El presidente de la multinacional hispano-catarí (el principal accionista de Iberdrola es el Fondo Soberano de Catar) intervino ayer en el Foro Económico de Davos, concretamente en el panel "El nuevo contexto energético". En ese marco, José Ignacio Sánchez Galán ha denunciado que "una serie de circunstancias" está restando competitividad a la economía europea frente a otras, como la estadounidense. En concreto, Galán ha dicho que, pese a que “los precios de la energía han caído, las tarifas se han incrementado en los últimos años debido a la inclusión de costes ambientales y sociales no relacionados con el suministro eléctrico, que ya representan más del 50% de la tarifa”.
Para competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo -ha añadido el alto ejecutivo de Iberdrola-, “Europa precisa una Unión Energética con un regulador único y unas normas comunes”. En ese sentido, Sánchez Galán ha anunciado en Davos que la nueva Comisión Europea, que ha habilitado una vicepresidencia específica para abordar este asunto, “está desarrollando este concepto [regulador único, mercado común] y actuará pronto” (el popular Miguel Arias Cañete ha sido recientemente designado comisario europeo de Energía y Cambio Climático, responsabilidades que hasta ahora ejercían dos comisarios distintos: el alemán Günther Oettinger y la danesa Connie Hedegaard).
Inversiones multimillonarias
Galán considera, además, que "uno de los principales retos del sector energético a lo largo de los próximos años será conseguir los enormes recursos financieros precisos para acometer las inversiones necesarias". En ese sentido, ha apostado por animar a las autoridades a que aprueben "marcos regulatorios estables y predecibles que aporten claridad a los inversores". Estabilidad que el presidente de Iberdrola considera imprescindible pues, “pese a que el sector tiene capacidad tecnológica para crecer, logrando, en paralelo, un suministro eléctrico seguro, sostenible y competitivo”, va a requerir inversiones multimillonarias (de más de 20 billones de dólares entre 2014 y 2040, según la Agencia Internacional de la Energía, ha dicho).
El caso mexicano
En definitiva, para lograr un sector más atractivo de cara a los inversores, Sánchez Galán ha propuesto desarrollar “planificaciones energéticas que identifiquen las necesidades y las soluciones tecnológicas más adecuadas; habilitar mecanismos para garantizar su adecuado cumplimiento; y aprobar marcos regulatorios estables”. Si se cumplen estas condiciones -ha dicho-, "las inversiones llegarán -un buen ejemplo es la reforma energética lanzada en México por el presidente Peña Nieto- y todo ello será beneficioso para los consumidores, que obtendrán un mejor servicio a precios competitivos, y para la sociedad, teniendo en cuenta el inmenso impacto económico del sector en términos de riqueza y creación de empleo”.
Sobre los costes sociales que restan competitividad
Amnistía Internacional ha publicado a lo largo de los últimos meses varios informes en los que denuncia "prácticas de explotación en Qatar tales como retrasos en el pago de los salarios de migrantes, condiciones laborales duras y peligrosas, precarias condiciones de vida y aspectos escalofriantes del trabajo forzado y violencia física y sexual contra trabajadores del servicio doméstico". A raíz de la investigación que dio lugar a esos informes, AI ha pedido a Qatar que adopte algunas medidas, entre ellas: "poner en marcha una investigación independiente sobre las causas de las muertes de trabajadores migrantes o bajar las prohibitivas tasas que deben pagar los trabajadores para poner pleitos a sus empleadores.
Catar se colocó bajo los focos de la atención internacional a raíz de su elección como sede del próximo mundial de fútbol, que está previsto se desarrolle en aquel país en 2022. Tras la designación, el país entero ha pisado a fondo el acelerador de la construcción de las infraestructuras correspondientes (estadios de fútbol, para empezar) y ha atraído muchísima obra de mano de otras naciones de la región, sobre todo, de India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Pakistán. Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado los abusos que se están cometiendo sobre esos trabajadores. AI habla de "violaciones manifiestas de los derechos de los migrantes".
