No hay provincia en España que tenga más megavatios solares instalados que Murcia. Para que nos hagamos una idea de su potencia, Murcia tiene a día de hoy más megas FV (440 MW) que toda la Comunidad Valenciana, o sea, que Castellón, Valencia y Alicante sumados. El peso del sector en la Región es tal que, aunque Murcia lleva veinte años gobernada por el Partido Popular, durante esta última legislatura nacional, el gobierno autonómico se ha significado en varias ocasiones por sus críticas a la política energética que estaba implementando el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Así, por ejemplo, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia anunciaba, ya en septiembre de 2013, su decisión de "iniciar los trámites legales oportunos para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra al Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio" (el RDL 9 eliminaba el derecho a prima de las instalaciones renovables y proponía en su lugar una rentabilidad del 7,5%).
Más desencuentros
El último desencuentro Murcia-Soria tenía lugar hace apenas tres meses, muy poco antes de las elecciones autonómicas, cuando el Gobierno PP de la Región de Murcia decidía aprobar una norma -la Ley 11/2015, de 30 de marzo- para facilitar el autoconsumo: "los ciudadanos -explicaba a principios de marzo en la mismísima Asamblea de Murcia el diputado del PP Patricio Gómez- podrán generar su electricidad sin tener que pagar cargos adicionales a la compañía eléctrica" (o sea, que Murcia decía en sede parlamentaria "no al impuesto al sol"). Su ley, incluso, dejaba abierta la puerta al balance neto. A saber: "las instalaciones generadoras de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, y en particular las de tecnología solar fotovoltaica de pequeña potencia, previstas para el consumo instantáneo o diferido en las modalidades de autoconsumo reguladas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, podrán considerarse -dice esa ley- como instalaciones de intercambio de energía. La cesión de energía producida por estas instalaciones al sistema eléctrico -concluye- no llevará aparejada contraprestación económica alguna, estableciéndose por la consejería competente en materia de energía las compensaciones por dicha cesión".
A bombo y platillo
Pues bien, llegaron las elecciones (llegaron a Murcia con la ley aprobada a bombo y platillo), las ganó el Partido Popular en esa comunidad, donde conserva la presidencia de la Región (las ganó sin la mayoría suficiente... pero las ganó), gobernará nuevamente el PP regional (ahora con el apoyo de Ciudadanos) y, una vez pasado el trago electoral (y con los votos y el gobierno regional en el bolsillo), el Ejecutivo Rajoy ha decidido iniciar el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de esa ley murciana. Lo hizo el lunes, 22 de junio, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y vía Boletín Oficial del Estado. O sea, que el PP ha esperado a que pasaran las elecciones, y, una vez reasegurado su califato murciano, declarará inconstitucional esa ley a la que algunos ya calificaran en marzo de electoralista. O "ley sedante" para tranquilizar a la nutrida parroquia regional. Ya sabe el lector: el PP lleva 20 años gobernando en la Región, pero ciertamente tenía mucho miedo en esta ocasión a la desafección de parte de esa parroquia: el sector solar fotovoltaico allí es muy numeroso y la región cuenta con un tejido industrial fotovoltaico (empleo, pues) que contemplaba y contempla el autoconsumo como tabla de salvación frente a la crisis.
El borrador
Entre la aprobación de la ley murciana (30 de marzo) y la apertura del procedimiento de inconstitucionalidad (22 de junio), otro hecho clave ha tenido lugar: la presentación en público -por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo- del segundo proyecto de real decreto para la regulación del autoconsumo. Este segundo borrador ha desatado también las críticas del sector fotovoltaico murciano, que ha entregado a los responsables de Industria la carta con la que abríamos esta pieza. En ella, la Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia (Aremur) presenta alegaciones "a la totalidad de la propuesta del Real Decreto de Autoconsumo". Aremur rechaza el borrador porque considera que "contraviene el posicionamiento de la Unión Europea sobre energías renovables y su política energética". Además, la asociación califica ese documento de injusto, innecesario, discriminatorio dentro del avance tecnológico global y retrógrado, porque, según palabras del presidente de la patronal FV murciana, Raúl Morales, “puede hacernos perder el posicionamiento de España y de la Región en el campo de las renovables en el mundo".
De la competitividad de las empresas y del ahorro de las familias
Morales entiende que el impuesto al sol no busca sino disuadir a los autoconsumidores, "frente a la tendencia en otros países comunitarios que permiten el balance neto de energía, que supone el equilibrio entre la energía consumida y el sobrante vertido a la red". El presidente también considera inadecuadas las diferentes sanciones que prevé el nuevo borrador para quienes incumplan la ley, “que llegan a duplicar al máximo establecido en caso de escape radioactivo, que es de 30 millones de euros”. Morales sostiene asimismo por otra parte que si finalmente se publica el RD tal cual está, ello conllevaría una merma de la competitividad de las empresas y una cortapisa para el ahorro de las familias, además de ahondar en la inseguridad jurídica. El directivo de la asociación murciana ha recalcado el contraste que presenta la situación española con la de Alemania, que tiene ocho veces más potencia solar instalada que España, o Reino Unido, que instaló 2.500 MW en 2014, frente a los 22 MW de nuestro país. Recalca ese contraste y se pregunta “¿a quién favorece esta propuesta? Porque parece hecha a medida de un oligopolio energético”. Según Aremur, las pretensiones de Industria frenarían las perspectivas de crecimiento del sector de las energías renovables en la Región, "donde un estudio del Centro Tecnológico de la Energía y Medio Ambiente de 2012 recoge la creación de más de 25.000 puestos de trabajo nuevos en 10 años en este sector, además de casi 2.500 de mantenimiento estables".
