Los actores que han pujado en la subasta -informa Industria- debían ofertar un descuento sobre un valor patrón de retribución a la inversión al que estarían dispuestos a llevar a cabo el proyecto (el valor patrón -1,2 millones de euros por megavatio de potencia- lo establecía el Gobierno). El resultado de la subasta ha sido que "los adjudicatarios, tanto de biomasa como de eólica, están dispuestos a realizar los proyectos con un descuento del 100% sobre el valor patrón de inversión previsto". Es decir -continúa Industria-, que, en el caso de la eólica, los inversores percibirán únicamente la retribución del mercado (o sea, que no cobrarán retribución a la inversión alguna), mientras que, en el caso de la biomasa, percibirán la retribución del mercado más una retribución variable por el coste del combustible (denominada retribución a la operación y que también establece el Gobierno).
CNMC valida
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como entidad supervisora de la subasta, ha validado los resultados y el procedimiento seguido, si bien no ha proporcionado información alguna sobre las empresas que han participado en la puja ni sobre el desarrollo de la misma. Por su parte, Industria asegura únicamente que en la subasta ha habido ofertas "tanto de grandes multinacionales como de pequeños inversores del sector energético" (en su nota, Industria no identifica no obstante a esos inversores). El Ministerio que aún dirige José Manuel Soria se muestra nuevamente convencido de que "España está hoy en día por encima de la senda prevista para cumplir el objetivo del 20% de renovables en 2020". En ese sentido, el comunicado que ha difundido esta mañana el Ministerio vaticina que la nueva potencia adjudicada "contribuirá a asegurar el cumplimiento de ese objetivo con el mínimo coste para el consumidor".
El triunfalismo ministerial no coincide con las estimaciones de los últimos análisis oficiales
Según el informe State of the Energy Union, publicado en noviembre, "España necesita evaluar si sus políticas y herramientas son suficientes y eficaces para materializar sus objetivos en materia de energías renovables" (el Objetivo 2020 de España es que el 20% del consumo bruto de energía en ese año salga de fuentes renovables). Y es que, según ese informe de la UE, nuestro país ha alcanzado (año 2014, último dato cerrado disponible) una cuota de energías limpias de tan solo el 15,8% y quedan apenas cuatro años para alcanzar esa meta -20%- en la fecha horizonte. No es ese el primer aviso. A mediados de 2013, la Comisión Europea publicó un informe -que había encargado a un consorcio liderado por la consultora Ecofys- en el que ya se apuntaba que España sería uno de los países que incumpla en mayor medida sus propios objetivos de porcentaje de renovables en 2020 (y eso que, por aquel entonces, el parón renovable aún no había alcanzado las dimensiones de hogaño).
Quinientos megas a futuro… tras un trienio negro
La subasta ayer celebrada cierra un trienio negro: el sector solo ha sumado al parque eólico nacional 202 MW nuevos en los últimos tres años: 2013, 14 y 15. La potencia ahora subastada -500 megas- no parece vaya a resultar significativa en esa carrera a 2020 contrarreloj. El propio Ministerio de Industria señala en su Planificación de la Red 2015-2020 que sería necesario instalar -para cumplir con el Objetivo renovable español en la fecha horizonte- entre 4.500 y 6.500 megavatios eólicos. El cumplimiento de esa hoja de ruta implicaría que cada año se instalen en España, como mínimo, alrededor de mil megas, lo cual no parece vaya a suceder ni remotamente. Y, mucho menos, habida cuenta de la incertidumbre regulatoria que preside el mercado eólico, sujeto -por decreto del Gobierno- a cambios en la retribución del kilovatio eólico cada seis años. Nada que ver con el marco que acaba de aprobar Estados Unidos, donde el tradicional crédito fiscal a la producción -que se renovaba hasta ahora anualmente- fue renovado en esta última ocasión (en diciembre) para un período de cinco años. El sector, satisfecho por la certidumbre, ya ha anunciado que en ese quinquenio podría crear 380.000 empleos.
Sobre la incertidumbre que produce al inversor el cambio de retribución decretado por el Gobierno (que puede modificar el precio del kilovatio eólico cada seis años, según el Real Decreto-ley 9/2013), léase la entrevista a Hekki Wilstedt, director de políticas energéticas de la Asociación Empresarial Eólica, que ya preveía hace dos años lo que está sucediendo ahora. Los 500 MW eólicos han escapado a esa discrecionalidad -al renunciar a la prima-, pero aún queda una enorme brecha -hasta los entre 4.500 y 6.500 megas- por cubrir con potencia eólica si España quiere cumplir con su compromiso europeo 2020.
Adjudicatarios
Según la agencia Europa Press, las tres empresas que se han hecho con los 500 MW eólicos en liza han sido una filial de Forestalia (Energías Eólicas de Aragón, que se habría llevado unos 300 megavatios); la portuguesa EDP, que según diversos medios lusos se habría hecho con 93 megas; y Jorge Energy, marca perteneciente al grupo cárnico aragonés Jorge, que se habría hecho con 102 MW (se da la curiosa circunstancia de que Forestalia y Jorge son empresas del mismo clan familiar, los Samper). En el caso de los 200 MW de biomasa, los adjudicatarios habrían sido -según diversas fuentes- Ence, con 40 MW (la empresa lo ha confirmado); Forestalia, que, según El Periódico de Aragón, se habría llevado 108,5 megas y otros (sin identificar). Forestalia está presidida por Fernando Samper, hermano del dueño del grupo Jorge.
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