“La aplicación de la orden puede tener una repercusión negativa en los precios de los combustibles de automoción en un momento, como el presente, en que éstos alcanzan máximos históricos”. Esta es la razón que se expone en la orden publicada hoy en el BOE que deja sin efecto la del 20 de abril que regulaba la asignación de cantidades de producción de biodiésel a productores españoles y del resto de la Unión Europea para el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes. Nadie se cree que esa sea la verdadera razón, máxime tras la queja presentada por el Gobierno argentino, cuyo país es el principal exportador de biodiésel a España junto a Indonesia, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la aprobación de la orden de abril. Poco después de conocer la OMC la denuncia, estaba ya sobre la mesa de Bruselas.
José Manuel Soria, ministro de Industria, Turismo y Energía, ha perdido el pulso con Cristina Fernández, presidenta de Argentina, y con ello ha salido damnificada la industria del biodiésel español, que sigue sin levantar cabeza, con ratios de producción del 14% sobre su capacidad. Tras conocerse la expropiación de la filial de Repsol, YPF, por el Gobierno argentino, Soria declaró que el Ejecutivo español trabajaba en unas medidas “claras y contundentes” para responder a la misma. Días después se publicaba la orden del biodiésel, con el objetivo primordial de parar las importaciones procedentes de Argentina. Los productores españoles y del resto de la UE se pusieron manos a la obra para optar a la asignación de cuotas, pero cuando estaba a punto de producirse, el próximo 22 de octubre, se deja sin efecto la orden.
El sector quiere una alternativa ya
Desde la sección de Biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) denuncian que “esta decisión supone un nuevo golpe para una industria que ha realizado un enorme esfuerzo económico, técnico y humano para presentar las propuestas de cuotas al ministerio y para acondicionar las plantas de cara a la reactivación de la producción”. APPA Biocarburantes considera que así se prolonga su agonía, que puede acabar en muerte si “el ministro no ofrece con urgencia una solución a esta paralización”. De momento, el ministerio calla y no responde a las peticiones escritas y telefónicas de información que le ha enviado Energías Renovables. Hay que remitirse a la orden aprobada para leer que, al menos, queda la posibilidad “de la reparación que proceda por los costes de gestión en que hayan incurrido (los productores)”.
Otra de las controversias políticas que genera esta decisión es por qué ni la OMC ni la UE reaccionaron de la misma forma cuando países como Francia o Bélgica aprobaron órdenes similares, que incluso restringen la asignación de cuotas a productores dentro de sus fronteras. La intención de Bruselas es parar también esas legislaciones, aunque de momento solo España ha bajado la guardia, y esperar a medidas conjuntas tomadas desde la UE. A la industria española no le vale con esperar a las conclusiones de las investigaciones que lleva a cabo la UE con el procedimiento antidumping abierto en agosto relativo a las importaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia. “No podemos esperar, la burocracia de Bruselas es muy lenta y es posible que hasta dentro de un año no conozcamos una resolución al respecto”, señalan desde la industria. Además, hace poco se conocía una filtración a la agencia Reuters sobre el cierre sin medidas de una investigación similar sobre el bioetanol de Estados Unidos, por lo que las esperanzas se recortan.
Como toda normativa, al final de la orden se lee que contra la misma, “que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó”. APPA Biocarburantes insiste en que se necesitan alternativas mucho más urgentes ante una competencia desleal del biodiésel argentino, “que acapara más del 50% del consumido en España y que vende más barato el producto terminado que la materia prima con la que se elabora”.
