"Solicitud excesiva de documentos y requerimientos", que además "en muchas ocasiones" ni siquiera están reflejados en la regulación; "trámites administrativos innecesarios e injustificados" (que ralentizan todo el proceso), y a lo que se añade además la "dilatación indebida de los tiempos de respuesta o respuestas incoherentes", todo lo cual se traduce en demoras, largas demoras (la Alianza denuncia "retrasos de meses o incluso años"). Diagnóstico en fin muy explícito, y con nombre y apellidos: "Iberdrola, Endesa y Naturgy están poniendo palos al despegue del autoconsumo en España". Lo dice la Alianza por el Autoconsumo, que publicó en junio un informe absolutamente crítico para con las grandes distribuidoras, que son las susodichas: Endesa e Iberdrola (integradas ambas en aelēc) y Naturgy. El informe, titulado "Autoconsumo en España: diagnóstico, retos y propuestas", presenta una conclusión muy concreta: "los trámites administrativos innecesarios e injustificados, las demoras de las distribuidoras eléctricas y los requerimientos desproporcionados y continuados entorpecen el despegue del autoconsumo colectivo en España".
A la luz de la información recabada durante los últimos meses, la Alianza señala específicamente a "las principales distribuidoras eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy" como las principales responsables de obstaculizar el autoconsumo, particularmente el colectivo. "No solo acumulan poder y recogen beneficios milmillonarios como generadoras y comercializadoras, sino que, además, en su papel de distribuidoras -explican desde la Alianza- están poniendo palos al despegue del autoconsumo, que es la principal herramienta para que las personas luchen contra el incremento de la factura de la luz y el cambio climático y participen en la transición energética”.
El autoconsumo colectivo, principal perjudicado
Aunque España cuenta con 5,4 gigavatios de autoconsumo instalados y esta solución de ahorro ha crecido un 1.200% desde 2018, solo el 1% de todos los autoconsumos es colectivo. La mayor parte del autoconsumo se limita a las instalaciones que no necesitan permisos de acceso y conexión con las distribuidoras, como las residenciales de menos de quince kilovatios (15 kW) o las industriales sin excedentes. "A pesar de que el 67% de los españoles reside en bloques de viviendas, el diagnóstico -denuncia la Alianza- es desalentador: aunque el autoconsumo colectivo está permitido en el marco normativo, en la práctica es inexistente".
Autoconsumo en España: Diagnósticos, retos y propuestas. Página 27
«Es imprescindible crear, regular con carácter de ley y aplicar de forma ágil mecanismos de sanción contundentes para disuadir a los agentes, y en especial a las distribuidoras, de incumplir los plazos y realizar malas prácticas. La ley del Sector Eléctrico (Título X de la ley del Sector Eléctrico sobre infracciones y sanciones), que tipifica distintos tipos de faltas en leves, graves y muy graves, no tiene en la práctica ningún efecto»
[Bajo estas líneas, tabla extraída del informe (página 32), que recoge algunas de las magnitudes clave del mismo e identifica el organismo y la empresa implicadas en las incidencias].
Más de medio millar de casos reales
El informe, para el que se han recogido más de 500 casos reales, expone que los procesos de las distribuidoras generan "retrasos de meses o incluso años" en la tramitación. Según los datos recopilados por la Alianza, los consumidores han sufrido problemas relacionados sobre todo con (1) la solicitud del punto de acceso, (2) la activación de las instalaciones y, (3) en la fase de contratación, con la comercializadora, pero "por problemas desde la distribuidora". Los retrasos en estos puntos, la obligación de realizar modificaciones en instalaciones de enlace o red así como la imposición de "obligaciones sin respaldo legal" han sido las mayores barreras para acceder al autoconsumo. En total, las instalaciones afectadas por estos retrasos recogidas en el informe (que ha analizado 564 casos) suman una potencia de 3,58 megavatios.
Los "trámites administrativos innecesarios" y la "solicitud excesiva de documentos y requerimientos", que en muchas ocasiones no están reflejados en la regulación, alargan y postergan los procedimientos. Además -añaden los autores del informe-, cada distribuidora cuenta con protocolos de actuación propios, algo que dificulta aún más el proceso. La ley -recuerdan desde la Alianza- exige que las tramitaciones de autoconsumo colectivo "no puedan superar en ningún caso los dos meses desde la obtención del Certificado de Instalación Eléctrica, pero esto dista mucho de la realidad".
Las propuestas de la Alianza
La Alianza propone un protocolo a nivel estatal "que deban seguir todos los agentes implicados", y que sea "transparente, sencillo, racional y digital así como constante en el tiempo". ¿Objetivo? Evitar los abusos. La Alianza lo explica así: "evitar la implantación unilateral de nuevos requerimientos de documentos o tramitaciones por parte de las compañías distribuidoras y comercializadoras".
Autoconsumo en España: Diagnósticos, retos y propuestas. Página 22
«La tramitación del autoconsumo colectivo no deberá superar los 2 meses desde la obtención del Certificado de Instalación Eléctrica, como dicta el Real Decreto-ley 14/2022, artículo 16bis. Sin embargo, la realidad es que estas tramitaciones duran muchos más meses, incluso años»
La Alianza reclama además la figura del gestor de autoconsumo (representante legal, figura ya presente en la normativa española y en otros países europeos) que debe servir "para ayudar a los consumidores en los procesos ante distribuidoras y administraciones" y que, además, debe ser "clave para facilitar la activación de la flexibilidad distribuida".
La Alianza propone crear una "ventanilla única estatal" o un "procedimiento de autorización único" para los trámites administrativos y de conexión a la red, que deben ser "más sencillos, transparentes y digitales". "Ello -matiza-, sin perjuicio de que será preciso que en su diseño, gobernanza y funcionamiento participen administraciones de todos los niveles (Estado, comunidades autónomas y entes locales)".
La Alianza también considera "fundamental" crear el registro de autoconsumo (estatal o autonómico) previsto en los artículos 19, 20 y 21 del RD244/2019 "que permita monitorizar y dar seguimiento al despliegue del mismo para vigilar y contribuir a la mejora de políticas que garanticen y aceleren el correcto despliegue. Esta información debe de ser pública y estar actualizada".
Otra de las propuestas de esta entidad de la sociedad civil es "poner en marcha a la mayor brevedad posible las mesas para la dinamización del autoconsumo colectivo, tanto a nivel estatal como autonómico". En estas meses debe estar asegurada la participación de "un amplio abanico de partes interesadas". Entre ellas, el regulador, agentes de la sociedad civil (como asociaciones, consumidores, oenegés, etcétera) y niveles gubernamentales "que contribuyan al seguimiento y mejora de las políticas necesarias para un correcto y acelerado despliegue".
Y, por fin, sanciones contundentes e inspectores. Los tiempos habituales de tramitación de las instalaciones y/o activación de compensación de excedentes "se extienden -denuncian desde la Alianza- de 12 a 24 meses en algunos casos para un trámite que legalmente debe y puede durar 15 días, cuando no menos". Pues bien, contra ese abuso (malas prácticas, incumplimiento de plazos legales y otras obligaciones teóricas de las distribuidoras), la Alianza propone "medidas correctivas".
Porque la experiencia demuestra -explica- que este tipo de "esquemas coercitivos" ha tenido éxito en otros sectores. "Baste recordar el caso de la regulación de cambio de operador de telefonía móvil, que evolucionó positivamente pasando de un abusivo plazo de más de un mes a 5 días para tramitar el cambio en cuanto se reguló y penalizó adecuadamente". En esa línea, la Aliazna propone "aumentar el personal asignado a asegurar el cumplimiento de estos procedimientos".
Recorrido de mejora
La Alianza reconoce que el autoconsumo ha avanzado con gran éxito en España "desde la derogación del impuesto al Sol en 2018" y es así mismo perfectamente consciente de que el autoconsumo colectivo lleva cuatro años regulado en España, pero considera que su marco normativo "tiene todavía recorrido de mejora". Por ello, la Alianza por el Autoconsumo reclama a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales que se comprometan a diseñar "una normativa que ordene, clarifique, facilite y penalice su incumplimiento de forma decidida y contundente". Para ello, propone, entre otras soluciones, un protocolo pormenorizado "a nivel estatal que deban seguir todos los agentes implicados que sea transparente, sencillo, racional y digital, así como constante en el tiempo".
Alianza por el Autoconsumo
«Solucionar estas barreras normativas para defender la ley y a la ciudadanía por encima de los intereses de las energéticas y para impulsar las energías limpias en manos de la gente facilitará que los hogares españoles puedan beneficiarse de un precio más bajo en la factura de la luz y que, a su vez, las compañías instaladoras de autoconsumo puedan operar en ese mercado, hasta ahora vetado»
Para denunciar las trabas que las distribuidoras están poniéndole a los autoconsumos colectivos ("y seguir recopilando las malas prácticas presentes en el sector"), la Alianza ha lanzado el hashtag #AutoconsumoColectivoYA.
La actividad y las retribuciones de las distribuidoras están reguladas por el Gobierno. Las retribuciones percibidas en este último quinquenio por las tres citadas (y EDP), retribuciones reguladas por el Gobierno, como se dijo, han superado los 26.000 millones de euros.
Sobre la Alianza
La Alianza por el Autoconsumo, entidad sin forma jurídica y sin ánimo de lucro, está formada por más de 70 entidades que apoyan y fomentan el autoconsumo de energías limpias. Desde su creación en mayo de 2017 la Fundación Renovables ejerce la secretaría y coordinación de las actividades. La Alianza tiene una amplia representación de la sociedad civil y cuenta con la adhesión de las principales asociaciones de consumidores, ecologistas, empresariales y sindicatos de España.
Resumen ejecutivo del informe (incluye relación de todas las entidades integrantes de la Alianza)
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