En el marco del procedimiento abierto por la Comisión Europea (CE) a principios de año sobre la importación de biodiésel argentino altamente subvencionado en origen, dicha institución ha distribuido ya un informe a las partes y a los Estados miembros en el que adelanta que, reconociendo el problema, propone no aplicar derechos provisionales anti-subvención contra las citadas importaciones.
La CE concluye que el Gobierno argentino subvenciona a su industria productora de biodiésel con importes que representan hasta el 35 por ciento del precio del producto exportado, lo que permite a los productores de ese país vender su biodiésel en la UE hasta un 19 por ciento por debajo del precio medio del mercado comunitario.
Las partes que han tenido acceso al informe afirman que la Comisión también “constata claramente que estas importaciones están teniendo ya un impacto negativo en la situación de la industria europea de biodiésel, que pierde cuota de mercado y es incapaz de conseguir beneficios, existiendo una amenaza de perjuicio a los productores comunitarios de hasta el 38 por ciento del citado precio”.
La CE necesita recabar más información
Tanto la sección de Biocarburantes de la Asociación Empresas de Energías Renovables (APPA), como la Asociación Europea del Biodiésel (EBB en sus siglas en inglés) se muestran indignadas con la decisión de la CE de no imponer derechos anti-subvenciones a pesar de constatar estas evidencias.
Según Manuel Bustos, director general de APPA Biocarburantes, “la Comisión expone el argumento de que necesita recabar información adicional para poder confirmar las conclusiones preliminares de su investigación, así como arrojar más luz sobre el interés de la UE en adoptar medidas”.
Para Bustos, “la Comisión viola lo previsto en el artículo 31.1 del Reglamento 2016/1037 (sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la UE), que señala que las medidas anti-subvención podrán no adoptarse cuando las autoridades concluyan claramente que su aplicación no responde a los intereses de la UE, una conclusión a la que en ningún caso llega la Comisión a la vista de lo que ella misma expone en el citado documento informativo”.
244.000 toneladas llegaron a España en los primeros siete meses de 2018
Desde la EBB afirman que “si no se fijan derechos provisionales en los próximos días, la industria del biodiesel de la UE volverá a verse gravemente afectada por los flujos comerciales desleales, con un potencial de consecuencias catastróficas para la economía verde de la UE, la agricultura europea y los empleos”.
En APPA Biocarburantes manejan datos de Eurostat según los cuales en los primeros siete meses de este año la UE importó más de un millón de toneladas de biodiésel argentino, de las que una cuarta parte (244.000 toneladas) llegaron directamente a España, “cuando estas importaciones fueron inexistentes en el mismo período del año anterior”. La EBB añade que, solo en julio, entraron 250.000 toneladas.
Aunque no aparecen las de 2018, si se miran las cifras que ofrece la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) con respecto a la evolución en 2017, estas fueron incrementándose paulatinamente a lo largo del año. En enero de 2017 las exportaciones superaban ligeramente las 60.000 toneladas, y en junio ya eran más de 160.000. Tanto Carbio como el Gobierno argentino han negado en varias ocasiones que existan los subsidios de los que se les acusa.
APPA Biocarburantes solicita al Gobierno que reclame a la CE que cambie de postura
Si se cogen también los datos de la estadística sobre biocarburantes que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se aprecia que en 2017 el seis por ciento del biocarburante certificado en España procedía de Argentina, mientras que en años anteriores, cuando se aplicaban derechos anti-subvenciones, no entró ni un litro. Entre enero y febrero de 2018 la CNMC ya registra un 20 por ciento de biodiésel argentino.
La EBB asegura que “los exportadores argentinos parecen tan seguros de que las autoridades de la UE no utilizarán plenamente los instrumentos de defensa comercial que están desafiando todos los riesgos de derechos retroactivos e incluso han acelerado sus flujos comerciales hacia Europa”.
Manuel Bustos apostilla que “ante esta grave situación, hemos solicitado al Gobierno español que, junto con otros países afectados, reclamen a la CE que cambie su propuesta y adopte medidas anti-subvención contra las importaciones de biodiésel argentino dentro del plazo máximo legalmente previsto para ello, que concluye el próximo 31 de octubre de 2018”.
