad Foral de Navarra, elaboró un informe muy crítico con la actuación del ayuntamiento, afirmando que “no ha cumplido el principio de legalidad”. Se afirma que “se quiso dar cobertura formal a una actuación irregular que no respetó los principios básicos de la contratación pública: publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación”.
Pagos duplicados por parte de Bioenergía Ultzama
“Tampoco se cumplió la legalidad en la contratación y posterior cesión del contrato, ni en las subcontrataciones realizadas”, añade el informe de la Cámara de Comptos, que ha detectado “pagos duplicados por parte de Bioenergía Ultzama, que abonó cerca de un millón de euros a dos proveedores diferentes por el mismo concepto: los depósitos de digestato”.
Las sucesivas normativas en torno a las renovables (moratoria, parámetros retributivos, rentabilidad razonable…), que afectó notablemente al biogás con producción de electricidad, también obraron para que, como dice el informe, “actualmente exista una planta industrial abandonada y una sociedad en concurso de acreedores, cuyos activos no tienen prácticamente valor alguno”.
Y lo que es peor, apostilla el informe, “el problema no se ha resuelto, puesto que 24 explotaciones ganaderas de la zona, con 3.659 cabezas de ganado, siguen demandando un sistema de gestión de residuos”. El mismo informe se ha remitido a instancias judiciales para que también se investigue la posible comisión de un delito.
