España ha invertido en los últimos cinco años, con presupuesto del Ministerio de Economía y del Ministerio de Medio Ambiente, 770 millones de euros para la adquisición de créditos de carbono. El motivo ha sido que el país ha emitido más CO2 del que se comprometiera a emitir cuando ratificó el Protocolo de Kioto y, para compensar esos excesos, se ha visto obligado a adquirir créditos en los mercados internacionales de carbono. A pesar de ese enorme desembolso, la cantidad de créditos adquiridos es "claramente inferior a las necesidades reales", según el gobierno, por lo que la sangría de recursos económicos va a continuar.
Es más, necesariamente va a incrementarse ese desembolso (dinero que se vuelve humo), pues las emisiones ya se han incrementado, según el último Observatorio de la Electricidad de WWF, boletín mensual en el que la organización ecologista recoge las magnitudes clave de la energía eléctrica en España y en cuya última entrega, la relativa al mes de junio, WWF propone "abandonar definitivamente" el carbón, a la par que recuerda que la Comisión Europea ha criticado duramente al ejecutivo español por haber suspendido las ayudas a las renovables en la "Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012". Así, y según ese documento, "la suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020". Más aún: la Comisión apunta en su "Evaluación..." que, con una menor proporción de energías renovables, la dependencia de España de la energía importada crecerá por encima de la tasa actual, que se sitúa en el 79%, valor que es ya muy superior a la media de la UE, que está en el 54%.
Gas subvencionado
Lejos del discurso ecologista, y asimismo del europeo, la administración de Rajoy no solo sigue subvencionando al carbón (el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha prometido al sector 655 millones de euros este año), sino que también está subvencionando (con 26.000 euros por megavatio de potencia) a las centrales térmicas de gas natural. La subvención asciende a, concretamente, 26.000 euros por megavatio instalado durante diez años. Pongamos un ejemplo: el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, y el presidente de Endesa, Borja Prado, inauguraron el 30 de marzo de 2011 la central de ciclo combinado Besòs 5, que, según Endesa, "tiene una potencia de 859 MW y ha supuesto una inversión de 436 millones de euros".
Un megavatio de carbón, casi una tonelada de CO2
Pues bien, si multiplicamos 859 MW por 26.000 euros y por diez años, la cantidad obtenida supera los 220 millones de euros, es decir, más del 50% de la inversión que declara Endesa. ¿Conclusión? Los consumidores pagan a Endesa más de la mitad de lo que cuesta levantar la central de ciclo combinado, o sea, que son inversores (en una cantidad superior al 50%) en la sombra: inversores en la sombra... aunque no, desde luego, propietarios de ese 50%. Por lo demás, cada megavatio hora eléctrico generado en una central térmica de ciclo combinado de gas natural emite 0,37 toneladas de CO2, según datos de Red Eléctrica de España (REE). En el caso del carbón, ese factor de emisión es mucho mayor. Según REE, un megavatio hora generado en una central térmica de carbón emite 950 kilos de CO2 (0,95 ton).
Dinero que se volatiliza
¿Segunda conclusión? Mientras que, por una parte, los consumidores –vía tarifa (los 26.000 euros salen de ahí)– estamos financiándole a multinacionales como Endesa o Gas Natural Fenosa la construcción de centrales de gas, por otra estamos pagando multas multimillonarias porque emitimos más CO2 (por culpa del gas) de lo que debemos. ¿Segunda conclusión bis? Mientras que, por una parte, los contribuyentes –vía presupuestos generales del estado– estamos subvencionando la quema de carbón, por otra, estamos pagando multas multimillonarias porque emitimos más CO2 (por culpa del carbón) de lo que debemos. Según el gobierno, concretamente, España ha pagado hasta 770 millones de euros durante los últimos cinco años: 770 millones de euros convertidos en humo (en junio, según WWF, el carbón produjo en España 5.434.000 megavatios hora, MWh).
Con retroactividad
El colmo del surrealismo de la política energética española asoma llegado el turno de la solar fotovoltaica (FV). El gobierno no solo no incentiva la inversión en FV con 26.000 euros por megavatio de potencia instalado, sino que, antes al contrario, ha puesto en riesgo a los inversores al legislar con retroactividad. A saber. El ejecutivo había creado un marco muy concreto: el kilovatio generado en una instalación solar fotovoltaica –y en tanto en cuanto era un kilovatio limpio (no emisor de CO2)– merecía un premio, lo llamaron tarifa regulada. El ejecutivo establecía además un precio asimismo muy concreto para esa tarifa, un precio que reconocía esa singularidad específica: la electricidad FV, a diferencia de la convencional, no ensucia, es limpia. Y los inversores, a la luz de ese marco, avalado por el gobierno, diseñaron su hoja de ruta.
Seis mil euros de regalo en el último minuto
A saber: invierto tanto; mi instalación genera tanto; el gobierno avala que el precio que recibiré por cada kilovatio que yo inyecte en la red eléctrica será tanto (gracias a ese aval, por cierto, me ha prestado el banco); dado lo dado puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros y, finalmente, obtengo el beneficio que persigo como inversor. Y así estaba todo hasta que… el 23 de diciembre de 2010, apareció en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley (RDL) 14/2010, obra él del ministro de Industria Miguel Sebastián (que fue por cierto quien estableció los 26.000 euros de incentivo al gas; antes eran solo 20.000). El caso es que la norma en cuestión establecía una “limitación de las horas equivalentes de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas hasta el 31 de diciembre de 2013”.
Prima solar hasta cierto punto
O sea, que lo de antes (la legislación previa) seguía siendo válido, sí, pero solo hasta cierto límite, o hasta cierta “limitación” (por usar la terminología BOE). El RDL Sebastián decía así: las horas equivalentes de referencia para las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica acogidas al régimen económico establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, serán 1.250 en las instalaciones fijas, 1.644 en las instalaciones con seguimiento a un eje y 1.707 en las instalaciones a dos ejes. Y, así, una vez superado el límite de horas equivalentes, el importe a percibir por megavatio hora producido por cada instalación fotovoltaica empezaba a ser el precio correspondiente al mercado diario de casación.
Lo que dicta el mercado es dictadura
¿Conclusión? Si hasta el día de antes, algunos megavatios FV habían llegado a percibir hasta 470 euros (gracias a la prima), a partir de la entrada en vigor de ese RDL, algunos megavatios FV –generados más allá de la hora 1.250, allende la hora 1.644 ó después de la hora 1.707, según correspondiera– percibirían 45, 50 ó los euros que dictase el mercado. En fin, que a la característica incertidumbre de la meteorología, se sumaba (se ha sumado) la hasta entonces exorcizada incertidumbre de los mercados. ¿Por qué? Pues porque el precio en el mercado se fija hora a hora, es decir, que un mes puede tener 744 precios distintos de la energía, precios que además pueden variar muy mucho, pero que en todo caso giran en torno a los cincuenta euros, lejos, muy lejos, los 470 euros a partir de los cuales el inversor fotovoltaico (ese al que no le dieron 26.000 euros por megavatio instalado) había redactado su hoja de ruta.
El gobierno le pedirá 500 millones a la FV... ¿para dárselos al gas?
Seguramente 470 euros era una cantidad muy inflada, y seguramente justo es, muy justo, el ajustarla al tan traído y tan llevado "beneficio razonable", pero, de ahí, a cobrar diez veces menos... hay un abismo, o diez. El caso es que el sector las ha estado pasando canutas (el RDL susodicho habría supuesto, según la patronal FV,un recorte de 2.200 millones de euros) y ahora se enfrenta a otra andanada: un impuesto –el 19%– al megavatio hora generado (es el más alto de todos los impuestos energéticos que está preparando el gobierno y pretende recaudar con él 550 millones de euros). A que no sabes cuánto ha presupuestado el gobierno este año como incentivo a la inversión en gas (los famosos 26.000 euros por megavatio)... Sí: 570 millones de euros. [Foto: Francisca Barra V/La Tercera].
