Cada vez está más cerca el momento (antes del 1 de febrero de 2019) en que la Comisión Europea debe adoptar un acto delegado sobre la nueva Directiva de Energías Renovables para confirmar si establece o no un calendario para quitar la condición de renovables a los biocarburantes más cuestionados: el biodiésel de aceite de palma y el de soja.
Mientras tanto, arrecian las campañas de quienes apoyan su eliminación inmediata. Además de las recogidas de firmas, manifestaciones y debates, Ecologistas en Acción y Transport and Environment se reunirán con el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, el próximo 21 de enero “para hablar sobre la necesidad de retirar el biodiésel de palma y soja de la directiva europea de energías renovables”.
Y mientras tanto, la industria europea del biodiésel, y muy especialmente la española, al ser la más dependiente de las importaciones de aceites de palma y soja, debe atajar otro frente: el de las subvencionadas de biodiésel desde Argentina e Indonesia. Tras un primer susto en que afirmaban que la Comisión Europea decidía no renovar los derechos anti-subvención, ahora temen el acuerdo UE-Argentina que se anuncia para fijar cuotas y precios a las importanciones.
1,2 millones de toneladas a un precio mínimo “confidencial”
La noticia la dio a conocer el lunes pasado la agencia Reuters: “la Comisión Europea está dispuesta a aceptar un acuerdo con los productores de biodiesel argentino para resolver la disputa comercial de larga duración sobre las importaciones del producto en Europa”.
Desde la sección de Biocarburantes de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), confirman que “el pasado 13 de diciembre la CE informó a las partes interesadas en este procedimiento que los productores argentinos de biodiésel le habían presentado una oferta de compromiso para vender un contingente de 1,2 millones de toneladas de biodiésel en la UE a un precio mínimo confidencial”. Los últimos datos de producción de España (los mejores en muchos años) superan ligeramente esa cantidad: 1,5 millones de toneladas.
Según Manuel Bustos, director de APPA Biocarburantes, “a esta cantidad (1,2 millones de toneladas) no se le aplicarían las medidas anti-subvención de hasta el 33,4 por ciento que la Comisión propuso aplicar en un documento de fecha 3 de diciembre de 2018”.
Oferta “totalmente inaceptable”
“La oferta de compromiso presentada por la parte argentina nos parece totalmente inaceptable por la cuantía tanto del contingente como del precio mínimo propuesto, cuya formación carece de la mínima transparencia exigible”, prosigue Bustos. Y así se lo han transmitido formalmente a la CE, proponiendo la introducción de modificaciones relevantes en el compromiso.
A partir de aquí, y según el calendario que se expone en la información de Reuters, las partes interesadas tenían hasta hoy mismo para aportar las consideraciones y modificaciones que apunta Bustos. Luego se consultará a los Estados miembros antes del 30 de enero. La fecha límite para aprobar los aranceles definitivos se establece en el 28 de febrero.
Manuel Bustos afirma que “estamos ciertamente preocupados por la posibilidad de que la Comisión pretenda cerrar el procedimiento en falso, con una propuesta que sólo busque apaciguar a Argentina”. Reconoce que “dejaría a la industria española a los pies de los caballos” y que “no sólo no se nos compensarían los daños sufridos por las subvenciones argentinas desde septiembre de 2017, sino que no existiría ninguna garantía de reestablecimiento de un marco de competencia leal en el mercado”.
Argentina aplaude el diálogo
Desde Argentina, y según recoge también Reuter, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Luís Zubizarreta, afirma que están dispuestos a conformarse "con un valor mínimo", subrayando que en la actualidad se da “un buen diálogo (con la UE), que parece ser la forma de beneficiar a todas las partes”.
Desde que en 2013 la CE impuso los primeros aranceles antidumping y anti-subvención a Argentina e Indonesia por el “importante perjuicio causado” a la industria europea del biodiésel, se desató una guerra comercial que llevó a eliminarlos en 2016 tras sendas condenas de la Organización Mundial del Comercio y el Tribunal de Justicia Europeo.
Pero la masiva entrada de biodiésel de ambos países tras levantarse los aranceles llevó de nuevo a la European Biodiesel Board (EBB), principalmente, a solicitar su renovación. De hecho, a principios del mes de diciembre de 2018 la CE inició un procedimiento anti-subvención sobre las importaciones de biodiésel de Indonesia.
“Pruebas suficientes”
La Comisión considera que la denuncia presentada por la EBB “incluye pruebas suficientes de que los fabricantes del producto investigado de Indonesia se han beneficiado de una serie de subvenciones en forma de contribuciones financieras y/o ingresos o apoyo a los precios otorgados por el Gobierno de Indonesia”.
Idéntica consideración tuvo la CE cuando el 31 de enero de 2018 inició la investigación sobre el biodiésel argentino, es decir, que había “pruebas suficientes” de que los productores se benefician de una serie de subvenciones otorgadas por su Gobierno.
