Hace un año un estudio presentado por el principal productor de biodiésel en España (Masol Iberia Biofuel) constataba el repunte de la producción en nuestro país, tras años de una grave crisis en el sector que conllevó la parada y cierre de algunas plantas. A finales de 2015, La Voz de Galicia refrendaba esta tendencia con los datos de la instalación de Masol en Ferrol. Esta multinacional fue la que salió mejor parada de la orden de asignación de cantidades de biodiésel de 2014, con 900.000 toneladas (sobre un total de 3,2 millones para compañías españolas) repartidas entre las plantas de Castellón y Ferrol.
Desde APPA Biocarburante confirman que “la puesta en marcha de la asignación de cantidades ha tenido un efecto claramente beneficioso para la industria española de biodiésel, que ha visto aumentar desde entonces su producción, su cuota de mercado y su ratio de actividad”. También citan el incremento de la “aportación a la riqueza nacional y a la generación de empleo”, por lo que solicitan a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que “apruebe de manera urgente la prórroga de la actual asignación por otros dos años adicionales”.
La OMC podría eliminar las medidas antidumping a Argentina e Indonesia
La petición de APPA Biocarburantes se ajusta a lo previsto en la orden ministerial que regula dicha asignación. “Esta prórroga –señalan– se debería vehicular a través de una simple resolución del secretario de Estado de Energía, por lo que no requiere una larga ni compleja tramitación”. Óscar García, presidente de APPA Biocarburantes, explica que la medida resulta "fundamental para que la industria española del biodiésel pueda consolidar la mejoría experimentada estos últimos años, afianzar su competitividad, mantener el empleo y contribuir a la diversificación energética y a la protección del medio ambiente”.
La urgencia que demanda el sector se basa también en el riesgo de que los derechos antidumping actualmente aplicados por la Unión Europea (UE) sobre las importaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia se reduzcan o eliminen en los próximos meses por indicación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) o del Tribunal de Justicia de la UE. García advierte de que con ello se "abriría de nuevo la puerta a masivas importaciones desleales procedentes de ambos países, que pondrían otra vez en peligro la supervivencia de la industria española”.
Liquidaciones de plantas y morosidad con Hacienda
No obstante, no toda la industria ha sobrevivido a unos momentos en los que a las importaciones desde Argentina e Indonesia se han unido la sobrecapacidad de la producción y el cuestionamiento de la sostenibilidad de algunos biocarburantes (especialmente el más producido en España, biodiésel con aceite de palma) que conllevó que la UE dejara a los de primera generación en un 7% de aportación al transporte en 2020. De hecho, grandes empresas como Entabán, con tres plantas ubicadas en España y que quedó fuera de la orden de asignación, está en proceso de liquidación de la sociedad y venta de la unidad productiva situada en el Puerto de Sevilla, con una capacidad de producción de 50.000 toneladas anuales.
Este declive del mercado ha llevado también a que varias empresas asociadas a los biocarburantes, y más concretamente el biodiésel (casi todas en procesos de liquidación también), aparecieran en la lista de los principales morosos de Hacienda que deben más de un millón de euros a la Agencia Tributaria (AEAT). Es el caso de Biodiésel de Andalucía, con 9,4 millones de euros; Bioenergética Extremeña (Bioenex), con 3,8 millones; Bioenet Europa, con 2,8 millones; y Biodiésel Castilla-La Mancha, con 1,4 millones. Gran parte de estos importes proceden de ayudas públicas que recibieron en su día con el compromiso de su reintegro si no se cumplían las condiciones suscritas.
