Escaladores de Greenpeace han desplegado esta mañana dos pancartas de 27 metros cuadrados (cada una) en la fachada del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con los mensajes “Stop Garoña” y “Stop nucleares”. Además, otro grupo de activistas portaba una pancarta con el lema “Por un CSN independiente”. La acción está teniendo lugar previamente a la celebración del pleno que el organismo regulador tiene cada miércoles. Hoy podría tratarse, entre otros temas -explica Greenpeace-, "la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de toda la Unión Europea". (Para saber qué es el CSN y cuál es su misión).
Parlamento vs. Ejecutivo
La organización ecologista pide al CSN que paralice el proceso de evaluación para la reapertura de Garoña. La solicitud de los ecologistas llega "después de que, en el último pleno, celebrado el 3 de febrero, [el CSN] aprobara varios informes que -según Greenpeace- allanan el camino para que se pueda emitir un informe favorable que permita darle una licencia a Garoña para operar hasta los 60 años". Con esta decisión -denuncian los ecologistas-, el presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen (véase su remuneración), "ha hecho oídos sordos a la mayoría del Parlamento, que el pasado 2 de febrero pidió [a Scharfhausen] a través de una carta que paralizara el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno". En la misiva, los grupos parlamentarios también comunicaban al presidente del CSN "que solicitarían su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso tan pronto como esta se constituya", solicitud que ya se ha llevado a cabo.
"Inaceptable"
Para los ecologistas, la decisión del CSN es "inaceptable, teniendo en cuenta que corresponde al Parlamento ejercer un control continuado sobre las actuaciones del CSN". Greenpeace denuncia que "las decisiones del CSN se están llevando a cabo bajo influencia del Partido Popular, del que proceden tres de sus miembros, incluido el presidente". La oenegé recuerda que el nombramiento de Scharfhausen en 2012 se llevó a cabo sólo 24 horas después de su destitución como secretario de Estado de Energía, "decisión muy cuestionable teniendo en cuenta que la Ley de Creación del CSN establece que éste es independiente de la Administración General del Estado". Entre las tareas de Scharfhausen como secretario de Estado de Energía -explica Greenpeace- estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN. Además, el tercer consejero procedente del PP, Javier Dies, ocupó su cargo un mes antes de las elecciones del 20D, "nombrado por el Ministerio de Industria, sin el consenso del resto de partidos, en una maniobra que les ha permitido dejar el control del CSN en manos del PP".
Petición de firmas
Junto a esta acción de protesta, Greenpece ha lanzado hoy una petición de firmas para que no se renueven las licencias a las centrales nucleares. Según la portavoz de la campaña de Nuclear de Greenpeace, Marta González, "el Consejo de Seguridad Nuclear no debe dar ni un paso más en el proceso de reapertura de Garoña. Decisiones tan relevantes como permitir a Garoña operar hasta los 60 años -explica González- deben ser tomadas de forma transparente e independiente. Es inaceptable que el presidente del CSN continúe con el proceso, después incluso de que el Parlamento le haya pedido la paralización. El presidente ha preferido seguir acatando las órdenes del gobierno en funciones del Partido Popular".
El contexto, según Greenpeace
«La actual es una situación sin precedentes en España, ya que es la primera vez que se plantea llevar la vida de una central nuclear hasta los 60 años. Tras la decisión del CSN de continuar con el proceso de reapertura, Greenpeace considera que, detrás de esta maniobra, hay intereses económicos y políticos que no deberían anteponerse a la seguridad de las personas. La central nuclear de Garoña es la más vieja de la Unión Europea, y, tras tres años parada, ha quedado demostrado que no es necesaria para el suministro energético de nuestro país. El propio CSN ya reconoció que Garoña no es segura, estableciendo un paquete de medidas muy exigentes si la vieja central pretendía reabrir sus puertas.
Actualmente -denuncia Greenpeace-, se están emitiendo informes que podrían rebajar los patrones de seguridad y los propios técnicos del CSN han denunciado la falta de independencia y transparencia para evitar situaciones como la que vive actualmente: la de un regulador capturado”. Greenpeace pide que se ponga freno de una vez al proceso de evaluación de la reapertura de Garoña y considera que el presidente del CSN no debería continuar en el cargo. "Ha quedado demostrado -denuncian desde la organización ecologista- que sus decisiones no están siendo tomadas de manera independiente a la Administración General del Estado, desobedeciendo incluso al actual Parlamento".
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