La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha denunciado hoy que "el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, sin unanimidad, está permitiendo que Garoña opere hasta los sesenta años de antigüedad". ¿Objetivo? Pues la idea sería que el Ministerio de Industria -explica Montón- conceda una licencia a esta central nuclear y, "así, Iberdrola y Endesa podrán exigir lucro cesante si el próximo Gobierno decidiera cerrarla" (Iberdrola y Endesa controlan, al 50%, Nuclenor, que es la sociedad propietaria de la central). Según la portavoz de esta organización ecologista, "ningún candidato a las próximas elecciones debería permitir el expolio de las arcas del Estado a costa de las nucleares, que se está tramando con el patrocinio del actual Gobierno".
Greenpeace repasa la sucesión de acontecimientos
El próximo 16 de diciembre se cumplirán tres años desde que Garoña se desacoplara -en 2012- unilateralmente de la red. Unos meses después de esa desconexión unilateral, Industria emitió la orden de cese definitivo de explotación (10 de julio de 2013). Sin embargo, todo vuelve a cambiar el 21 de febrero de 2014. Ese día, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos (RD 102/2014). Esa norma permite que las empresas propietarias de centrales nucleares puedan, una vez decretado el cese de la explotación, obtener una nueva autorización. ¿Y qué pasa entonces? Pues que Nuclenor decide solicitar (el 27 de mayo, o sea, solo unas semanas después de aprobado ese RD) una licencia para operar Garoña hasta 2031 (véase Resumen Greenpeace del proceso de Garoña).
El pleno del CSN admitió esta solicitud sin explicar por qué acepta evaluar la planta por más de diez años, cuando jamás en la historia de la seguridad nuclear española se ha hecho algo así (véanse página 12 y siguientes). En ese sentido, Greenpeace señala que, en Francia, país con amplia experiencia nuclear, llevan cinco años debatiendo públicamente las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales que se derivarían de prorrogar la vida de sus reactores nucleares hasta alcanzar los 60 años de vida. En España, sin embargo, lo ha decidido -denuncian los ecologistas- el actual gobierno.
El Consejo de Seguridad Nuclear acelera el proceso
El CSN, tras la imposición de un tercer consejero propuesto por el PP, que fue rechazado por el Parlamento, rompiendo la neutralidad del organismo regulador, ha acelerado el proceso este mes. Así, el pasado 4 de noviembre aprobó modificar las Especificaciones Técnicas de Seguridad (ETFs) de Garoña para aplicar un nuevo cálculo de presiones y temperaturas en la vasija del reactor de esta central nuclear. Esta modificación exime de realizar unas pruebas a no ser que les concedan previamente la licencia de operación hasta 2031.
La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace denuncia presiones a los técnicos del CSN
Según Montón, "pase lo que pase, Garoña no producirá ni un solo kilovatio en 2016, porque no cumple todos los requisitos de seguridad. Pero sí es posible que Iberdrola y Endesa consigan cuantiosos beneficios si el Gobierno in extremis les autoriza a poder reabrir". El Consejo de Seguridad Nuclear -ha añadido Montón- está sufriendo "un preocupante proceso de pérdida de neutralidad, de confianza y de independencia. Las voces internas discrepantes en el regulador nuclear son ya muy numerosas, las protestas de los técnicos son constantes, al sufrir presiones para acelerar el proceso de evaluación de Garoña, incluyendo ceses de aquellos técnicos que no se pliegan a las exigencias del actual presidente, Fernando Martí, anterior secretario de Estado de Energía del Gobierno".
Greenpeace ha reclamado reiteradamente que se lleve a cabo el trámite de información pública, así como el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con carácter transfronterizo, de este proyecto de prolongación del ciclo de vida de la central nuclear. La organización ecologista destaca que ambos procedimientos son de obligado cumplimiento antes de decidir reabrir una central, según el Convenio de Espoo*.
Greenpeace resume el proceso de Garoña
La central nuclear de Garoña alcanzó el límite de su vida de diseño de cuarenta años en 2011 y tenía permiso de operación hasta el seis de julio de 2013. En el mes de julio de 2012, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo revocó parcialmente la Orden Ministerial que establecía el cese de explotación hasta esa fecha. Nuclenor -empresa propietaria de Garoña- solicitó un aplazamiento para pedir esta nueva ampliación de vida, que no le fue concedido en 2012, pero sí en 2013. A pesar de que finalmente consiguió este aplazamiento no solicitó una nueva licencia y el Ministerio de Industria procedió a declarar el cese de explotación definitivo.
Tras el cese, el Ejecutivo Rajoy aprobó un Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que amparaba la posibilidad de una nueva solicitud de ampliación de vida para Garoña. Nuclenor solicitó el 27 de mayo de 2014 una licencia para operar hasta 2031. Ello, a pesar de que, en diciembre de 2012, Nuclenor había desacoplado Garoña unilateralmente de la red alegando motivos económicos, causa por la cual, por cierto, el 17 de julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le impuso la máxima multa posible.
La consejera Cristina Narbona
Según lo reflejado en el Acta del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear número 1.364, fechada el cuatro de noviembre de 2015, la miembro del CSN Cristina Narbona considera inadecuado proseguir con el proceso de evaluación de la central nuclear porque "el Pleno del CSN sigue sin aclarar ni debatir técnica y jurídicamente las implicaciones de la solicitud cursada por Nuclenor, a pesar de que se trata de una circunstancia inédita en la historia del CSN, por dos motivos". Estos: varios motivos, entre ellos, los dos siguientes:
Es la primera vez en la historia de la seguridad nuclear española que un titular ha solicitado una renovación de una autorización de explotación de una planta nuclear por un período de tiempo superior a los diez años, lo que implica la disociación automática de las Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS) del tiempo de duración de las renovaciones de las autorizaciones de explotación (rompiendo una buena práctica reconocida internacionalmente y asumida por el CSN desde la década de los años 90).
Es la primera vez en la historia de la seguridad nuclear española que un titular ha solicitado operar un reactor nuclear hasta los sesenta años de explotación comercial, con el consiguiente incremento de residuos nucleares que ello conllevaría.
* Convenio de Espoo. Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991.
