“Somos conscientes de que la biomasa y el biogás no son los culpables, pero no podemos hacer ninguna excepción”. Sin salir de la cantilena de las renovables como culpables del déficit tarifario, el Gobierno asegura a los sectores de la bioenergía que no puede hacer nada en cuanto a la retribución eléctrica. El biogás ha sido el más perjudicado en la catarata de reformas/recortes, principalmente porque nunca llegó a despegar ni consolidarse. El remate final con la orden de nuevos parámetros retributivos obliga a buscar alternativas para que, al menos el agroindustrial, no se recuerde como flor de un día.
Ni la carta dirigida personalmente por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reclamando mejoras para el régimen retributivo de la electricidad derivada de la actividad pública de tratamiento de residuos. Ni el llamamiento de Unión por la Biomasa para que el Gobierno levante “los sucesivos castigos normativos que están aplastando al sector”. Ni el escrito dirigido por la Asociación Española del Biogás (Aebig) a la Defensora del Pueblo ante “la impresión recibida de que no hay ninguna intención por parte del Ministerio de Industria de aceptar modificaciones a la propuesta” de orden de modificación de los parámetros retributivos.
Ninguna de estas reclamaciones-denuncias ni otras muchas interpuestas por otros colectivos vinculados a las energías renovables en general y al biogás en particular han servido para que, según los denunciantes, se consumara la catástrofe el 20 de junio de 2014. Esta es la fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado “la orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos”.
Queda aún la lectura superfina para saber si entre los cerca de setenta tipos de parámetros aplicables al biogás según el año de entrada en funcionamiento de la planta, el tipo de residuo o la potencia instalada, hay alguna instalación que no salga tan malparada o que, al menos, se quede como está. “La casuística es muy elevada”, afirma Andrés Pascual, jefe del Departamento de Medio Ambiente, Bioenergía e Higiene Industrial de Ainia Centro Tecnológico, uno de los centros punteros en la investigación en España con biogás.
Otra vuelta de tuerca
Sin embargo, las valoraciones generales en el campo del biogás agroindustrial se mueven todas en el ámbito de la indignación. “Es una nueva vuelta de tuerca para un sector que se niegan a ver como un importante reductor de emisiones difusas de gases de efecto invernadero (GEI) y de eliminación de residuos en la ganadería y la agricultura”. Pablo Resco, responsable técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), resume también el malestar en un sector donde la combinación del descenso/desaparición de las retribuciones en diferentes ámbitos de la biomasa, el biogás y la cogeneración preocupa enormemente.
“Se ha consumado el expolio”. Desde el sector de la ingeniería, construcción y gestión de plantas de biogás, el dictamen es aún más categórico. Así lo expresa Javier Martín, director de SPD Biogás, con una instalación en marcha en Catí (Castellón) y varias en proyecto: “La nueva regulación nos deja las cosas claras. Por si albergábamos alguna esperanza debajo del paraguas del 7,5% prometido (la denominada rentabilidad razonable anunciada por el Gobierno), lo aprobado nos envía directamente a la ruina, al concurso de acreedores o al cierre”.
Una de las críticas principales expresadas por Aebig en sus alegaciones es la limitación de horas de funcionamiento. Francisco Repullo, presidente de Aebig, afirmaba antes de ver publicada la orden que “se limitan a comparar los ingresos de una planta de biogás por venta de energía eléctrica (de lodos de depuradora) con los que se ingresarían trabajando 4.235 horas con los nuevos parámetros retributivos y eso no sé qué tiene que ver con lo nuestro”.
"Vacaciones bacterianas"
Martín es aún más expresivo: “como las bacterias son seres vivos y se cansan, algún experto ha decidido que merecen muchas vacaciones o una jornada de trabajo más reducida que la que tenían, y legisla que las plantas de biogás agroalimentario funcionen, en condiciones estándar, pero al 50% de su capacidad productiva y que, por lo tanto, las bacterias deben trabajar solo 4.235 horas al año. Si trabajan más será perjudicial para su dueño porque no podrá repercutir los costes que le suponen tenerlas en activo todo el día”.
El responsable de SPD Biogás pone sobre la mesa una cuestión trascendental: las sucesivas normativas anteriores a la orden de 16 de junio de este año, que han orientado una determinada generación de electricidad que ahora ya no sirve, como el RDL 9/2013 de 12 de julio de 2013 por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
“En mi caso –señala Javier Martín–, como consecuencia de una evolución lógica, nuestra planta de biogás alcanzó una eficiencia estable en torno al 90/95% que sigue hasta ahora. Pero, a causa de las vacaciones bacterianas obligatorias, ahora nos legislan que hemos producido demasiado y que tenemos que devolver al ministerio el valor del exceso producido, no el beneficio, sino la parte de la facturación bruta. Los costes de esa producción son para nosotros. Por haber sido una empresa eficiente y bien gestionada y cumplir con esas recomendaciones publicadas en el BOE, tenemos que devolver el 30/35% de nuestra facturación, de prácticamente un año, a quien nos lo indicó, sin advertirnos de las consecuencias que tenía seguir esas recomendaciones, en su propio provecho”.
Del gris al negro
Por su parte, Óscar Bartomeu, gerente de Biovec, ingeniería con una quincena de referencias dentro del biogás agroindustrial, va describiendo el panorama, planta a planta, entre el gris y el negro. Para las de generación de gas con residuos-purines de menos de 500 kW y “bien gestionadas” pinta muy oscuro: “pierden entre un 27 y un 35% de sus ingresos (sumando el 7% de impuesto de la energía). Se trata de plantas relativamente nuevas, con créditos bancarios, y los que sobrevivan tendrán que poner cientos de miles de euros de sus bolsillos para poder pagar al banco o refinanciar con muy malas condiciones. Como muchas de ellas van ligadas a garantías hipotecarias, supongo que harán lo posible para no perder sus casas”.
Bartomeu abre la paleta al optimismo para las plantas de generación de gas de residuos-purines de más de 500 kW, aunque estas se cuentan con los dedos de una mano en España, y vuelve a virar a los grises con las industriales integradas en procesos más complejos con contratos para exportar toda la energía o de autoconsumo eléctrico.
Sobre estas últimas advierte de que “pueden tener un serio problema si no llegan a las 2.000 horas anuales de exportación con una reducción de la retribución que las haga inviables en muy poco tiempo”, pero, añade, “en caso de que se encuentren casualmente entre las 2.000 y 4.000 horas de exportación pueden salir ganando”. Bartomeu concluye sentenciando que “alguno saldrá ganando, seguramente el que peor hubiera hecho las cosas, mientras que los que han hecho bien los deberes y tienen plantas optimizadas y bien realizadas salen perdiendo. Se prima a las mal gestionadas y se castiga a las bien gestionadas”.
Con este panorama tan sombrío, ¿está todo perdido? Todos (agricultores, ganaderos, ingenierías, constructoras, científicos…) piensan que la cosa está difícil, pero que hay margen para la resistencia y la viabilidad del biogás agroindustrial. La Administración es la primera que lanza el mensaje de las alternativas: autoconsumo, compra de emisiones GEI ahorradas a través de los
Proyectos Clima del Fondo de Carbono, venta del digestato (subproducto del proceso de generación de biogás) como fertilizante…
Sin embargo, las personas y empresas que viven el día a día del biogás agroindustrial no consideran estas alternativas como suficientes, y además no se fían, porque cualquier nueva normativa, incluida la del autoconsumo eléctrico, puede echar por tierra de nuevo ilusiones e inversiones.
La clave… agraolimentaria
Andrés Pascual, de Ainia, expone la primera opción de presente y de futuro: “las oportunidades pueden estar en plantas de biogás de pequeña escala, bajo coste y autoconsumo, anexas a instalaciones agroindustriales que estén pagando por la gestión de sus residuos orgánicos, y también pagando a un alto precio la energía que consumen (térmica y/o eléctrica)”. Luis Puchades, director de Ludan Renewable Energy España, presenta una opinión similar, a la que añade un mensaje para navegantes: “el biogás ya no es un negocio en sí mismo. La única solución para hacer proyectos viables es asociarlos a otros negocios (fundamentalmente agroalimentarios) con los que puedan establecer sinergias”.
El proyecto singular y estratégico Probiogás, liderado precisamente por Ainia, demostró hace cinco años que existe un potencial total de generación de 2.600 millones de metros cúbicos de biogás basado en la disponibilidad de 49,7 millones de toneladas de subproductos agroalimentarios.
Pascual coordinó aquellos trabajos, y ahora afirma que “en la supervivencia del biogás agroindustrial puede ayudar mucho la tendencia por la que cada vez más empresas agroalimentarias buscan abastecerse de materias primas obtenidas bajo criterios de sostenibilidad y a poner en el mercado productos alimentarios de reducida huella ambiental. El márketing verde y las políticas de responsabilidad social empresarial propiciarán que las grandes compañías muevan proyectos de biogás, propios o ayudando a sus proveedores (ganaderos, agricultores, etcétera)”.
Otras alternativas
Puchades, además de corroborar la viabilidad del biogás en una gran industria agroalimentaria para gestionarle los residuos y producir energía que sustituya total o parcialmente sus consumos actuales de combustibles fósiles, apunta otras alternativas que considera importantes, como “la producción de fertilizantes y, por supuesto, la actividad de gestión de residuos agroindustriales, donde un digestor puede dar mucho juego a una planta de gestión de residuos, y generar gas que se puede emplear en evaporadores u otros equipos con consumos térmicos suficientes”.
Pablo Resco, de COAG, matiza un poco las expectativas generadas con la venta del digestato como fertilizante, algo que sin embargo ha supuesto para algunas empresas, como Grupo Granja San Román, de Requena (Valencia), una línea más de producción y comercialización. Pero Resco recuerda que para obtener un buen fertilizante procedente del digestato “hay que contar con un grado de homegeneización muy grande que hace que se extreme el cuidado a la hora de mezclar los sustratos en la digestión anaerobia”.
“Está claro que cuanto más homogénea sea la materia prima se conseguirá un mejor fertilizante, pero incluso en estos casos cuesta venderlo”, recuerda Resco. Con todo, las empresas confían en esta alternativa.
Ludan Renewable está a punto de concluir las obras en la planta de biogás y compostaje de 370 kWe para Kernel Export, empresa agroalimentaria situada en Los Alcázares (Murcia), que será la primera de Ludan encaminada a la producción de fertilizantes de alto valor que cumplan la legislación al efecto.
Biometano para la red
Una opción más es la conversión del biogás en biometano y su inyección en redes de gas o en vehículos. Aquí, además de toparse con la inversión, está pendiente una regulación que favorezca este sistema. Para Óscar Bartomeu, “el biometano es una opción de futuro, pero requiere de una elevada inversión, de un elevado tiempo de realización, de un factor de escala que es muy importante y, sobre todo, de una inseguridad regulatoria que da pánico. ¿Quién invierte dos o tres millones de euros con el riesgo de que luego inventen algún muevo impuesto, una nueva tasa, una norma restrictiva o simplemente que te pases años con la inversión realizada pero que por burocracia no te dejen inyectar tu gas en la red? Depende también de un compromiso político que no veo”.
Javier Martín, antes de llegar al biometano, repasa, como sus compañeros, alguna de las alternativas analizadas: “plantas de biogás para la utilización del calor en procesos industriales o agroalimentarios, aunque por la legislación ambiental tenemos muchas limitaciones de proximidad y las esperanzas se reducen a espacios concretos”. Con ironía, entra en el biometano: “también podemos depurar el biogás para dejarlo en condiciones de inyectarlo en la red, pero no podemos, si lo hiciéramos seríamos los causantes del déficit tarifario gasista que asoma en el horizonte”.
Martín lo tiene claro: “las únicas esperanzas se centran en proyectos en isla desconectados de redes de gas o electricidad”. Puchades apunta en la misma dirección: “mientras no salga el real decreto de autoconsumo (si sale), para mí las aplicaciones eléctricas debemos de olvidarlas, a excepción de algunas granjas o industrias que trabajen en isla, y para potencias pequeñas (menores de 100 kWe)”. Y Bartomeu refrenda el parecer de sus compañeros: “las pocas plantas que se puedan hacer irán en dirección a aplicaciones térmicas; el biogás es más barato que el propano, gas natural o gasóil, y allí no creo que se atrevan a poner impuestos especiales o alguna norma extraña de promoción de los combustibles fósiles importados con el objetivo de empeorar el balance comercial español y las emisiones de efecto invernadero”.
Óscar Bartomeu, autor de una incisiva carta titulada “¿Y quién le dice a un padre de cuatro hijos que está arruinado?”, publicada en la sección de Biogás del portal Energías Renovables al conocer el contenido de la propuesta de orden IET/1045/2014, resume que, “al final, la clave está en aguantar unos pocos años, hasta que el Gobierno pierda los litigios internacionales y el nuevo que entre derogue el RD 413/2014 (regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)”. Y remata: “la pena es que los responsables de esta insensatez saldrán de rositas, y creo que en una democracia deberían acabar en la cárcel y pagar con todo su patrimonio, ya que son plenamente conscientes de la injusta indefensión e inconstitucionalidad de sus actos, así como que la nueva ley estaba muerta antes de nacer”.
Codigestión en depuradoras
Aunque aisladamente algunos ayuntamientos se han quejado de las repercusiones de las reformas sobre la producción de biogás de vertedero, la tendencia a la desaparición de estos hace que las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) se conviertan en la instalación de referencia dentro del biogás no agroindustrial.
Aguas de Valencia realiza la codigestión de lodos y residuos agroalimentarios en algunas de sus depuradoras, aspecto que es criticado por otras empresas del sector del biogás agroindustrial por considerarlo competencia desleal. Para el director de Aguas Residuales del Grupo Aguas de Valencia, Vicente Fajardo, “la codigestión de residuos agroalimentarios con fangos de EDAR tiene posibilidades de desarrollo importantes en un doble sentido: por una parte, se convierten unos residuos en subproductos ahorrándose su tratamiento y, por otra, se incrementa la producción de biogás gracias al aprovechamiento de la complementariedad de la composición de los residuos y los lodos generados en el proceso de depuración".
Fajardo también destaca que "el Grupo Aguas de Valencia ha propuesto el desarrollo, implementación y demostración de una innovadora tecnología de control automatizado de la dosificación de residuos en digestores anaerobios de EDAR”. “Este sistema –añade– permitirá una mayor eficiencia en la generación de biogás mediante la óptima codigestión, por lo que el sistema obtenido será fácilmente aplicable en otras instalaciones”.
